El martes, al día siguiente de que el gobierno anunciara un nuevo salvataje financiero para Petro-Perú por US$2.000 millones, su presidente, Edmundo Lizarzaburu, anunció que ya no habrá auditoría forense para la refinería de Talara.
La iniciativa, como se recuerda, surgió durante la presidencia de Oliver Stark, en el 2024, y buscaba –de la mano de la contraloría– esclarecer por qué dicho proyecto terminó costando casi cinco veces lo que se había acordado (pasó de US$1.300 millones en el 2012 a más de US$6.000 una década después), así como las continuas fallas que ha venido registrando desde que se puso en funcionamiento.
Según explicó el señor Lizarzaburu ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la decisión se toma para salvaguardar la imagen de la empresa ante los inversionistas extranjeros. “Si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”, explicó. Para luego añadir que una auditoría, a estas alturas, solo perjudicaría a Petro-Perú, pues preocuparía a los bonistas de la refinería y al ecosistema en general.
Seguramente, el señor Lizarzaburu piensa que los agentes económicos extranjeros no están al tanto de la desastrosa situación de Petro-Perú y, por lo visto, cree que es algo que puede tapar cancelando una auditoría. La realidad es que no. Por otro lado, quizás sea este un buen momento para recordar que los problemas de Petro-Perú en los últimos años no son solo de naturaleza financiera; son también de transparencia, con administraciones que han tratado de contarnos una novela de buenos resultados que no existían y con presuntos fallos en la refinería de Talara que nunca se terminaron de aclarar ante la opinión pública (como la paralización de la Unidad Flexicoking, la más costosa del proyecto, denunciada por este Diario en diciembre del 2024).
Qué curioso, además, que mientras Petro-Perú es muy solícito para salir a pedir rescates financieros que a la larga todos los contribuyentes terminamos pagando, no tenga la mínima decencia de mostrarse transparente ante los peruanos, que somos –insistimos– los que terminamos asumiendo sus desarreglos. Finalmente, el hecho de que Lizarzaburu se oponga a una medida defendida por varios de sus antecesores pone de manifiesto también los graves problemas derivados de la continua rotación de nombres a la cabeza de la petrolera. Desde el 2020, Petro-Perú ha tenido 14 presidentes, algunos que no duraron más de tres meses en el cargo.
Por todo lo que nos viene costando, los peruanos merecemos mejores respuestas de Petro-Perú que las que nos ha dado hasta ahora.
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