Editorial: El chatarreo no puede esperar más

Por años las soluciones planteadas por las autoridades al problema del transporte en la capital han surtido poco o ningún efecto. El Estado ha acumulado más pendientes que misiones cumplidas y eso es precisamente lo que ha ocurrido con el chatarreo, medida que debería llevar a que los vehículos internados por mucho tiempo en los depósitos dejen de acumular polvo y quitar espacio y sean destruidos. Principalmente para disuadir a los malos conductores de insistir con sus prácticas, pero también para sacar de nuestras calles vehículos altamente contaminantes y en malas condiciones para los usuarios –en particular en el caso de aquellos que se emplean para el transporte público–.

Según Eduardo Melgar, director de Fiscalización y Sanción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), su institución se encuentra en coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que los vehículos que llegan al depósito con exceso de papeletas pasen, al fin, a ser convertidos en chatarra. El objetivo, como explicó, es establecer un plazo de 30 días para que los titulares de las unidades cumplan con el pago de sus multas, antes de que aquellas sean destruidas.

El fin es loable, dado el pasmo que ha caracterizado al sector público en esta materia, pero hay motivo para dudar de la capacidad de ejecución del Estado: en junio del 2019 el Gobierno anunció una campaña de chatarreo que aún espera ser reglamentada. El problema no ha dejado de ser serio para la ciudad, por lo que esta vez el chatarreo tendrá que ser implementado.

Como hemos informado desde este Diario en más de una ocasión, a propósito de nuestra campaña #NoTePases, existen miles de vehículos en la capital que se desplazan sin impedimento a pesar de que suman millones de soles en sanciones. Solo en lo que respecta a unidades de transporte público, la ATU reporta 167 mil con orden de captura. Ello se traduce en calles caóticas y, de igual manera, en malos conductores que confían en mantener su impunidad. Al mismo tiempo, los depósitos están llenos de automóviles que permanecen ahí por años –la ATU ha hablado de vehículos que llevan alrededor de 17 años internados–.

En general, la manera en la que se sancionan las infracciones de tránsito plantea pocos incentivos para que los castigados escarmienten. A la dificultad para sacar autos de la calle de forma definitiva (por la falta de programas ambiciosos de chatarreo y por el escaso espacio en los depósitos), se añaden las amnistías, el fraccionamiento de las deudas, la impugnación de las papeletas, los descuentos y los prolongados procesos legales, en los que los malos choferes pueden ampararse para enfriar sus líos con la justicia. Cumplir con el pago oportuno de las amonestaciones tiende a ser una excepción, sobre todo en el campo del transporte público.

Como escribió en la sección de Opinión nuestro periodista Juan Pablo León, el chatarreo podría cumplir un rol importantísimo en remediar, en gran medida, los problemas del transporte. Las penalizaciones serían más definitivas, se haría más espacio en los depósitos para sacar de las calles vehículos antiguos y contaminantes y las flotas de automóviles nuevos nos darían mayor fluidez y una atmósfera más limpia. En ese sentido, el objetivo que se ha trazado el MTC para otorgar bonos para quienes entreguen unidades viejas para el desguace este año es una buena idea, pero una que no sirve de mucho si no se aplica en la práctica.

En pocas palabras, la historia del chatarreo viene siendo también la de las promesas incumplidas. Así, la exposición pública de medidas en torno a este trance genera más escepticismo que entusiasmo.

Pero la importancia de salir de esta inercia es evidente y es la obligación de nuestras autoridades, ahora sí, pasar del dicho al hecho. Lima no puede esperar más.