El triángulo de Cerrón

El insólito nivel de rechazo ciudadano que genera la presidenta Dina Boluarte ha ayudado en algo a pasar por agua tibia las raquíticas tasas de aprobación del Congreso. El Parlamento cuenta con apenas 8% de apoyo a su gestión, según la última encuesta de Datum para El Comercio.

Su desaprobación es merecida, y dada la actuación de algunos congresistas, se justificaría que sea aún mayor. Ayer, por ejemplo, este Diario reveló que Waldemar Cerrón, de Perú Libre, estaría envuelto en una aparente red de tráfico de influencias. De acuerdo con el informe, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón habría gestionado proyectos a favor de una municipalidad que contrata con los hermanos de su pareja.

En concreto, la empresa Estación de Servicios y Gasocentro Angulo S.A.C., de los hermanos Edwin y Domingo Angulo Manrique, hermanos de Paula Angulo Manrique –a quien Cerrón consignó como su conviviente–, recibió contratos que suman casi un millón de soles desde el 2022 con la Municipalidad de El Tambo, en Junín. Cerrón, por su parte, es cercano al alcalde del distrito, Julio César Llallico, e impulsor de inversiones en la localidad. En abril del año pasado, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para crear un circuito turístico ahí –lo que conllevaría más obras–. Este año, en mayo, apenas un mes después de que sus cuñados se adjudicaran un contrato por más de medio millón de soles con el municipio, Cerrón anunció que otra iniciativa legislativa para facilitar más inversiones en El Tambo. Los vínculos de la empresa con Perú Libre se encuentran a lo largo de todo Junín, región de origen del partido. El conflicto de interés –por decir lo menos– es evidente para cualquiera, y debería serlo aún más para las autoridades responsables de analizar la situación.

Más allá del resultado de las investigaciones, casos como estos enlodan seriamente la imagen del Parlamento y refuerzan la impresión de una cámara legislativa cuyos integrantes están ahí para servirse a sí mismos antes que a la ciudadanía a la cual se deben. Cerrón fue de los que aprobó, en el 2024, la nueva Ley de Contrataciones, norma que, entre otros aspectos, permitía la contratación de familiares de funcionarios con el Estado. Podemos intuir por dónde venía ese interés.