La Junta Nacional de Justicia en la balanza

Como sucede con tantos otros temas en estos tiempos de polarización política, la discusión pública en torno a la elección de los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) parece prescindir de matices mínimos para entender un asunto particularmente complejo.

Evidentemente, el proceso dista mucho de ser perfecto, a tal punto que el primer intento para ocupar las plazas de la novel institución fracasó en medio de una patente escasez de candidatos calificados en junio del año pasado. En ese momento, solo tres de 104 postulantes lograron superar la prueba de conocimientos y el único elegido por la comisión especial para integrar la JNJ, el abogado Pedro Patrón Bedoya, renunció luego de que se suspendiera su juramentación al arreciar las críticas por su nombramiento.

Meses después, el segundo concurso público se ha visto empañado por los cuestionamientos en contra del excongresista Marco Falconí y la exministra de Justicia del segundo gobierno aprista María Zavala, cuya juramentación también ha sido puesta en pausa por la comisión especial a pesar de haber informado previamente que los había seleccionado como miembros titulares de la JNJ.

El caso de Falconí resulta especialmente problemático. Sus pobres explicaciones a sus comunicaciones telefónicas con el investigado exjuez supremo César Hinostroza resultan más inquietantes que las llamadas mismas. Y, más grave aún, la mayoría de expertos indican que la comisión especial se equivocó al asignar a Falconí una bonificación por haber estudiado en un colegio militar, sin la cual no hubiera alcanzado una plaza como titular de la JNJ.

Lo que olvidan señalar los críticos de la comisión especial es que su tarea no era nada fácil. Su propio funcionamiento y capacidades para convocar o fiscalizar candidatos dependen del marco legal aprobado apresuradamente tras la irrupción de los CNM audios. Ahora se le critica por proceder con celeridad, pero al mismo tiempo se le ha venido presionando para que ponga fin al vacío generado por el cierre del CNM: hace casi un año y medio no hay quien nombre o destituya jueces y fiscales, incluyendo aquellos que ocupan altas posiciones y se han visto salpicados por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Respecto a las denuncias periodísticas contra los candidatos aludidos, estas fueron conocidas por la comisión especial luego de haber culminado con sus calificaciones y ya anunciaron que serán revisadas. El ensañamiento con el que un sector ha arremetido contra el proceso en los últimos días, en este sentido, parece responder más a consideraciones políticas que a preocupaciones desinteresadas.

Para salir de esta situación complicada es importante que en los próximos días la comisión especial resuelva el caso del abogado Falconí (lo más conveniente sería que no integre la JNJ), sin dejar de prestar atención a las denuncias de plagios contra otros postulantes. Pero al final de cuentas, las decisiones y el rumbo que tome la JNJ en el corto y mediano plazo (así como su capacidad para comunicarlos) definirán la credibilidad y legitimidad de la institución.