Es muy llamativa la nula energía que el Ejecutivo ha invertido en defender las medidas contra la minería ilegal incluidas en el Decreto Legislativo 1607, que otorgó mayores facultades a la Policía para combatir el uso de explosivos por parte de mineros ilegales y buscó desincentivar que estos invadan los terrenos de las concesiones mineras.
Mirando la rapidez con la que la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén decidieron promulgar este miércoles –en una edición nocturna del diario oficial “El Peruano” y contra la opinión de los principales gremios empresariales del país– la ley que había aprobado raudamente la semana pasada el Congreso para derogar esas disposiciones, resulta difícil creer que fue este gobierno el que diseñó y publicó ese decreto en diciembre del 2023.
Pero, lamentablemente, es cierto. Lo que empezó entonces como un pequeño paso en el combate contra la minería ilegal, ahora se convierte en una capitulación vergonzosa del Estado Peruano frente a esta actividad que no solo atenta contra el sector minero formal, desprestigia al artesanal y afecta la recaudación tributaria, sino que ya ha costado y seguirá costando vidas humanas, pues genera un poderoso caldo de cultivo para otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el sicariato.
De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esta actividad mueve unos de US$4.000 millones al año y es responsable de la producción de alrededor de 2 millones de onzas de oro anuales. ¿Cómo un estado permite que sus recursos –literalmente– más preciados sean extraídos, procesados y exportados a sus espaldas?
La única explicación es que los ojos cerrados son intencionales, y que la voluntad de bailar con el pañuelo de esta sangrienta actividad ya no solo se la podemos atribuir al Legislativo, sino también al Ejecutivo.
Se puede argumentar, por supuesto, que un decreto sobre crimen organizado no era el espacio idóneo para limitar el uso de explosivos y establecer un plazo de 90 días para que los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) demostraran que tenían el permiso de los titulares de las concesiones mineras donde operan.
Sin embargo, al final, la decisión de usar esta ruta la tomó el Gobierno y por lo menos deberíamos haber esperado que defendiera este criterio. Pero el silencio se escucha fuerte. Y nos recuerda, una vez más, que su campo de acción se limita a las pocas migajas de poder que le deja el Congreso.
Además, la jalada de alfombra que este retroceso representa para el actual ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, es casi fatal. Su discurso respecto de que su nombramiento “ya es un espaldarazo a la confianza de los inversionistas” palidece frente al baldazo de agua helada que representa la agachada de cabeza del Gobierno, pese a las voces de alerta de los gremios.
Resulta difícil imaginar un incremento de las inversiones mineras cuando los formales deben completar centenares de procesos para poder operar, pero los ilegales pueden invadir concesiones y usar explosivos impunemente.
El problema es que este gobierno, incapaz de apagar el incendio creado por un reloj, tampoco tiene cómo abordar de manera frontal los problemas del país. Y, si seguimos así, el 2026 desearemos no haber llegado a un nuevo período electoral.
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