El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N.° 32527, con la que el Gobierno queda facultado para modificar el Decreto Legislativo 635 e incorporar en el Código Penal el delito “revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”.
Si bien el Gobierno incorporó garantías a la libertad de prensa, esta adición no erradica el fondo del proyecto: criminalizar la relación que los periodistas construyen con sus fuentes. Aquella paradoja revela la verdadera intención: modificar para aparentar.
La norma establece, además, una “inhabilitación” específica como sanción para quienes sean condenados. El Gobierno argumentó que estas medidas buscan evitar filtraciones que comprometan operaciones contra la criminalidad organizada. Las supuestas “modificaciones” y garantías incluyeron la mención al secreto profesional y a la libertad de prensa.
Pero la ambigüedad persiste. ¿Quién define qué es “información reservada”? Las garantías terminan siendo un espejismo, pues la amenaza sigue siendo real y mucho más peligrosa porque ahora aparenta tener límites que, en la práctica, no tiene.
Las fuentes informativas son el corazón del periodismo de investigación; sin ellas, el trabajo periodístico no tiene sustento. Cuando la ley amenaza con penalización e inhabilitación a quienes revelan información de interés público, lo que realmente criminaliza es el acto de informar. No se ataca solo a la prensa: se ataca la capacidad de los ciudadanos de conocer la verdad sobre quienes ejercen el poder.
El efecto inmediato de esta legislación es el desaliento sistemático de las fuentes. Los jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos que históricamente han colaborado con investigaciones periodísticas de interés público ahora enfrentan el riesgo de inhabilitación por compartir información. Los ciudadanos que buscan denunciar corrupción o crímenes sentirán el peso del miedo y antes de compartir información se preguntarán: “¿seré procesado si hablo con un periodista?”. Esa forma de autocensura que produce esta legislación es el silenciador más efectivo.
De cara a un proceso electoral y en medio de la lucha contra la criminalidad organizada, el Perú necesita precisamente lo contrario de lo que se busca legislar: mayor transparencia, no más oscuridad; más información pública, no más “clasificaciones” discrecionales.
La prensa peruana ha revelado casos sumamente relevantes en la historia reciente precisamente porque contó con fuentes dispuestas a correr riesgos al compartir información. No se puede concebir la idea de un periodismo sin fuentes y haría bien el Gobierno en desechar de lleno esta peligrosa iniciativa.
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