El litigante indeseable

El 25 de agosto, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley ordenó que Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional (TI), sea reconocido como parte agraviada en la investigación contra los responsables de un presunto acto de corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dirigido por Dina Boluarte (2021-2022). Ella está entre los investigados. En su gestión, Qali Warma comenzó a suscribir contratos con la empresa Frigoinca, proveedora de productos que intoxicaron a niños en 2024, cuando ya era presidenta. Proética no pudo apersonarse en las carpetas fiscales que se abrieron por las intoxicaciones, porque se opuso el Ministerio Público, según cuya tesis el Estado es el único que puede representar a las víctimas. Sin embargo, Proética fue habilitada por Checkley en el caso de corrupción. Aunque soy directivo del IPYS, que es miembro de Proética, abordo el suceso porque su importancia trasciende largamente el Caso Qali Warma y cualquier beneplácito institucional.

Pese a que desde hace más de 20 años la ley peruana permite a las asociaciones civiles representar a perjudicados por un daño social, ello nunca fue aceptado por jueces ni fiscales. Normalmente las víctimas se apersonan individualmente. Era la única forma admitida en el sistema penal antiguo, pero las modificaciones del código procesal en el 2004, inspiradas principalmente por el juez supremo César San Martín, habilitaron a las ONG. Se trata de perjuicios con alto número de afectados, como un desastre ambiental, o de salubridad, o un evento de gran corrupción, entre otros. En muchas partes del mundo una asociación puede apersonarse en un proceso porque su misión está identificada con los intereses de quienes no pueden litigar.

En Argentina, Poder Ciudadano —también capítulo de TI— acaba de ser admitido por un juez como litigante en la investigación a la poderosa secretaria presidencial Karina Milei, por presunta corrupción en el programa estatal de apoyo a discapacitados. La fiscalía no se opuso, no discute la legitimidad para obrar de una ONG anticorrupción, aunque no haya estado involucrada en los hechos. Al igual que en el Perú, una ley lo permite, y los magistrados la cumplen. En México, en cambio, la asociación TOJIL ha recurrido al sistema interamericano de justicia para ser reconocida como representante de la ciudadanía en un escandaloso caso de licitaciones corruptas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. A falta de norma específica, los tribunales nacionales se lo impidieron. Consecuentemente prevaleció el poder absoluto de la Fiscalía General para actuar en nombre de las víctimas. Se presume que esta negoció con Duarte, presunto responsable del desvío de US$ 35 millones, quien, tras entregarse a la justicia, recibió una pena atenuada, el decomiso de algunos bienes y la irrisoria multa de US$3.000.

En el Perú la pelea no la comenzó Proética sino Kuskachay, otra ONG anticorrupción. En 2023, la Municipalidad de Miraflores incautó 110 scooters eléctricos a la empresa Grin Perú, dos días después de que le exigiera renovar un convenio ya vencido, pero cuya suscripción no era indispensable para operar, según las ordenanzas. Un funcionario municipal les dijo a socios de Grin que, si “donaban” 30 scooters, la autorización saldría prontamente. La propuesta fue rechazada. Grin quebró y, tras una denuncia periodística que incluyó una grabación de la conversación, el Ministerio Público abrió una carpeta por cohecho pasivo propio, el tipo penal del soborno. Kuskachay solicitó ser parte del proceso en representación de la sociedad, invocando el artículo pertinente del Código de Procedimientos Penales. La corrupción, sostuvo, afectaba a toda la ciudadanía pues perjudica el correcto funcionamiento de la administración pública. El pedido fue rechazado.

La fiscal Lady Aguilar arguyó que el agraviado de los delitos de corrupción siempre es el Estado, cuya defensa es ejercida por los procuradores especializados. Kuskachay presentó una tutela de derechos, logrando que una corte superior ordene otro pronunciamiento por deficiente motivación. El fiscal provincial Juan de la Cruz ratificó la negativa en los mismos términos. Cuando Kuskachay presentó una segunda tutela de derechos, ocurrió algo inverosímil: el expediente completo se perdió en un juzgado. Por esta razón están atascados tanto la investigación por cohecho como el pedido de garantías.

En cuanto al Caso Qali Warma, después de que se conociera, en 2024, que sus productos intoxicaron a 16 escolares en Puno, salieron a la luz diversos hechos de corrupción en el programa de alimentos. Entre ellos destacaban los sobornos de Frigoinca a por lo menos 20 funcionarios. El Ministerio Público inició más de 12 investigaciones preliminares en distintas ciudades del país. En Lima, Proética pidió constituirse como víctima en representación de la sociedad peruana, pero la fiscalía rechazó su pretensión, lo que fue confirmado por un juzgado cuando la ONG apeló. En Puno también intentó apersonarse. Antes de que se definiera su estatus, la fiscal de la Nación Delia Espinoza decidió derivar todas las carpetas a un despacho anticorrupción. Una nueva solicitud de apersonamiento fue dirigida entonces a Reynaldo Abia, el fiscal a cargo. En línea con sus predecesores, la rechazó.

Mientras tanto, se había iniciado otra investigación en Qali Warma por un supuesto delito no relacionado con la intoxicación. La hipótesis era que Dina Boluarte, cuando fue titular del Midis, benefició con contratos a un amigo suyo, Víctor Torres. Proética también solicitó apersonarse y por enésima vez fue rechazada. Pidió después una tutela de garantías a un juez supremo, como correspondía, por ser Boluarte investigada como exministra. Esta fue la petición que amparó Juan Carlos Checkley y que cambió el estado de las cosas.

Deberá resolverse, en otra instancia de la Corte Suprema, la apelación del Ministerio Público a lo resuelto por Checkley. Más que por motivos ideológicos, los fiscales no desean a un actor más en sus casos porque podrá fiscalizarlos tras acceder a los documentos y las diligencias. La claridad de la ley hace previsible una ratificación. De todos modos, el litigio de las asociaciones no está exento de complejidades. Una ONG competente brindará mayor garantía a los afectados y puede transparentar los procesos hasta el límite de la reserva necesaria. Pero una ONG politizada puede jugar a favor o en contra de una autoridad investigada, o perseguir a sus adversarios, definiendo en función de ello su actitud ante los magistrados. Entre otras medidas para garantizar idoneidad, los promotores de denuncias falsas deberían ser sancionados. Es necesario perfeccionar el sistema, porque no tiene futuro una apuesta para esterilizar a las asociaciones civiles. Aun en una democracia de baja intensidad, las organizaciones civiles cumplen un rol fiscalizador fundamental.

Por otra parte, hay que considerar que la discusión sobre el apersonamiento de las asociaciones en casos de daño social es distinta a la de la ley de fiscalización a las ONG recientemente promulgada, que les prohíbe destinar dinero de la cooperación internacional a litigios contra el Estado. No es la situación de Proética en el Caso Qali Warma, porque la causa es contra particulares, e intervino con una donación local. El abogado José Ugaz, expresidente de Transparencia internacional, donó a Proética US$ 125.000 de su dinero personal, para dedicarlo a litigios de víctimas de corrupción. Esa cantidad fue la que recibió de un premio a su trayectoria que le entregó una organización de las Naciones Unidas. Además, donó su tiempo, porque fue el litigante en los procesos que hemos referido.

Ahora bien, Ugaz es un abogado exitoso, pero no un millonario. Su gesto demuestra que en el Perú hay personas −y empresas− que de seguro pueden jugar un papel renovador en las organizaciones no gubernamentales. La cooperación extranjera, siendo importante, no es lo fundamental.