Apenas cinco días atrás, comentábamos en este Diario que desde que su hermano Vladimir se encuentra prófugo de la justicia por una condena por corrupción hace casi un año, el parlamentario Waldemar Cerrón ha presentado al menos 14 proyectos que apuntan a debilitar el sistema de justicia. El último de ellos, del 13 de setiembre, propone, entre otras cosas, que los congresistas puedan solicitar informes a jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional y policías sobre el estado de las investigaciones y procesos que tengan a cargo. Un nada embozado intento para que los legisladores tengan acceso a información sensible con fines potencialmente catastróficos para la democracia.
Pero Waldemar no es el único integrante de la bancada de Perú Libre que ha sido consistente en preparar iniciativas contra el sistema de justicia. Su colega Américo Gonza no se queda atrás.
Tal y como informó este Diario, él es autor de un proyecto que busca crear la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos, una entidad adscrita al Ministerio de Justicia que estaría a cargo de formar y acreditar a jueces, fiscales, procuradores, personal del INPE “y otros operadores judiciales”, y que tendría la facultad de otorgar grados de bachiller, maestro y doctor, y títulos de licenciatura y segunda especialidad profesional.
Aparte de innecesario, especialistas consultados por este Diario han advertido sobre los riesgos evidentes de que la formación de jueces y fiscales quede a cargo del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia. Además, tal y como mencionó el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, “esto terminaría siendo mal utilizado para poder meter a su gente a donde ellos los quieran meter y obtener los doctorados y maestrías que quieran”.
Vale recordar que Gonza es uno de los artífices de la ley contra el crimen organizado, que tantos réditos les ha dado a las mafias en el país, y que como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso se encargó de darle el visto bueno a iniciativas lesivas, como la ley mordaza o aquella que busca incrementar las penas contra jueces y fiscales. Gonza, para más luces, se encuentra investigado por el Ministerio Público en el Caso Los Niños, y su casa y oficina fueron allanadas el año pasado.
Así las cosas, no hay que perder de vista las creaciones de ese laboratorio de proyectos contra el sistema de justicia en el que se ha convertido Perú Libre y, especialmente, a sus dos alumnos más aplicados.
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