Editorial: Tanque vacío

En el peor momento imaginable, la situación de la producción petrolera en el Perú ha llegado a un estado crítico. Esta semana, la empresa Petrotal –el principal productor de petróleo del país– anunció que detendrá por completo sus operaciones en el lote 95 (Loreto) debido al bloqueo de comunidades nativas que exigen el cumplimiento de distintas demandas al Estado. Según indicó un representante de la empresa el 9 de marzo, hay hasta 500 personas en el campamento impedidas de evacuar y sin acceso a alimentos o atención médica. Por el lado económico, el país dejará de obtener 21 mil barriles diarios de petróleo; esto es, casi la mitad de la producción nacional.

Este es un golpe muy duro para una industria que venía ya arrastrando numerosos problemas. La transición a energías más limpias, la conflictividad social y la ausencia de un marco regulatorio que incentiven la exploración y la explotación explican que la producción de crudo nacional venga disminuyendo en las últimas décadas. Si a inicios del siglo XXI el país producía cerca de 100 mil barriles diarios, a la fecha no se alcanza ni la mitad de esa cifra. El retraso de la refinería de Talara (un elefante blanco cuyo costo no ha parado de crecer) y la inconsistencia de las operaciones del oleoducto norperuano –víctima de constantes atentados que resultan en derrames de crudo en zona de selva– forman también parte de la figura estructural.

En las últimas semanas, el panorama se ha complicado más. En primer lugar, el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, responsabilidad de la empresa Repsol, motivó la suspensión de operaciones de carga y descarga marítima en el terminal 1 de la Refinería La Pampilla, lo que puso en aprietos el abastecimiento de combustible para distintos sectores. Finalmente, el jueves pasado el titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya, señaló que se ha autorizado la normalización de las operaciones en el terminal.

En segundo lugar, la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto de cabeza al mercado de energía global. El precio del barril de crudo pasó de US$75 a inicios de año a cerca de US$110 esta semana. Si el conflicto se prolonga y las sanciones a Rusia se intensifican, es imposible predecir hasta dónde podría llegar el precio del barril. Ello tendrá consecuencias casi inmediatas sobre el costo del transporte local y, por ende, sobre la inflación. Ya el BCR advirtió el jueves pasado que, dado el aumento de los precios de alimentos y energía, acentuado por los conflictos internacionales, la inflación retornaría al rango deseado recién en la primera mitad del próximo año.

La situación es muy delicada. En un contexto de inflación elevada, motivada en buena cuenta por el precio de la energía, el Gobierno debe hacer todo lo posible para mantener el suministro de combustible en niveles adecuados. Las consecuencias de no hacerlo serían devastadoras para la economía nacional. El Perú es un importador neto de petróleo y estará sujeto a las fluctuaciones de su precio; sobre eso poco se puede hacer en el corto plazo. Pero sí es posible dar pasos para intentar que el efecto sea relativamente atenuado. Asegurar competencia en el mercado de hidrocarburos hacia clientes finales, mantener la fluidez de las operaciones de importación de crudo y de explotación local en marcha y separar los criterios políticos de las decisiones técnicas del sector son parte indispensable de la agenda. A lo anterior hay que sumarle el hecho de que llevamos demasiado tiempo desperdiciando una ventana de oportunidad con el gas natural para uso interno. La mano en el sector energía ya viene difícil; se busca un gobierno que esté a la altura para manejarla.