Editorial: Un escenario entrampado

Ayer, Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció su declinación irrevocable a ejercer dicho puesto, según dice, “con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta”. Su decisión, al dejar al ente electoral sin quórum, entrampa los procesos en curso para definir el futuro de las actas que Fuerza Popular ha buscado anular. En buena cuenta, deja en el aire la proclamación del nuevo presidente y al país en un mayor estado de incertidumbre.

Se trata de una medida compleja especialmente cuando coincide y se sustenta en el hecho de que la institución a la que pertenece ha tomado decisiones contrarias a su parecer. A ello se le suma que el documento en el que anuncia su “declinación” está plagado de acusaciones que el señor Arce tiene la obligación de explicar y demostrar (“los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados”, ha dicho) apelando a algo más que su opinión, toda vez que ensombrecen el proceso electoral mientras frenan el camino a que este concluya. Y esto último parece ser el objetivo final del fiscal supremo.

Dicho esto, es claro que el hombre de leyes tiene derecho a tomar esta decisión, más allá de que en la práctica no puede renunciar al puesto. Así las cosas, y sin profundizar más en lo denunciado por el representante del Ministerio Público, ahora el problema es el futuro de esta elección. Esta circunstancia terminará por hacer aún más accidentado un trance que mantiene a la ciudadanía en vilo y al país en ascuas. Ante ello, el sistema electoral y el aparato institucional de nuestra democracia deben responder con asertividad, para que se pueda definir, cuanto antes, quién gobernará nuestro país desde el 28 de julio. Es una afrenta para el Perú que los eventos que se desarrollaron desde el domingo 6 de junio solo hayan supuesto una profundización de la polarización y una agudización de la desconfianza, a la par que hace ver lejano que pueda iniciarse el proceso de transición de poder, de una vez por todas.

Esta situación hace aún más necesario aquello que hemos venido repitiendo hasta la saciedad: la transparencia será el mejor antídoto contra el escepticismo ciudadano y el remedio propicio para conjurar la plétora de imprecisiones, noticias falsas y evaluaciones antojadizas que se vienen haciendo desde las dos partes en liza. En otras palabras, el JNE presidido por Jorge Luis Salas Arenas, no puede dejar de analizar minuciosamente los pedidos de nulidad por cuestiones de forma, tiene que evaluar el fondo públicamente para que no quede espacio para objeciones ante cualquier conclusión a la que lleguen. Y esta debería ser la principal preocupación del pleno del Jurado, pero es algo que no se ha dado.

Los ciudadanos aún esperan que la máxima autoridad electoral alcance un veredicto y las demoras solo aumentan la zozobra y la tensión.