Semana a semana, tras su designación, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, va recolectando nuevas denuncias. La lista es amplia y va desde supuestas infracciones legales y administrativas hasta éticas. En otros tiempos, no muy lejanos, el escándalo habría sido suficiente para su renuncia –recordemos el episodio de Lady Camones, colega de su bancada, que por un audio fue destituida del mismo puesto–.
Claramente, la tolerancia que registran los miembros de APP y del Congreso responde a otro momento político, otro balance de fuerzas, otras negociaciones y pactos. Lo que indica que los editoriales periodísticos podrán gastar más tinta y espacio en Soto, pero su estadía parece aún garantizada, porque como él mismo lo dijo “la prensa no vota en el Congreso”.
Sin embargo, el ruido político alrededor del presidente del Congreso no permite ver cuáles son los estándares de esta nueva mesa directiva y hacia donde nos guiarán en los próximos meses. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo es que el populismo legislativo se ha convertido en una herramienta para salvar reputaciones y bajísimos niveles de aprobación.
El contexto merece un seguimiento con lupa puesto que el país enfrentará –con la incapacidad estatal que nos caracteriza– los embates del fenómeno El Niño y las consecuencias que ello traerá en los diferentes sectores. Esta es la oportunidad perfecta para la aprobación de medidas legislativas irresponsables pero populares.
Mientras ello sucede, la narrativa gubernamental nos ha llevado a la discusión de un “plan Boluarte” para mitigar la inseguridad ciudadana y cuyos detalles aún son desconocidos. El presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, ha presentado el proyecto de ley que solicita facultades para legislar en esta materia, pero también el presidente del Congreso, muy en sintonía con la demanda popular, ha convocado próximamente a un pleno extraordinario para debatir estos asuntos. Otra puerta de populismo punitivo estaría próxima a abrirse luego de una fatigosa e infructuosa discusión sobre la aplicación de un “plan Bukele”.
Otro hito que marcará la agenda parlamentaria será la ley de presupuesto. En su columna del sábado, Alejandra Costa nos advirtió sobre cómo un congreso poco moderado puede representar un peligro.
¿A dónde nos llevará entonces, la presidencia de Soto más allá de sus escándalos y cuestionamientos? O quizá la pregunta más adecuada podría ser: ¿a dónde nos llevan las negociaciones previas a su elección? Pues es desde ahí, de donde emana el atractivo de tan controvertido personaje.
La recientemente aprobada ley que repone a 14 mil profesores cesados, omitiendo los mecanismos de meritocracia, es una muestra del camino populista que continuará esta etapa legislativa, pero también, la osadía de algunos congresistas cuando hay pactos de por medio.
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