Plata como cancha mal repartida

¿De dónde proviene el dinero que gastan los partidos? Esa es una pregunta muy frecuente en tiempos en los que los partidos ya han dejado de procurar sus recursos propios en proporciones importantes. El dinero viene de fuera, de fuente privada y pública, como en la mayoría de los países. La restricción del ingreso de fuente privada se ha limitado mucho, siendo el dinero público el de mayor relevancia y proviene del Estado.

Desde inicios de siglo, se otorga acceso a los medios de comunicación en campaña para los candidatos, cuyo costo, para las elecciones del 2021, fue de S/77 millones y, para las elecciones regionales y municipales del 2018, la suma fue de S/29 millones. Se trata de cantidades importantes.

Pero el tema que debe preocupar más es el financiamiento público directo. Para el quinquenio 2021-2026, los partidos recibirán S/78 millones. Al menos la mitad de este dinero debe gastarse en capacitación e investigación, y la otra parte en gastos ordinarios. El uso de esos fondos ha sido también materia de denuncias por su mal uso y es una caja negra que habría que mirar con más detenimiento.

Como es natural, la realidad impone nuevas situaciones no previstas en la ley. Es el caso de la distribución del dinero público entregado a los partidos. Por ley, se calcula en función y proporción a los votos obtenidos en la elección parlamentaria. De esta manera, este quinquenio, Perú Libre recibirá más de S/10 millones, Fuerza Popular S/9 millones, Renovación Popular y Acción Popular S/8 millones, entre otros. Siendo el que menos recibe el Partido Morado, con S/6 millones. El dinero lo recibe el partido político y no la bancada.

Aquí empieza el primer problema. Avanza País recibirá poco más de S/7 millones, pero no tiene un solo congresista. Los que pertenecen a la bancada no son miembros de dicha organización y el propio candidato presidencial, Hernando de Soto, renunció al partido. El caso de Juntos Por el Perú es parecido. Tan solo uno de los cinco miembros pertenece al partido e incluso la bancada ha cambiado de nombre. Ahora se llama Cambio Democrático. La situación adquiere mayor preocupación al observar, por ejemplo, que Fuerza Popular, que había obtenido 73 congresistas en el 2016, al momento de disolverse el Parlamento en el 2019 se había reducido a 44. En el presente período, Perú Libre logró 37 escaños. Hoy se ha reducido a 16.

De manera hipotética, un partido podría tener muchos congresistas elegidos y, posteriormente, quedarse sin ninguno, pero seguiría recibiendo el dinero calculado sobre los votos de la elección del 2021. Es que la falta de cohesión interna y relación entre congresista y partido es débil. Esto es más claro si se tiene en cuenta que ya 33 parlamentarios, un cuarto del total de miembros del Congreso, han dejado su bancada de origen. La norma, como sucede en otros países de la región, está pensada para partidos que tienen cierta estabilidad. El nuestro ha llegado a niveles extremos, como muestran los números. No se puede seguir entregando el dinero público a organizaciones que pierden con facilidad a sus congresistas o que sirven, en gran parte, como vientres de alquiler.

Es necesario replantear la distribución. Esta no debe originarse en los votos obtenidos, sino en los escaños que logró. Y cada año se debe ajustar dicha distribución. Si un partido pierde curules, pierde dinero público. Esto no arreglará la relación bancada-partido, pero al menos este último no llenará sus arcas de manera tan fácil como las despilfarra.