Dos teorías sobre un asesinato

El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse, secretario general de la CGTP, fue acribillado a balazos frente a su casa, en Los Olivos. Presenciaron la escena su hija Flor de María; su pareja, Martha Flores; y su hijastro, Julio Escobar. Era el dirigente sindical más importante y, por sus cualidades, prometía ocupar un lugar preponderante en la política nacional. Tenía 43 años. En dos semanas, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima dictará sentencia, responsabilizando o absolviendo del asesinato a miembros del Grupo Colina. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no quiso tomar postura. Por un lado, recibió testimonios que señalaban como autores al destacamento militar que cometió los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Por otro, existían evidencias de que fueron militantes de Sendero Luminoso.

Sin embargo, ambas teorías no pugnaron en la justicia supranacional. En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado Peruano por la violación del derecho a la vida de Huilca, disponiendo reparaciones por US$270.000 para sus familiares. Un año antes, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el Estado admitió que había participado en el crimen y pactó resarcimientos con los deudos. Luego, quiso desconocer parte del acuerdo porque el agente estatal suscriptor, el abogado Gonzalo Salas, actuó inconsultamente, según carta de su sucesora, Lourdes Zamudio, una jurista del Ministerio de Justicia. El tribunal replicó que la responsabilidad ya había sido admitida.

El arreglo incluyó el documento consensuado “La ejecución extrajudicial de Pedro Huilca Tecse fue un crimen de Estado”. Pese a que no había una investigación culminada, el Perú ofreció acusar al Grupo Colina y al expresidente Alberto Fujimori, y archivar toda denuncia contra senderistas. El acuerdo violaba el principio de separación de poderes, pues los fiscales y jueces son autónomos. La Corte IDH se negó a homologar esta parte, porque vulneraba la presunción de inocencia. Sin embargo, por los términos del allanamiento, la sentencia asume que Huilca fue asesinado por agentes estatales y dispone identificarlos, juzgarlos y sancionarlos. Ahora cabe preguntarse si esto condiciona el fallo que emitirá un tribunal peruano.

La sala penal debe resolver según las pruebas ofrecidas. Rápidamente, la policía responsabilizó a Sendero Luminoso. Su vocero “El Diario” festejó el crimen. “Duro golpe a la reacción”, tituló en su portada, y en las páginas interiores dijo que lo ejecutó un contingente del Partido Comunista del Perú. Las investigaciones concluyeron que había actuado un destacamento de la zona norte del comité metropolitano de Lima. En enero de 1993, la policía hizo un atestado identificando a los supuestos responsables, quienes, de acuerdo con la legislación antisubversiva vigente, pasaron al fuero militar para ser procesados por jueces sin rostro.

A las 6:30 horas del día del crimen, la policía había detenido a Yuri Huamaní y José Iglesias, antes de que pudieran robar el auto en el que fugarían los atacantes. Llevaban consigo explosivos. En la estación policial, confesaron que formaban parte del grupo convocado para asesinar a Huilca. Más tarde, fueron capturados Hernán Dipas, Percy Carhuaz y Juan Peña. El 9 de marzo de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) condenó a todos ellos junto con otros dos no habidos: Daniel Ascencio y Margot Domínguez. Pero Domínguez y otro senderista, Rafael Uscate, fueron detenidos luego de matar a balazos al policía Marco Antonio Velásquez, el 2 de marzo. En los interrogatorios, confesaron que también habían participado en el atentado contra el líder de la CGTP. Fue entonces, cuando, según testimonios policiales, Flor de María Huilca y Martha Flores reconocieron a Domínguez y a Uscate como dos de los asesinos.

Todo esto cambió cuando Rodolfo Robles, un general del Ejército en situación de retiro que se había enfrentado a la cúpula militar fujimorista, publicó una carta del exagente de inteligencia Mesmer Carles, que culpaba al Grupo Colina del crimen. Fue en abril de 1997. En mayo de dicho año, Martha Flores, recogiendo la versión, denunció ante la Fiscalía de la Nación al jefe del destacamento, Santiago Martin, y a otros tres miembros del mismo. A partir de entonces, Flores diría que nunca reconoció a los senderistas que ya estaban sentenciados. Diría, más bien, que fue el propio Santiago Martin quien disparó contra Huilca. En noviembre, desde el penal de Yanamayo, donde estaba preso por terrorismo, Carles grabó un video reiterando su denuncia. En el mismo año, Flores presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo llevaría a la Corte IDH en el 2004 con la tesis de que los asesinos eran militares.

En sede nacional, el caso tuvo altibajos. Carles fue indultado a fines de 1997 y de inmediato cambió su versión, negando lo que había escrito y hablado. La fiscalía archivó el expediente, lo mismo que una subcomisión del Congreso que se propuso investigar. A fines del 2000, tras la caída de Alberto Fujimori, Clemente Alayo, otro agente de inteligencia que estaba preso por terrorismo, incriminó al Grupo Colina tal como antes lo había hecho Carles, añadiendo que fue Fujimori quien ordenó el asesinato. El Ministerio Público reabrió su investigación. Alayo daría base a una acusación constitucional del Congreso contra el expresidente. En el 2003, por mérito de una sentencia del Tribunal Constitucional, quedaron anulados los procesos contra los senderistas sentenciados por jueces sin rostro. Se les abrió un nuevo juicio en el fuero común, para ser imputados tanto por la muerte de Huilca como por la del policía Marco Antonio Velásquez. Pues resultaba que dos de los asesinos de Velásquez −Margot Domínguez y Rafael Uscate− también habían disparado contra el dirigente sindical.

En este último juicio se produjo algo sorprendente: el Ministerio Público llevó como testigos a los policías que habían investigado el asesinato de Velásquez, produciendo una sentencia condenatoria de los imputados, pero no hizo lo mismo para fundamentar que igualmente participaron en el asesinato de Huilca. La Sala Penal Nacional los absolvió en el 2006 por falta de prueba suficiente. Desde entonces, estos senderistas sostienen que fueron incriminados dolosamente y que confesaron debido a las torturas. En el proceso que está por culminar, los policías que los imputaron sí han prestado declaraciones, validando las evidencias obradas en 1993, delante de un fiscal del fuero común, que también testificó. Se presentó un peritaje demostrativo de que contra Huilca se empleó un arma usada por senderistas en el asesinato del policía Edward Quiquia, el 30 de abril de 1992.

Por lo demás, puede leerse, en el tomo I del libro “Desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú”, de quien fuera jefe del GEIN Benedicto Jiménez, el contexto de luchas intestinas en que el comité metropolitano decidió asesinar a Huilca. En el informe final de la CVR también puede leerse el testimonio de un senderista que atribuye el crimen a la organización. Por mi parte, tengo una opinión formada desde el 2004. Publiqué en “Muerte en el Pentagonito” material sobre el par de embaucadores que eran Carles y Alayo, y sobre los senderistas que asesinaron a Huilca, con la versión de fuentes internas. El Grupo Colina, durante los hechos, estaba completamente desactivado. Claro que esta es información indiciara, solo referencial para una sentencia, y hay que esperar lo que resuelva el Poder Judicial. Si condena a los imputados, sería deseable una fundamentación mejor que la que ofreció el Ministerio Público. Si los absuelve, quedará en evidencia lo fácil que es montar una historia inconsistente ante la Corte IDH. Lo peor es que ya no habría 30 años de impunidad, sino muchos más.