Una combi en piloto automático

Este gobierno ha llegado como en un suspiro agónico a su sexto mes y el balance deja en duda las habilidades de Dina Boluarte y su leal primer ministro Alberto Otárola para realizar un giro de timón o pisar el acelerador. En el frente interno, la presidenta no ha podido convencer a la esquiva opinión pública. Ha mantenido una aprobación sostenidamente baja que a finales de mayo marcó un 16% (la encuesta de Ipsos se publicó en junio), casi la mitad de la aprobación de su antecesor, Pedro Castillo, al cumplir su sexto mes (33% según Ipsos).

La crisis producida por el ciclón Yaku en marzo de este año pudo ser una oportunidad que, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski y su equipo bien supieron aprovechar en su momento. La campaña #UnaSolaFuerza y el despliegue por las zonas afectadas generaron un efecto ‘rally round the flag’ que le valió subir 11 puntos porcentuales de popularidad en abril del 2017, luego de meses de continuo descenso. Por su parte, Dina Boluarte no logró ni tímidas pinceladas de liderazgo, más allá de una ‘photo-op’.

El manejo de la epidemia del dengue, una crisis dramática que ha costado la vida de más de 120 personas entre enero y junio de este año, ha sido una lamentable seguidilla de torpezas protagonizada por la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, contra la que, por segunda vez, miembros del Congreso han presentado una moción de interpelación.

Pero eso solo suma al mayor pasivo del gobierno de Boluarte: las decenas de muertos que trajo consigo el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los manifestantes a inicios de su magro gobierno. Fuera de las discusiones ideológicas, de los matices políticos y los cuestionamientos internacionales que pueden traer las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la violación de los derechos humanos, un hecho inobjetable es que existe una investigación en el Ministerio Público contra Dina Boluarte por homicidio, genocidio y lesiones graves. Esa es, sin dudas, su espada de Damocles. La sospecha permanente de que una abrupta salida podría acelerar un final parecido al de sus predecesores en el penal de Barbadillo podría guiar las decisiones del Gobierno y sus alianzas.

Una nueva marcha desde el sur programada para la quincena de julio pretende recordarle al Gobierno la factura pendiente. Puno también cumple seis meses de movilizaciones. Los pocos titulares dedicados en la prensa nacional no borran una dinámica local cotidiana de protestas y bloqueos que, sin duda, representa la piedra en los pocos trajinados zapatos presidenciales. Algunas pintas en la capital anuncian una nueva ‘Toma de Lima’ y, a pesar de que sus probabilidades de éxito son bajas, desgasta aún más a la presidenta de estabilidad frágil. No es gratuito que un 82% (IEP) insista en que es necesario ese recambio en las urnas antes del 2026.

A pesar de todo ello, y en franca comparación con el desastre que significó para la administración pública el gobierno de Pedro Castillo, si algún acierto ha tenido Boluarte en estos seis meses es haber permitido que la tecnocracia retorne a ciertos ministerios habilitando la articulación con los sectores productivos, tal vez porque, al no tener un soporte partidario, no hay favores que devolver ni demasiados cupos para repartir. Ya sea por estrategia o por azar, lo cierto es que nos ha devuelto al piloto automático. Pero la administración pública pos-Castillo no es un auto de alta gama; es, más bien, una combi destartalada, corroída, precaria y de la que no sabemos si llegará a su paradero final.