Editorial: Pinchazos de aire

Las cuatro denuncias conocidas esta semana sobre intentos de inyectarles solamente aire a adultos mayores que esperaban recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus que les correspondía son sumamente graves. Primero, porque la circunstancia de que los supuestos accidentes se hayan producido en cuatro centros de vacunación distintos –la Universidad Agraria de La Molina, el estadio Chancas de Santa Anita, el Campo de Marte en Jesús María y la Dirección Regional de Salud del Callao– sugiere que, si hubiera existido una práctica dolosa, no estaríamos ante un fenómeno focalizado, sino más bien difundido en la capital y, quién sabe, en el país. ¿Ante qué tipo de irregularidades podríamos encontrarnos? ¿Saltos en la cola? ¿Mercados negros de vacunas? Cada posibilidad es más perturbadora que la otra.

En segundo lugar, resulta fundamental preguntarse desde cuándo viene esto sucediendo, porque estaríamos hablando de personas de más de 70 años que podrían asumir que están vacunadas sin realmente estarlo y, en consecuencia, incurrir en comportamientos que provocasen contagios de desenlaces imprevisibles.

En tercer término, porque los hechos recién conocidos contaminan todo el proceso de vacunación, tan lento y trabajosamente iniciado en el territorio nacional, con una nueva sombra de duda. Esto es, una duda adicional a las que, justificadamente o no, un sector de la población tiene a propósito de los efectos benéficos de la vacuna en general y de la eficacia de una de ellas en particular.

Y en última instancia, porque si un problema así se suscita mientras estamos todavía en una etapa inicial de la inmunización, es de imaginarse lo que podría ocurrir cuando les llegue el turno a los grupos etarios con mucho más integrantes (mayores de 50, mayores de 40, etc.). Un reto que no le tocará ciertamente a este Gobierno sino al próximo, pero para el cual conviene establecer recaudos desde ahora, pues la mayor logística que atender a todos esos ciudadanos demanda abrirá la puerta a mayores errores y a mayor corrupción.

¿Qué se puede hacer en este momento para atenuar el efecto negativo de la noticia que comentamos? Bueno, pues en parte lo que el Gobierno ya ha anunciado: el establecimiento de un protocolo previo a cada inmunización que les permita a quienes van a vacunarse o a sus acompañantes cerciorarse de que les están inyectando el suero y no aire. Y también, el desarrollo de una investigación sumaria y transparente de lo sucedido que conduzca a una sanción eficaz de los responsables. El problema con las iniciativas de esta naturaleza, como se sabe, es que lo primero se cumple pero lo segundo, no mucho. Las tibias consecuencias que el llamado ‘Vacunagate’ ha acarreado a sus responsables son un buen ejemplo de ello. Una investigación que condujera a llamados de atención y promesas de no repetir los desaguisados en el futuro sería un pinchazo de aire igual a los que motivan este comentario.

Quizás sería conveniente también testear aleatoriamente a un porcentaje de los ya vacunados para conocer el nivel de protección contra el COVID-19 que han desarrollado y alejar así el fantasma del engaño o la baja efectividad en las dosis ya aplicadas.

Por otra parte, aunque no guarde una relación inmediata con el escándalo de las jeringas vacías, es imprescindible que el Gobierno dé señales de solvencia sobre la capacidad de asegurar las cadenas de frío necesarias y enfrentar las demás dificultades que plantea el traslado de las distintas vacunas al interior del país, pues lo peor que podría ocurrir es que en este escenario se manifestara una vez más la diferencia entre lo que pasa en la capital y lo que pasa en las regiones.

En resumidas cuentas, consideramos que todo aquello que contribuya en general a que no se siga perdiendo la confianza en este proceso debe ser no solo bienvenido por las autoridades, sino puesto en marcha de inmediato. Ya hemos perdido demasiado tiempo y demasiadas vidas.