Los que se fueron

“Pedro Castillo ya ganó, por costa, sierra y nuestra selva; respeten nuestra decisión” era el coro de una canción compuesta por Hilda Geldres, cantante y socióloga a mediados del 2021. Unos meses después, Geldres tomaba el cargo de jefa de gestión social en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Su nombramiento duró apenas un día y fue solo una de las muestras de las colocaciones de personal indebidas que se sucedieron desde julio del 2021 hasta esta semana.

Con el fin del gobierno de Pedro Castillo, no solo hay una tarea pendiente para reconstruir la gobernabilidad y garantizar un mínimo de estabilidad política, sino para recuperar buena parte del sector público de los intereses enquistados y de la incompetencia. Este es un trabajo con poca visibilidad y con resultados de largo plazo, pero tremendamente importante si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aspira a cumplir sus obligaciones y mantenerse vigente.

El esfuerzo no será fácil. El presidente Castillo y sus sucesivos titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) –en complicidad con Perú Libre y su líder, Vladimir Cerrón– no ocultaron sus ansias por copar el Estado con personas cercanas a su esfera de influencia, muchas de las cuales cargaban con más prontuariado que con experiencia laboral relevante. El Minem, como se mencionaba, fue uno de estos botines. De hecho, poco antes del nombramiento de Geldres, el entonces viceministro de Minas Jorge Chávez Cresta renunció a su cargo al tiempo que acusaba a Perú Libre de repartir puestos de trabajo en la institución.

Casos como los de Héctor Béjar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hernán Condori en el Ministerio de Salud, Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y Juan Silva –hoy prófugo– en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) son situaciones por las que el país jamás debería volver a atravesar. Y estas son solo la cabeza de sus instituciones; las redes de compadrazgo y corrupción se tejieron entre ellos y debajo de ellos.

La devaluación del cargo de ministro no empezó con el gobierno de Castillo, pero sí llegó a niveles insospechados de deterioro con él. De acuerdo con la contraloría, el gobierno de Pedro Castillo nombró al menos a 50 altos funcionarios no aptos para sus cargos entre enero y noviembre de este año. La desvalorización del fajín fue también consecuencia de la expectativa de contar con ministros-chaleco del presidente Castillo. En ese triste rol fungieron los titulares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Justicia, MTPE y otros tantos, incluyendo la PCM.

Por otro lado, los funcionarios que continuaron ejerciendo su labor sin ceder a presiones indebidas ni doblegarse no fueron pocos. Gracias a su trabajo, el Estado pudo seguir, mal que bien, operativo. Pero reconstruir lo perdido en este año y medio en términos de capital humano no será fácil. La mayoría de nuevos ministros nombrados ayer tienen trayectoria suficiente en sus respectivos sectores, y esa es una buena noticia; sin embargo, la tarea podría tomar años.

Así, quizá el daño más duradero ocasionado por Pedro Castillo y sus secuaces está en aquello que aún no se puede evaluar con claridad, pero que a lo largo del tiempo será tristemente obvio: un aparato público aún menos efectivo que el que se tenía. Y corregir esta debilidad deberá ser una prioridad del Gabinete entrante.