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El reciente ataque a la compañía minera Poderosa representa un condenable acto criminal y, además, devela un complejo problema que involucra no solo a delincuentes, sino también al mismo Estado, que hoy parece ser el aliado ideal de la minería ilegal.
La reciente derogación del Decreto Legislativo 1607 se presenta como el ejemplo perfecto de una aparente complicidad. Con ello se consolidó la impunidad de un sector que acarrea consigo un entorno de criminalidad que va más allá de la mera extracción de mineral.
Queda claro que la formalización minera iniciada en el 2012 ha fracasado. El Reinfo se presenta hoy como una herramienta basada en trámites obsoletos que no ofrece incentivos reales para la formalización y que, por el contrario, parece perpetuar la actividad minera ilegal. Esto crea lamentablemente una perspectiva poco favorable para el sector.
El Perú es un país de gran riqueza mineral. La actividad formal que se desarrolla en nuestro país nos ha permitido fortalecer nuestra economía, genera miles de puestos de trabajo y dinamiza actividades conexas. Según datos del Minem (2023), el empleo generado por la minería formal fue de 242.616 trabajadores de manera directa; adicionalmente, la autoridad nos menciona que, por cada empleo directo generado por el sector minero, se crean nueve empleos indirectos.
Es imperativo generar un marco normativo que brinde seguridad jurídica y seguridad para operar, lo que implica reformar el procedimiento para la formalización, asegurando un acceso más equitativo y beneficioso para los mineros que quieran formalizarse y, sobre todo, perseguir y sancionar de manera contundente la minería ilegal para preservar el Estado de derecho y salvaguardar el interés nacional. Sin reformas claras, el futuro del país parece dirigirse hacia un terreno político y jurídico inestable, propiciando el resurgimiento de un estatismo anticuado y fórmulas electorales antisistema. La proliferación de leyes y regulaciones ha creado un entorno complejo y confuso que perjudica a los ciudadanos. La sobrerregulación es un problema significativo en el Perú.
La reciente reforma constitucional sobre la bicameralidad ejemplifica cómo simplificar la normativa puede mejorar la situación. La introducción de una segunda cámara legislativa plantea desafíos adicionales en términos de legislación y regulación. Con un marco legislativo saturado, agregar más regulaciones solo complicará la aplicación efectiva de las leyes existentes.
La cantidad y calidad de las leyes son preocupantes, ya que los cambios normativos constantes generan costos significativos para ciudadanos y empresas. La falta de comprensión profunda sobre las realidades que se intentan regular conduce a regulaciones ineficaces y onerosas. Las empresas, al enfrentar mayores costos regulatorios, trasladan estos gastos a los consumidores a través de precios más altos, impactando negativamente en el bienestar económico de la población.
Es esencial una política regulatoria que optimice la relación entre el Estado, los ciudadanos y las instituciones, promoviendo el desarrollo económico y social, así como la sostenibilidad ambiental. Simplificar y ordenar el marco legal existente, respetando las normas de producción del derecho y aplicando una técnica legislativa adecuada, son pasos cruciales para mejorar la calidad de las leyes y aumentar la seguridad jurídica.
Simplificar nuestras leyes significa un entorno más claro y justo para todos. Es hora de adoptar medidas que promuevan una regulación eficaz, beneficiando a cada ciudadano.
