El camino fácil

Dos días atrás, la Comisión de Economía del Congreso aprobó –con 17 votos a favor y tres en contra– un nuevo retiro de los fondos de las AFP por hasta cuatro UIT (S/20.600). La iniciativa formaba parte de un predictamen mucho más amplio, que incluía una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones. Sin embargo, los legisladores decidieron desgajarla del resto y aprobarla de forma aislada, dejando de lado el necesario debate de la reforma previsional para centrarse en una medida que, aunque popular, no aborda el problema de fondo.

Por supuesto, el hecho de que se haya votado por separado no es lo único que está mal con esta propuesta. En sí misma, la decisión de autorizar un nuevo retiro –sería el séptimo desde el 2020– ha sido cuestionada por instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, además de por una serie de especialistas.

Para comenzar, si los primeros retiros se autorizaron en un contexto de pandemia, con muchísimos peruanos que quedaron desempleados de un día para el otro, que vieron mermados drásticamente sus ingresos o que tuvieron que afrontar emergencias de salud por el COVID-19, en esta oportunidad el argumento esgrimido es la recesión económica. Como es evidente, se trata de una excusa difícil de sostener; por un lado, porque establecer que cada vez que el rendimiento económico de un país no sea el adecuado se habilitará los fondos de las AFP equivale en la práctica a liquidar el sistema privado de pensiones; y, por el otro, porque como han apuntado varios observadores, esta medida beneficiará mayoritariamente a personas de ingresos altos o que se encuentran laborando.

Como sabemos, inicialmente, este séptimo retiro se había planteado para personas que no hubiesen aportado en los últimos seis meses o, en otras palabras, que estuviesen desempleadas. El lunes, no obstante, la Comisión de Economía decidió eliminar esta condición y permitir que cualquier persona con fondos en su AFP –independientemente de si está empleada o no– pueda acceder a ellos. Sin embargo, de ratificarse en el pleno lo aprobado en el mencionado grupo de trabajo, el 41% del monto que podría retirarse se concentraría en la población de mayores ingresos, mientras que el 65% correspondería a afiliados que se hallan trabajando. Con lo que la explicación de los legisladores de autorizar este desembolso para aliviar la situación económica de los potenciales beneficiarios no parece tan consistente ni se condice con la realidad.

Pero el principal problema con lo sucedido el lunes no es ese; es que, en realidad, nuestros parlamentarios –los actuales y los que los precedieron– se han enfocado en los últimos años en discutir la pertinencia de nuevos retiros de fondos de las AFP en lugar de dedicarse a reflexionar sobre la necesaria e impostergable reforma del sistema de pensiones. En lugar de debatir sobre un sistema que pueda incluir a todos en un país mayormente informal, que garantice una pensión mínima para los afiliados, que abra el mercado para que ingresen nuevos competidores, donde las aseguradoras compartan las pérdidas con los afiliados o en el que el Estado pueda aportar también a las cuentas individuales, entre tantísimos otros puntos, los congresistas han elegido el camino fácil. Han preferido aparcar la compleja pero necesaria reforma del sistema previsional, para hacer andar una medida popular que no soluciona nada.

Ojalá que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte –cuyo titular de Economía, José Arista, afirmó semanas atrás que evaluarán “todas las potenciales consecuencias que podría tener esta decisión”– conmine al Congreso a centrarse en lo que realmente debería: abordar esta reforma antes de que el sistema privado de pensiones termine liquidado por los sucesivos forados que viene sufriendo.