Editorial: Planes de gasto

Ante el súbito colapso de los ingresos durante el año pasado, muchas familias peruanas tuvieron que recurrir a sus ahorros y a tomar más deuda para hacer frente a sus obligaciones. Ahora, mientras la situación económica poco a poco se va estabilizando, estas familias tendrán que empezar a pagar sus créditos y recomponer sus ahorros a través de una buena disciplina financiera que incluya el corte de gastos prescindibles y, sobre todo, la búsqueda de nuevas o mejores fuentes de ingresos. Emprender un agresivo plan de gastos, en estas circunstancias, debería estar fuera de discusión.

Exactamente lo mismo sucede con la economía del Perú. Frente a la dura caída de la recaudación tributaria de 17,4% durante el 2020, el Gobierno se vio forzado a usar buena parte de los ahorros de emergencia. Al mismo tiempo, a través de nuevas emisiones de bonos, la deuda pública pasará de 26,7% a 37% del PBI entre el 2019 y el 2022. Conforme la economía vuelva a la normalidad, el país deberá consolidar otra vez su situación financiera –igual que las familias mencionadas arriba– mediante mejores políticas de gastos e ingresos. No hay lugar para grandes dispendios.

Sin embargo, un reciente informe publicado en este Diario por Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, y actual director de Videnza Consultores, da cuenta de la baja prioridad que los partidos políticos en campaña le han otorgado a este asunto fundamental. De acuerdo con su análisis fiscal, ninguno de los 10 planes de gobierno de las agrupaciones con mayor intención de voto se mantiene dentro del “límite razonable” de incrementos en el gasto.

Si bien la ubicuidad del problema a través de distintas tiendas políticas revela una negligencia sistemática de la clase política con el Tesoro Público, la verdad es que existen notables diferencias entre los planes de gobierno, conforme a lo esperado según tendencias ideológicas. Los planteamientos de Perú Libre, Juntos por el Perú y Acción Popular, por ejemplo, se acercan o exceden el 10% del PBI como gasto incremental, haciéndolos virtualmente impagables. En el otro extremo, Avanza País, Victoria Nacional y Renovación Popular tienen los costos más reducidos, pero aún por encima del 2% del PBI sugerido como límite razonable de aumento.

Como parte de las conclusiones del trabajo, destaca que “existe una total desconexión entre lo que se promete y la capacidad del país de financiar estas ofertas” y que “muchos partidos pretenden resolver las necesidades de la ciudadanía simplemente asignando mayor gasto público”, sin preocuparse por la eficiencia. Por lo demás, la omisión más resaltante es la poca atención que se le ha puesto al otro lado de la ecuación: la generación de ingresos. Gastos extraordinarios, en teoría, podrían cubrirse con ingresos extraordinarios, pero esto tampoco está explicado.

El desgaste reciente en la imagen de la política peruana –conviene recordar– no es solo la historia de constantes pullazos por cuotas de poder que derivan en ingobernabilidad, desorden y pérdida de legitimidad democrática. Es también la historia de una clase política que no ha sido capaz de garantizar la provisión de servicios básicos para buena parte de la población, y que incumple consistentemente las promesas que la llevó al poder. Esta última es, precisamente, el tipo de política al que el país se vuelve a encaminar, con planes de gobierno que prometen, en el mejor de los casos, castillos en el aire, y, en el peor, el quiebre del balance macroeconómico del país.