Editorial: Vergüenza diplomática

Esta semana, el Poder Judicial le propinó un duro revés al Gobierno y, en especial, a Torre Tagle. Acogiendo parcialmente una solicitud de la fiscalía, dictó seis meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas, cercano colaborador de Vladimir Cerrón y quien ha desempeñado un rosario de cargos en Perú Libre (como personero legal, jefe de prensa, jefe de campaña y secretario de organización norte).

El viernes pasado, como sabemos, la cancillería informó a través de un comunicado oficial que Rojas había sido “nombrado” embajador del Perú en Venezuela. Su designación había levantado una retahíla de críticas tanto por lo que significaba (en pocas palabras, la restitución como interlocutor válido del régimen dictatorial y violador de derechos humanos que encabeza Nicolás Maduro) como por la persona elegida para tal encargo.

Rojas, en efecto, no solo carece de los pergaminos para representar al país en el exterior (en una entrevista con RPP el pasado sábado afirmó, por ejemplo, que “aparte de ser comerciante, también soy estudiante de Derecho […] y soy un político, no se olvide”), sino que se encuentra actualmente en la mira del Ministerio Público por lavado de activos. De hecho, es en el marco de este proceso que el Poder Judicial dispuso que no saliera del país, pues según el magistrado Pillaca existen indicios sobre la presunta comisión del delito que se le imputa a Rojas y, además, este no ha mostrado “visos de colaborar objetivamente con el esclarecimiento de los hechos”.

Con estos antecedentes, no sorprende que Panamá –el país original al que había sido destinado Rojas semanas atrás– no haya aceptado su nombramiento (en un gesto que, además de ser poco frecuente a nivel diplomático, revela la decencia del país centroamericano). Lo que sorprende, en cambio, es que Torre Tagle, esa institución que en las últimas décadas ha sido un oasis en un sector público plagado de vicios, haya insistido en convertirlo en embajador a pesar de todas las señales de que era una pésima idea. Y que su titular, Óscar Maúrtua, esté poniendo en juego el legado de toda una carrera diplomática al avalar tan necia iniciativa. Después de todo, si ya era una vergüenza para la cancillería que otro país no haya admitido a uno de sus enviados, que ahora el Poder Judicial haya frenado el despropósito de reubicarlo en otra sede, ya alcanza niveles históricos de bochorno.

No es esta, por lo demás, la primera vez en la que Perú Libre mancilla la reputación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que un día después de llegar al cargo, el presidente Pedro Castillo juramentó como titular del sector a Héctor Béjar, quien tuvo que dimitir a los 19 días de ser nombrado en medio del escándalo que habían desatado sus declaraciones sobre el papel de la Marina en el inicio de la etapa más sangrienta de nuestra historia. Poco después, el sucesor de Béjar, el canciller Maúrtua, tuvo que aguantar el maltrato público y privado al que fue sometido por parte del entonces jefe del Gabinete y legislador oficialista, Guido Bellido, de su colega de bancada, Guillermo Bermejo, y de la bancada del partido del lápiz que exigió su dimisión a través de un comunicado. Que ahora el señor Maúrtua arriesgue tanto por un dirigente de Perú Libre sencillamente consterna.

Tampoco podemos soslayar que el afán de otorgarle a como dé lugar el estatus de diplomático a Richard Rojas cuando se encuentra en serios aprietos legales revela que Vladimir Cerrón sigue teniendo una fuerte ascendencia sobre el mandatario, tal y como lo demuestran, entre otros, el nombramiento de Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior y el surrealista intento de contratar a Ricardo Belmont como asesor del despacho presidencial (finalmente descartado ayer).

A pesar de que los nombramientos cuestionables se han vuelto una característica de este Gobierno (que parece esforzarse por colocar a las peores personas posibles en puestos importantes), será difícil que el sainete montado en torno de Richard Rojas pueda olvidarse. Como tampoco podrá olvidarse a quienes, como el mandatario y el canciller, promovieron esta irracionalidad.