El jueves, Lupe Zevallos fue capturada en San Borja. Llevaba más de seis años prófuga, luego de que escabullera bajo las propias narices del sistema judicial en la audiencia en la que se la condenó a 25 años de cárcel por lavado de activos provenientes del tráfico de drogas a través de la empresa Aerocontinente, la aerolínea fundada por su hermano, Fernando ‘Lunarejo’ Zevallos, en la que ella fue pieza clave ya que actuó como el rostro visible de la aerolínea, representante en varias empresas –incluidas ‘offshore’–, administrando cuentas millonarias en el exterior y gestionando relaciones y favores con políticos, magistrados y mandos policiales a través de la entrega de pasajes y beneficios, lo que facilitó encubrir el origen ilícito del dinero y asegurar protección institucional al esquema criminal de la familia Zevallos. Su arresto pone punto final a una de las tramas criminales más impactantes de la historia peruana y en cuya investigación periodistas de este Diario participaron y se jugaron la vida.
Lo anterior no es una afirmación exagerada. ‘Lunarejo’ Zevallos no solo fue un líder criminal; fue también una persona extremadamente peligrosa rodeada de muerte. En el 2001, por ejemplo, el narcotraficante José María Aguilar, ‘Shushupe’, fue acribillado en el interior del penal de Pucallpa, donde se encontraba recluido. Previamente, había declarado ante los medios y una comisión investigadora del Congreso que Zevallos movió grandes cantidades de cocaína mediante una de sus empresas, Transportes Aéreos Uchiza, en los 90. Dos años después, Francisco Paredes Izquieta, hombre de confianza del capo Enrique Dávila –vinculado a Zevallos–, fue asesinado luego de acogerse a la colaboración eficaz.
Entre sus mecanismos de extorsión contra quienes significaban una amenaza para su imperio criminal, además, ‘Lunarejo’ solía recurrir a la baza judicial (querellas, denuncias y exigencias de reparación civil millonarias). En el 2004, cuando la Unidad de Investigación de este Diario lo tenía en la mira, Zevallos denunció al periodista que lo investigaba, Miguel Ramírez, y a los directores Alejandro Miró Quesada Garland y Alejandro Miró Quesada Cisneros. Pidió la exorbitante suma de US$100 millones. El objetivo, por supuesto, era amedrentarlos. No lo logró.
Hay que decir también que su caída fue posible gracias al Gobierno Estadounidense, que le seguía la pista desde hacía tiempo y que en el 2004 lo colocó en la infame Kingpin Act, la lista donde se encuentran los principales narcotraficantes del mundo. En el 2005, finalmente, fue capturado, juzgado y condenado a 20 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Para entonces, su empresa, Aerocontinente, ya había dejado de operar y su hermana era intensamente buscada por la policía peruana, estadounidense y hasta chilena (país donde la firma llegó a operar).
Como ha recordado Miguel Ramírez en estos días, la captura de ‘Lunarejo’ impidió que consolidara un cartel del narcotráfico a la usanza de los mexicanos. Tenía poder, contactos de alto nivel y mucho dinero. Pero fue la labor indesmayable de las autoridades, la cooperación internacional y la prensa la que acabó con sus aspiraciones criminales, incluso jugándose la vida.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.