Han pasado 21 años desde que se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ley que garantiza nuestros derechos constitucionales y que ahora preocupa al primer ministro Alberto Otárola.
En un arrebato poco democrático, el funcionario que actualmente lidera el Gabinete ha expresado ante la prensa su malestar porque los periodistas hacen uso “excesivo” de la Ley de Transparencia e intentó ridiculizarlos señalando que pedían hasta la marca de lápices que usaban los funcionarios. Al primer ministro no le gusta que lo investiguen y que se usen las armas disponibles por la ley para solicitar las cuentas que todo funcionario público debe rendir ante los ciudadanos. El hurgar en las cajas chicas de los ministerios, en las compras sectoriales o en las visitas a las instituciones le parecen un “escenario peligroso”.
Más o menos lo que Otárola quiere decir es que ciudadanos informados son peligrosos y quizá no se equivoca, la máxima publicidad de cómo se administra el Estado es una amenaza para quienes quieren sacar provecho de él de cualquier manera, inclusive para las pequeñeces frívolas que otorga el poder: viajes, cenas, favorecimientos personales, etc.
Y es que justo cuando se reconoce que entramos en recesión y que todos debemos ajustarnos la billetera, Otárola es sorprendido por la prensa, supuestamente favoreciendo a amistades a través de contratos laborales. El fin de semana el programa “Panorama” publicó un correo electrónico en el que se hacía una oferta de trabajo a Yaniré Pinedo Vásquez, quien tendría cierta cercanía con el primer ministro. Pero Otárola además está siendo investigado de manera preliminar por presunta irregularidad en la contratación de otra amistad suya, Rosa Rivera, en Devida. Esa es la razón que tiene tan molesto al hombre de confianza de la presidenta Dina Boluarte
La relación entre la prensa y el poder siempre va a sacar chispas y es precisamente por la capacidad de interpelar a los que, por algún tiempo, sienten el fugaz atractivo en el que los sumerge el cargo público. Un primer ministro que dice defender la democracia con ferocidad de los enemigos debería hacer los mismo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es con acceso a la ley que nos enteramos de la cobertura de las vacunaciones a nuestros niños en localidades específicas, o que, a pesar de las lecciones aprendidas en pandemia, más del 51% de las plantas de oxígeno del Minsa y regiones están averiadas o apagadas, como ha destacado Ojo Público. Fue también por acceso a esta ley que Centro Liber dio a conocer cómo es que se usaba el avión presidencial de manera irregular en el gobierno de Pedro Castillo.
En estas últimas décadas, gracias a la Ley de Transparencia, la prensa, diferentes organizaciones, líderes sociales y cualquier ciudadano puede seguir el ritmo de los gastos del estado, las ejecuciones presupuestales, las eficiencias de las políticas públicas o los conflictos de interés a nivel local, regional y nacional. Está claro que el enemigo de la transparencia siempre será la ineptitud y la corrupción.
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