¡Todos a las comisiones!

Hoy se cumplen 43 días desde que el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Desde entonces, el trabajo del Gobierno se ha volcado enteramente a atajar la expansión del coronavirus en el país, creando un comando especialmente diseñado para tal situación y con medidas audaces desde todos los frentes (sanitario, económico y social). Medidas que, vale decirlo, han obtenido un endose casi unánime de parte de la ciudadanía (según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, un 79% respalda el trabajo del Ejecutivo durante la emergencia).

El Gobierno, por supuesto, no ha sido el único que se ha sumergido de lleno en la lucha contra la pandemia. Las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales y locales, universidades, empresas, organizaciones sociales y el Congreso también han enfocado su atención en la crisis y han emprendido algunas acciones para contenerla.

Como parte de su agenda de trabajo, el Parlamento, por ejemplo, ha citado a varios representantes del Ejecutivo para sostener sesiones virtuales con ellos en esta semana. La nómina no es corta. Hoy, inaugurando la ronda de citaciones, la Comisión de Inclusión Social ha convocado a la ministra Ariela Luna, a fin de que informe sobre la distribución del bono de S/380 dispuesto por el Gobierno. Mañana martes, las comisiones de Salud, Fiscalización y la creada especialmente para hacer seguimiento a las acciones contra el COVID-19 sesionarán en conjunto con el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zeballos; el titular del Minsa, Víctor Zamora; y la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli. Ese día también sesionará la Comisión de Trabajo, que ha invitado a la ministra Sylvia Cáceres para que explique algunos temas como la suspensión perfecta de labores.

Un día después, el miércoles, la Comisión de Economía hará lo propio con la ministra María Antonieta Alva, mientras que Fiscalización ha convocado al exministro del Interior Carlos Morán para que dé explicaciones por los 1.300 efectivos policiales diagnosticados con COVID-19 en las últimas semanas. Finalmente, la Comisión de la Mujer ha invitado para el viernes a la ministra Gloria Montenegro, a fin de que comente las acciones que se están tomando ante los casos de violencia de género registrados durante la cuarentena.

Las citaciones han motivado diversas críticas. Y es que, si bien una de las atribuciones del Congreso es la de fiscalizar el trabajo del Ejecutivo (de eso se trata, precisamente, el control político), cabría preguntarse cuán pertinente resulta que tantos ministros –seis convocados para esta semana– gasten tiempo que podrían dedicar a la crisis sanitaria y a los múltiples efectos que esta viene causando en la ciudadanía en asistir a sesiones legislativas que, en un pasado no tan lejano, han demostrado ser poco útiles. Harían bien los propios parlamentarios, en ese sentido, en reflexionar sobre si la convocatoria de los funcionarios del Ejecutivo a las sesiones virtuales tiene el asidero y la urgencia necesarios para justificarlos, o si, por el contrario, lo que ha primado aquí ha sido un afán de protagonismo que, en esta tesitura, no ayuda mucho.

A lo anterior hay que sumarle otro hecho severamente cuestionable: la presencia del congresista Edgar Alarcón a la cabeza de la Comisión de Fiscalización. Alarcón, recordemos, se desempeñó como contralor general hasta el 2017, cuando abandonó el cargo de manera ignominiosa. Durante su gestión se descubrió que había comprado y vendido vehículos (cuando la ley le prohibía mantener actividades lucrativas) y que cuando fue descubierto por un auditor de la institución, trató de presionarlo para que retirase la denuncia que este había presentado al Congreso. Ello solo por mencionar algunas de sus tropelías.

Nada de esto, por supuesto, quiere decir que la labor que viene realizando el Ejecutivo no tenga que ser fiscalizada (más aún cuando se ha evidenciado una escasa vocación de transparencia de parte del presidente). De hecho, es en coyunturas como esta, en que las prerrogativas gubernamentales se fortalecen, donde la labor de la prensa se torna más importante que nunca. Pero la fiscalización no puede confundirse con una pantomima de quienes buscan quedar como intransigentes inquisidores por mero rédito político. Ojalá los congresistas recuerden que ellos también serán fiscalizados por la ciudadanía.