La combi de Acuña

Alianza para el Progreso (APP) nunca deja de sorprendernos. Cada cierto tiempo un integrante de la bancada del partido de César Acuña sale del anonimato, no por su producción legislativa o por las iniciativas que presenta para el bien del país, sino por protagonizar algún escándalo o un hecho con connotaciones penales. Los filtros para seleccionar a sus candidatos simplemente no existen en esa agrupación.

Solo en los últimos 30 días, dos de sus integrantes alcanzaron una cuestionada celebridad luego de que la Fiscalía de la Nación les abriera investigación por delito de concusión. Esto tras las denuncias periodísticas del programa “Punto final” en las que se señalaba que Magaly Ruiz y Rosio Torres habrían incurrido en la vieja y funesta práctica de algunos parlamentarios de recortar el sueldo a sus trabajadores. Casos de los que ahora estamos hablando solo porque hubo personas que se animaron a denunciar. No sabemos cuántos otros legisladores estarán haciendo lo mismo con total impunidad.

En unos años nadie recordará los nombres de Torres y Ruiz. Probablemente muchos no tengan presente que llegaron al Congreso por una fina cortesía del partido de Acuña. El único triste legado que dejarán para la política serán los apodos de ‘mochasueldo’ y ‘borrachat’, como suele ocurrir siempre con los ‘robacables’, ‘mata perros’, ‘comepollos’ y otros antecesores.

Fue también gracias a APP que tuvimos en el Congreso a un personaje que fue denunciado por la presunta violación de una trabajadora del Legislativo. Luego de un escandaloso blindaje previo, Freddy Díaz fue finalmente desaforado e inhabilitado por diez años de la función pública.

Pero no solo en este período Acuña ha sido la catapulta política de personajes prontuariados. En el Parlamento 2016-2019 tuvimos los casos de Benicio Ríos, quien fue vacado del cargo luego de que fuera condenado a siete años de cárcel por colusión agravada, y de Edwin Donayre, sentenciado a cinco años de prisión por el caso conocido como el ‘gasolinazo’.

Así como APP ha mostrado ineptitud para seleccionar a sus representantes, también lo ha hecho para construir lealtades. La grabación de una conversación privada entre miembros del partido, que terminó elevada a la categoría de gran escándalo sin serlo, desencadenó la censura de Lady Camones como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. Heidy Juárez, la parlamentaria que fue acusada de filtrar el audio, fue expulsada de la bancada y del partido. Ella, antigua visitante de la casa de Sarratea, se declaró inocente de las imputaciones. Al poco tiempo, se convirtió en fugaz ministra del gobierno de Pedro Castillo.

Nunca hemos escuchado un mea culpa de César Acuña por llevar a esta clase de representantes al Congreso. Al ser consultado por el caso específico de Rosio Torres, tuvo la desfachatez de responsabilizar a la gente de la región Loreto por haberla elegido.

El nombre de Alianza para el Progreso más parece reflejar el progreso económico que algunos de sus integrantes buscan lograr de mala manera. Es un partido político en lo formal, con inscripción y comités, pero carente de ideología y con militantes solo de nombre. Es una combi que avanza a trompicones dispuesta a recoger a cualquier pasajero que encuentra en el camino, siempre y cuando pague su pasaje. Si algún pasajero genera muchos problemas, simplemente lo obligan a bajarse con el pie derecho.

Al igual que su líder, que en sus orígenes viró de la izquierda a la derecha sin ningún pudor, su agrupación tampoco se hace problemas para cruzar de un carril al otro. Un día apoyan la “gobernabilidad”, al siguiente respaldan vacancias. Un día visitan ministerios, al otro promueven mociones de censura. Un bucle que se prolonga hasta la siguiente elección.