¿Cómo salir de la crisis? Es la pregunta que nos hacemos desde que este ciclo pernicioso empezó en el 2016 en nuestro país y que ha impedido que los quinquenios presidenciales se cumplan como manda el almanaque. No hay receta mágica, reforma política o reforma constitucional que de aquí al 2026 –diez agotadores años después– garantice salidas del lodazal en el que nos estamos hundiendo. Grandes cambios necesitan una valla mínima de legitimidad en los actores para sostenerse en el tiempo. Sobre ellos, las encuestas son fulminantes.
Las últimas cifras de Datum, publicadas este domingo en este Diario, nos recuerdan los desaciertos de la gestión de Dina Boluarte a un año de haber asumido un compromiso “accidental” con el país. La presidenta se sostiene con un 9% de aprobación, mientras que el Congreso lo hace con un 7%. Es el “nos quedamos todos” de un dígito.
La ausencia de liderazgo institucional se agudiza aún más con el fuego cruzado interno en el Ministerio Público, los cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia y las dudas que han levantado los magistrados del Tribunal Constitucional luego de la excarcelación del sentenciado expresidente Alberto Fujimori. El editorial de “Gestión” (11/12/23), en una evaluación desesperanzadora, incluye otros frentes cuestionados como la desmantelada Sunedu, una desprestigiada Defensoría del Pueblo y un paupérrimo Ministerio del Interior.
Resulta necesario un reinicio institucional a todo nivel, pero ¿quién apretará el botón? ¿Cómo podrían estos devaluados representantes del Legislativo ejecutar tan valiosa tarea cuando arrastran una nutrida cifra de investigaciones fiscales? ¿Qué impulso puede darle una presidenta que ha cosechado tantos pasivos en apenas 12 meses?
“Fortalecer la institucionalidad”, “llegar a consensos”, “buscar una agenda mínima”, “tener un plan programático básico”, “esperar la reflexión de la clase política” son frases que se adhieren a una lista de buenos deseos navideños. Pero, seamos realistas, la impopularidad brutal de la presidenta y del Congreso nos impide aspirar a proyectos y reformas o reestructuraciones que se desarrollen para un nuevo comienzo en el 2026. Estamos sometidos a temperamentos políticos que no responden a idearios sino a prebendas, clientelismo y corrupción.
Seis meses atrás, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmaba que este Congreso carecía de legitimidad para aprobar la bicameralidad. ¿Qué ha cambiado desde junio? La cifra de aprobación bajó dos puntos, mientras que los escándalos legislativos subieron. Aun así, la bicameralidad fue aprobada y queda pendiente una segunda votación que daría –además– la opción de reelección, a los actuales congresistas, en un eventual Senado. Esto tampoco garantiza una mejor oferta o menor fragmentación, sí quizá un mayor dominio de las fuerzas parlamentarias ante una figura presidencial cada vez más debilitada.
De aquí al 2026, si acaso seguimos con esa fecha de vencimiento, nos queda ser testigos desanimados de cómo Ejecutivo y Legislativo, jueces y fiscales, deambulan como cuyes de tómbola, sin la menor idea –o, peor aún, sin voluntad– de cómo llevarnos a la casilla ganadora.
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