Familiares de las víctimas de feminicidio llegaron el miércoles a Palacio de Gobierno para pedir más atención a sus casos. Dicen que el monto que se les dará es mínimo (Foto: Giancarlo Ávila)
Familiares de las víctimas de feminicidio llegaron el miércoles a Palacio de Gobierno para pedir más atención a sus casos. Dicen que el monto que se les dará es mínimo (Foto: Giancarlo Ávila)
/ Giancarlo_Avila
Lourdes Fernández Calvo

Cuando el hijo de 7 años de Andrea Rivera Sánchez despertó, vio que su mamá tenía dos profundos cortes en el cuello y no dejaba de sangrar. Eran la 1:30 de la madrugada del 28 de noviembre del 2018. El niño dormía junto a su mamá y su hermana de 1 año y medio, en su casa en Chorrillos. En su desesperación, el pequeño intentó frenar a la expareja de su madre, Jean Piero Castro Gouveia, quien tenía un cuchillo de 25 centímetros en la mano. No lo logró. Su madre murió y él ahora tiene un trauma que será casi difícil de borrar de su memoria.

Solo hasta diciembre del 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables () contabilizó 207 hijos (menores de 18 años) de víctimas de . Para reforzar la atención de esta población, el último miércoles el Ejecutivo promulgó, de manera extraordinaria, el Decreto de Urgencia 005-2020, que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de estas víctimas.

—Serán evaluados—

La norma, como ya lo había anunciado la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, establece una asistencia económica para las víctimas directas de un feminicidio hasta que cumplan 18 años o concluyan estudios superiores. Se estima que será un pago bimestral de entre S/300 y S/350 y será entregado a quien asuma la tenencia o custodia de los menores.

Este monto, dice la ley, deberá ser utilizado para la alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación u otras necesidades asociadas a la protección social de los menores.

Nancy Tolentino, directora ejecutiva del programa Aurora del MIMP, explicó que el personal especializado del programa visitará a los familiares para constatar que este monto sea utilizado de manera correcta.

“Con dos informes negativos de estos profesionales, será retirado el beneficio y se evaluará si continuarán con la tenencia”, precisó.

La funcionaria indicó que acompañarán a las familias para que los niños puedan superar el trauma emocional grave que les dejó el asesinato de sus madres y sigan con un proyecto de vida.

El MIMP contará con un registro de beneficiarios que será implementado cuando se publique el reglamento de la norma.

Para Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo, este decreto es un paso importante y debe ser considerado una suerte de indemnización del Estado a las víctimas indirectas.

Sin embargo, lamentó que el beneficio no incluya a los familiares adultos mayores ni a los hijos mayores de edad que no cursen estudios superiores.

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