La parlamentaria Kira Alcarraz (no agrupada) arrastra problemas asociados a su desempeño como integrante de la representación nacional de tiempo atrás. En octubre pasado, una reportera la abordó para preguntarle acerca de la contratación de una persona vinculada a su entorno en su despacho que había motivado un informe periodístico y ella, sin ajustarse a la verdad, afirmó: “Yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla con el perfil”.
Lo más grave, sin embargo, fue que, ante la sugerencia de que pudiera estar alterada por los cuestionamientos que se le estaban planteando, enfrentó a la joven que la entrevistaba diciéndole: “Mira, si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”. El caso, que comporta una evidente agresión verbal, llegó a ser sometido en noviembre a la atención de la Comisión de Ética del Congreso, donde inicialmente fue blindada por varios de sus colegas. Pero el revuelo que ese intento de pasar el ataque por agua tibia causó en la opinión pública determinó que, semanas después, en una segunda deliberación, se aprobase iniciar diligencias preliminares que podrían conducir a una sanción.
No contenta con el descrédito que el referido episodio le acarreó, no obstante, la controversial legisladora se ha visto envuelta recientemente en otra denuncia sobre agresión… y esta vez, física. Concretamente, ha sido acusada por un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) de “causarle lesiones en el rostro” y de haberle arrebatado el celular cuando él intervino el automóvil en el que ella viajaba el lunes por el distrito de San Juan de Miraflores, a causa de una deuda en estado coactivo. De acuerdo con la denuncia, la congresista, además, habría llamado primero a un supuesto comandante de la policía para solicitarle “apoyo” con el problema y luego le habría comunicado al fiscalizador que llevó a cabo la intervención que “ya no trabajaría en el SAT”. Es decir, habría protagonizado una especie de antología del abuso tratando de parapetarse tras su condición de parlamentaria.
Consultada con respecto a lo ocurrido, la congresista ha calificado la información como “falsa”, pero ya el presidente en funciones del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y el titular de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), han adelantado que este último grupo de trabajo revisará el caso. La señora Alcarraz, pues, está una vez más en la picota y lo que corresponde es que enfrente sus responsabilidades a la brevedad y que el Congreso aplique la máxima sanción que corresponda. Y que esta vez no la blinden.
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