Editorial: Sin minas ni palabra

La credibilidad toma mucho tiempo en construirse y apenas un instante en perderse. Esta reflexión no llega siquiera a ilustrar la situación de un gobierno en el que tal proceso de construcción jamás, en realidad, empezó. Desde el inicio, la administración del presidente Pedro Castillo ha estado marcada por la improvisación, ocultamientos y las francas mentiras.

Lo sucedido esta semana, sin embargo, excede los estándares regulares de inconsistencia a los que nos hemos habituado en los últimos cuatro meses. Como era previsible, el mandatario y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, tuvieron comentarios favorables al clima de inversiones y la predictibilidad durante su aparición en CADE. Las palabras del presidente trajeron a la memoria al Pedro Castillo de gira por México y EE.UU., donde sus expresiones moderadas resonaban frente a una audiencia de empresarios extranjeros.

Literalmente al día siguiente, sin embargo, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, asistía a Coracora, en Ayacucho, para firmar un acta que cedía a las presiones de las comunidades del lugar, e iba incluso más allá. “Quiero anunciar que, respecto a las cuatro mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, mencionó Vásquez. La consecuencia es que cualquier plan para continuar trabajando o emprender nuevas inversiones mineras en la zona no sería aceptado.

La medida anunciada por la cabeza de la PCM es un atentado directo contra el Estado de derecho y la predictibilidad de las inversiones, aquella que Pedro Castillo decía defender apenas del día anterior.

En primer lugar, la PCM no tiene las competencias para intervenir sobre los planes de cierre de minas. Sobre el tema de fondo, las fechas en que se cierran las operaciones no suelen ser definitivas desde el inicio porque no se conocen los recursos disponibles. La PCM intentó ayer minimizar el hecho aludiendo a que el Gobierno estaba haciendo respetar las fechas ya establecidas, pero esto pasa por alto que los planes de cierre son instrumentos que se actualizan regularmente conforme se van encontrando nuevos minerales por explotar. Lo que está haciendo el Gobierno es prohibir de la forma arbitraria más inversiones en operaciones que tenían desde el inicio la expectativa de seguir creciendo. En medio de este embrollo, las empresas impactadas jamás fueron consultadas: se enteraron recién a través de los medios y redes sociales. Peor aún, la medida sería apenas un piloto: esperan expandirla al resto del país.

Esto es claramente inaceptable. Rompe con todos los principios de estabilidad jurídica y, de un plumazo, vuelve a destruir cualquier mejora en la confianza para seguir apostando por el país. En estas circunstancias, las palabras del presidente Castillo y del ministro Francke no solo caen en saco roto, sino que quedan devaluadas, con el daño que eso implica para la gobernabilidad. Si el presidente comparte la posición de Vásquez, entonces no puede haber estado diciendo la verdad cuando habló de estabilidad para las inversiones. Si no la comparte, entonces debería aclararlo. Y sería bueno escuchar también la posición del ministro de Energía y Minas (cuyo sector difundió un comunicado recién a las 7 p.m. de ayer).

El Gobierno está entrando en una situación insostenible, y por sus propios medios. La palabra empeñada vale poco y se olvida al día siguiente. Medidas arbitrarias ponen frenos a la actividad productiva sin que nadie pueda intervenir. ¿De qué clima de inversiones nos habla entonces, señor presidente?