Editorial: Guarda esa Rosa

A través de un oficio fechado el 8 de enero pero solo conocido públicamente hace dos días, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha solicitado al presidente del Congreso, Luis Galarreta, que la legisladora fujimorista Rosa Bartra sea removida del cargo de presidenta de la Comisión Lava Jato.

El documento, que lleva la firma del portavoz de ese grupo parlamentario, César Villanueva, señala que Bartra “viene conduciendo las acciones e investigaciones [encomendadas a esa comisión] con intereses políticos, restándoles imparcialidad y objetividad, lo cual pone en riesgo la investigación y la imagen del Congreso respecto a su función de control político”. Y añade que, de no hacerse efectiva la remoción, APP se verá “en la obligación de no continuar integrando dicho grupo de trabajo”.

El pedido en realidad no es nuevo. En los días previos al destape que el pasado 13 de diciembre hizo la propia congresista Bartra de los documentos que vinculaban a la empresa Westfield, de propiedad del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, con la constructora Odebrecht, el asunto era motivo de un intenso debate entre los representantes de distintos sectores políticos. La bancada del Frente Amplio (FA) a través de un oficio dirigido también a Luis Galarreta, así como los legisladores Yohny Lescano de Acción Popular (AP), Gino Costa (en ese momento todavía oficialista), y Gloria Montenegro (de APP) se habían pronunciado ya en sentido similar.

Los argumentos sobre los que se basaban esos pedidos eran esencialmente dos: por un lado, la parcialidad política que sugería la disposición a citar o dejar de citar a ciertos ex candidatos mencionados por los colaboradores eficaces de las distintas constructoras brasileñas a la justicia; y por otro, la circunstancia de que la referida parlamentaria hubiese intervenido durante el allanamiento dispuesto por la fiscalía de uno de los locales de Fuerza Popular (FP) por motivos relacionados con la misma materia de investigación que ocupaba a la comisión bajo su presidencia. Esto es, los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña del fujimorismo en las elecciones del 2011. La objeción más repetida en aquellos días fue que ni ella ni la organización política a la que pertenece podían ser “juez y parte” en las indagaciones sobre el tema.

Tal razonamiento, a nuestro modo de ver, no merecía ser desatendido. Pero la tormenta que desataron los documentos expuestos por la señora Bartra a mediados de diciembre, la posterior discusión y votación de la moción de vacancia presidencial y luego el indulto concedido a Alberto Fujimori determinaron que la preocupación pasara a un segundo, cuando no tercer plano.

Transcurridos los días y el momento más crítico de la coyuntura, sin embargo, la demanda ha vuelto a aparecer. Y esta vez, acompañada por el anuncio de una bancada de que abandonará la comisión si el relevo no es operado. Un gesto que no sería extraño que imitasen los otros sectores que semanas atrás solicitaron el mismo cambio.
Vale la pena tener en cuenta, por ejemplo, que ni siquiera en AP –cuyo representante en la comisión, Víctor Andrés García Belaunde, ha ensayado una defensa de la permanencia de Bartra en el cargo– hay unidad de criterios al respecto, pues el también congresista y secretario general de ese partido, Edmundo del Águila, se ha apresurado a sumarse a las voces que piden la remoción.

Desde FP, por supuesto, se han producido inmediatamente expresiones de respaldo a la actual presidenta de la comisión que tratan de atribuir el reclamo de su retiro a un supuesto nerviosismo de sectores que pudieran verse perjudicados por las investigaciones en agenda. Pero difícilmente el típico intento de acusar a los acusadores vaya a tener esta vez el efecto de detener lo que podría ser una escalada de renuncias que terminaría deslegitimando el trabajo de la Comisión Lava Jato.

Quizás, en aras de la transparencia que suele invocar y sin que ello suponga mella en la honra de la legisladora Bartra, el fujimorismo debería guardarla para otras funciones y dejar que las investigaciones sean conducidas por otro parlamentario o parlamentaria de un sector que no sea al mismo tiempo objeto de ellas. En política como en la guerra, conviene recordar, los repliegues no son siempre sinónimo de derrotas.