La obstrucción como doctrina

A pesar de la cantidad de testimonios e indicios concurrentes, los defensores del gobierno del presidente Pedro Castillo insisten en que no hay pruebas fehacientes que demuestren las coimas y negociados que se han dado bajo su gestión. Apuntan, por ejemplo, a que no se ha encontrado una abultada cuenta bancaria a nombre del mandatario (como si ese fuese, por supuesto, el único modo de acumular patrimonio). Pero incluso los oficialistas más encallecidos deberían tener problemas para justificar que no se han cometido actos de obstrucción a la justicia. A estas alturas, las pruebas al respecto son tan evidentes como el día o la noche.

La última en esta larga lista ha sido la publicación, a través de la Unidad de Investigación de El Comercio, de comunicaciones vía WhatsApp para sustraer información sobre el ingreso a la sede de Petro-Perú. De acuerdo con un documento fiscal, el domingo 19 de diciembre del año pasado, el entonces gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, ordenó al gerente de Desarrollo Sostenible, Raúl Verano Vásquez, retirar “todos los cuadernos de registro de visitas y deshacerse de ellos”. Ese domingo, un reportaje televisivo iba a destapar presuntos hechos delictivos en la compra de biodiésel, lo que explicaba la ansiedad de Chávez.

Al lunes siguiente, el mismo día de la intervención de la fiscalía en la petrolera estatal, Jorge Izquierdo Cornejo, gerente de la empresa Seguroc (que daba seguridad a Petro-Perú), le dice vía WhatsApp a otra persona de nombre Enrique Delgado Ruiz que “nunca quisieron que se anote en el cuaderno de visitas los tres ingresos, los cuadernos han sido cambiados, [...] los quieren destruir. Ya botaron al jefe corporativo de seguridad”. De acuerdo con un testigo protegido, Verano retiró los cuadernos de visitas, pero luego los devolvió a su sitio, lo que motivó la ira de Chávez.

Desaparecer pruebas, esconder e intimidar testigos, ocultar videos y registros, hostigar investigadores, son todas estrategias que se han visto repetidas una y otra vez desde que la justicia empezó las indagaciones en contra del entorno del presidente Castillo. El problema de fondo es que estos grupúsculos enquistados en diferentes instancias públicas, que comparten una estructura y un aparente comportamiento sistemático de obstrucción a la justicia, gozan de enorme poder. Disponen de influencia para organizar el presupuesto, nombrar y remover funcionarios claves, e interferir en una infinidad de maneras en las investigaciones en su contra.

Las pruebas que se acumulan respecto a los delitos de encubrimiento deberían servir para demostrar ante la próxima misión de la OEA que las acusaciones en contra de funcionarios de este gobierno no son caprichos ni inventos de la fiscalía, de la prensa o de la oposición. Son materiales documentados que se van sumando semana a semana, y que apuntan al mismo tipo de conducta.

Como a finales de la década de los 90, la institucionalidad del país enfrenta una difícil prueba: cómo defenderse de las mafias organizadas dentro de la administración pública usando las herramientas legales a disposición. Si, a pesar de todo, el Perú pierde esta pelea, su destino por los siguientes años será uno marcado por el cinismo, la corrupción y el retraso. Y salir de esa no será nada fácil.