Anatomía de una sentencia

El 6 de diciembre del 2022, el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, convocó al comandante general del Ejército, Walter Córdova, para pedirle su renuncia por encargo del presidente de la República, Pedro Castillo. Le presentó una carta ya redactada, lista para su firma. La ley impedía removerlo antes de que cumpliera dos años en el cargo (le faltaban 11 meses), de manera que solo saldría si renunciaba.

Córdova se negó y pidió hablar en persona con el presidente. Cuando lo hizo, a las 7:30 de la mañana del día siguiente, en Palacio de Gobierno, estando Bobbio presente, escuchó el requerimiento pronunciado por Castillo. Regresó a su despacho, renunció, e inmediatamente Bobbio hizo los preparativos para reemplazarlo por el general David Ojeda. Los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideraron este cambio como un hecho principal en la preparación del golpe de Estado que Castillo decretaría el 7 de diciembre. La sentencia por el delito de conspirar para una rebelión no se apoya en acciones anteriores a esa fecha. Su enfoque se limita a las últimas 24 horas.

¿Por qué deseaba Castillo remover a Córdova? Hay que suponer que no iba a apoyar el golpe de Estado y en cambio sí el sucesor. Pero Ojeda no lo hizo. La sentencia no desarrolla exhaustivamente este punto. Concluye que Castillo dispuso las medidas golpistas sin concierto alguno con mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estos mandos se habrían quedado con la boca abierta cuando Castillo anunció en un mensaje televisivo el cierre del Congreso. El Ministerio Público tampoco ofreció pruebas de que hubo un apoyo institucional. De otro lado, la sentencia pasa por agua tibia la actuación del ministro de Defensa, de quien dice que “instó” a Córdova a renunciar, aunque sin estar al tanto de lo que vendría. Por estos hechos, Bobbio es investigado en otra carpeta fiscal. Los jueces no tuvieron que decidir si era inocente o culpable en algún grado, lo que produce un vacío que ensombrece el análisis de los acontecimientos.

¿Hasta qué punto estaba Bobbio en la colada? ¿Le hizo creer a Castillo que los militares lo apoyarían? ¿Preparó la carta para que renunciara el comandante general del Ejército ignorando si el reemplazante avalaría la rebelión? Como la idea de la indigencia intelectual de Castillo es muy extendida, se tiende a aceptar que él podía dar un golpe de Estado sin asegurarse de que algún mando militar lo obedecería. Pero Bobbio, quien estuvo en Palacio de Gobierno cuando Castillo dio su discurso, llegó hasta general de brigada en el Ejército y sabía de asuntos militares. Es dable pensar que se involucró con algún fundamento, salvo que su perspicacia estuviera muy afectada por aquellos días.

La ex primera ministra Betssy Chávez ha sido muy elocuente al respecto. En un diálogo con el periodista César Hildebrandt, antes de pedir asilo en la embajada de México, sostuvo que tenía la preparación suficiente para conocer lo que requiere una rebelión en forma. Afirmó que conocía el mundo militar, al punto de que hizo una maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ejército. “¿Usted cree —agregó— que yo no me hubiera preocupado por hacer un golpe con tanques, con armamentos, con todas las configuraciones de un golpe de Estado? ¿De verdad me cree tan idiota para haberlo hecho mal?”.

Sin embargo, los jueces no dudaron de sus talentos y le aplicaron la pena de Castillo: 11 años, cinco meses y 15 días de prisión. El ex ministro del Interior, Willy Huerta, recibió la misma sanción. Aníbal Torres, ex primer ministro y a la sazón jefe de gabinete de Chávez, fue condenado a seis años y seis meses de carcelería. En los dos últimos casos, el Poder Judicial determinó que las penas se cumplirán cuando la sentencia quede firme, después de las apelaciones.

La conspiración, pues, fue entre cuatro personas, según la sentencia. Los jefes policiales imputados por el Ministerio Público resultaron absueltos. Las conclusiones se encaminan a sostener la hipótesis de un presidente desesperado por la posibilidad de que el Congreso lo destituyera la tarde del 7 de diciembre, cuando se votara la moción de vacancia por incapacidad moral permanente presentada por el congresista Edward Málaga.

Parte del contexto era el cerco en el que lo mantenían investigaciones del Ministerio Público, con declaraciones explosivas de varios imputados. Algunas fueron difundidas por la prensa en las horas previas a la votación. El día 5, Latina TV difundió que Sada Goray había dicho que el asesor Salatiel Marrufo le había solicitado cuatro millones de soles para el presidente. El 6, el exjefe de la DINI, José Luis Fernández, declaró en radio Exitosa que Castillo le pidió sacar del país a tres investigados: a sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco. En la misma mañana del intento de golpe, Marrufo había declarado en el Congreso que al presidente le entregaba dinero producto de pagos ilícitos. En su defensa, Castillo dijo que actuó solo, y que fue condicionado por la situación crítica en la que se encontraba.

Descartada la participación de los jefes militares y policiales, los jueces consideraron probado que a las 21:40 horas del 6 de diciembre, el presidente se reunió en Palacio de Gobierno con la primera ministra y su jefe de asesores para disolver el Congreso. Esa noche también elaboraron el mensaje al país que sería leído al día siguiente. El 7, a las 10 de la mañana, Betssy Chávez organizó la filmación del discurso por parte de periodistas del canal del Estado, coordinaciones que fueron exhibidas en un video en el juicio. Cuando el presidente terminó, se abrazó con Chávez y Torres, gesto de muy fácil interpretación. Las órdenes que dio Willy Huerta como ministro del Interior a determinados jefes policiales para impedir a los parlamentarios ingresar al local del Congreso, entre otras acciones, lo comprometieron definitivamente con la conspiración.

Existe una discusión entre juristas respecto de si los jueces estuvieron acertados al aplicar el tipo penal de conspiración para rebelión en vez de sentenciar directamente por rebelión, habida cuenta de que para dar un golpe de Estado un presidente no necesita empuñar las armas o emplear el poder que tiene como máxima autoridad militar. Otros consideran que debieron condenarlo por tentativa de rebelión, que tiene penas más altas. Esta fue la postura del juez Iván Guerrero, cuyo voto en minoría le impuso 13 años y cuatro meses de prisión a Pedro Castillo y Betssy Chávez; y ocho años, 10 meses y 20 días de cárcel efectiva a Aníbal Torres y Willy Huerta. A los dos primeros los considera autores confluyentes y al tercero cómplice secundario. Las diferentes opiniones se ventilarán en la apelación.

Si Castillo resulta finalmente condenado por conspiración o tentativa, podrá salir antes del 2030 con beneficios penitenciarios como la redención de pena. Claro que falta saber el curso que seguirán sus procesos por corrupción, algo que sigue siendo un misterio, porque algunos están atascados. Los colaboradores eficaces empiezan a perder fiabilidad, así que hay que analizar caso por caso para tener una idea más precisa del futuro político del sentenciado. Más allá de las penas, deberíamos agradecerle la forma en que se suicidó. “Castillo se precipitó”, escribió en un tuit Vladimir Cerrón, su hacedor, luego de que fuera vacado. Es que no existían votos suficientes para destituirlo. De modo que podríamos tenerlo hasta ahora como presidente, vaya uno a saber en qué desastrosas condiciones políticas.