Una débil luz

Lo sucedido el martes en el Congreso arroja una luz de esperanza con respecto al futuro de la democracia en el país. Como se sabe, dos días atrás, 93 legisladores de diversas bancadas votaron a favor de la reforma constitucional que permitiría adelantar las elecciones generales –esto es, presidenciales, congresales y del Parlamento Andino– a abril del 2024 y, de esa manera, tener un cambio de gobierno el 28 de julio de ese año.

Decimos “permitiría” porque, en realidad, se trata solo del primero de dos pasos. La reforma requiere ser votada una vez más en la próxima legislatura y alcanzar o superar también en esa ocasión los 87 votos para materializarse. Pero el paso avanzado es positivo, pues a juzgar por lo ocurrido la semana pasada en el pleno, la posibilidad de que la iniciativa naufragase era considerable.

Lo más destacable de todo, además, es que el proyecto aprobado en primera instancia da tiempo para realizar las otras reformas constitucionales y las del mecanismo de elección que resultan indispensables para no terminar al cabo de unos meses en el mismo punto de insatisfacción ciudadana y crisis de representación que hemos vivido cíclicamente durante los últimos lustros. Cabe anotar que eso fue posible gracias a que el martes se acogió la propuesta que había planteado el Ejecutivo –y que recomendaban también los organismos electorales–, pues la que fue sometida a votación el viernes planteaba un cronograma bastante más apretado a fin de buscar que el cambio de mando se produjese en el 2023. Curiosamente, ya hasta la propia presidenta Dina Boluarte había empezado a barajar la opción de dejar de lado el proyecto del Gobierno, aturdida al parecer por la virulencia de las protestas en algunos lugares del territorio nacional, cuando un número importante de legisladores volvieron los ojos hacia él.

Es de destacar, en ese sentido, la actitud razonable de algunos de los miembros de las bancadas de izquierda que, ante la evidencia de lo inconducente del empeño de forzar la introducción de la consulta sobre una eventual asamblea constituyente en la modificación constitucional a ser aprobada, cambiaron de actitud y apoyaron la fórmula ya mencionada. Otros, en cambio, perseveraron en su demanda y, en ese camino, terminaron confluyendo con quienes supuestamente representan el extremo ideológico opuesto.

Entre otras, lo resuelto el martes tiene la virtud de quitarles pretextos a quienes han desatado la ola de violencia vivida recientemente, pero la paz podría durar poco si no se procede de inmediato con los siguientes pasos. Esto es, con la aprobación de las reformas que le den a la ciudadanía la seguridad de que los próximos representantes que elijan no serán una nueva edición de la frustración de siempre. ¿Cuáles son esas reformas? Pues sobre la mesa están las que tienen que ver con el regreso de la bicameralidad y la reelección congresal, así como con la supresión del voto preferencial, la renovación del Parlamento a la mitad del período presidencial y las que regulan los comicios internos en cada organización política. Los argumentos a favor y en contra de cada una de ellas son abundantes, pero es de esperar que el debate en las comisiones y en el hemiciclo permita distinguir su oportunidad y conveniencia.

De otro lado, aunque no tienen que ver con el proceso electoral en sí, la ocasión es también adecuada para discutir y sacar adelante los cambios constitucionales que se requieren para fijar de manera clara y distinta los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, de modo tal que nunca volvamos a encontrarnos en un trance como el que hemos atravesado estas últimas semanas. Solo así los congresistas que se sintieron comprometidos a apoyar el adelanto de elecciones dos días atrás no podrán deshacerse de ese compromiso y dejar de votar a favor de ella en la próxima legislatura. Y solo así la débil luz de esperanza que se ha encendido en medio de tanta desazón y alarma se convertirá en una seña poderosa de que nuestra democracia tiene un futuro por el que vale la pena bregar.