Pueblos indígenas y afroperuanos: ¿cómo están enfrentado al COVID-19 los grupos más vulnerables?

Cuando Antonio Sueyo Irangua (82), uno de los últimos sabios del pueblo indígena harakbut, ingresó al hospital de Puerto Maldonado el pasado 5 de julio, no pensó que volvería a salir con vida. Días antes, la Dirección Regional de Salud y la Red Periférica de Salud de Madre de Dios había llegado a su comunidad (Boca Inambari), ubicada dentro de la Reserva Comunal Amarakaeri, territorio ancestral de los harakbut, para realizar pruebas rápidas de COVID-19. En total se detectaron 11 casos positivos.

Héctor Sueyo, hijo del sabio indígena, trasladó a su padre en bote a Laberinto y luego en auto a Puerto Maldonado. “En un primer momento quise tenerlo en mi casa. Le daba agua, matico y otras hierbas. Llamé al SAMU y esperamos hasta que nos dijeron que ya había una cama disponible en el hospital. Durante el camino me decían que trate de conversar con mi padre porque una vez que entrara a UCI ya no lo iba a volver a ver, y que mejor era despedirme”, recuerda.

A las pocas horas de que don Antonio ingresara a UCI Emergencias del hospital de Puerto Maldonado, los médicos llamaron a Héctor para decirle que su papá no se dejaba poner el oxígeno. Pidió hablar con él por teléfono y en lengua harakbut (la única hablada por el sabio indígena) le explicó que era necesario que obedezca al pie de la letra al personal de salud, pues si no lo hacía su estado de salud iba a empeorar.

Debido al gran volumen de oxígeno que requería don Antonio los médicos decidieron pasarlo a UCI Crítico. Para aquel momento el 70% de sus pulmones ya estaba infectado con el virus. “Difícil que salga con vida. Su papá está bien hoy, pero mañana no sabemos. A su edad es muy difícil. Prepárese señor, sea fuerte. Eso me dijeron en el hospital”, cuenta Héctor.

Don Antonio era el paciente con coronavirus de mayor edad en el hospital, por lo que los médicos decidieron no intubarlo, ya que no hubiera soportado, y esperar a ver si ocurría el milagro y evolucionaba. “Le hice llegar un saco con un prendedor del Señor de los Milagros que lo hice bendecir. También le pedí a una enfermera que colocara debajo de su almohada una foto en la que aparece entregándole un libro al papa Francisco durante su visita a Puerto Maldonado″, precisa el hijo de uno de los últimos líderes harakbut.

Tras casi diez días de estar internado, el estado de salud de don Antonio mejoró y lo pasaron a UCI Intermedio. “Una mañana me llaman y me dicen que le iban a dar de alta a mi papá en 20 minutos. Sentí una emoción tan grande que inmediatamente fui con mi esposa al hospital”, cuenta Héctor.

El líder harakbut se ha consolidado aún más como fuente de inspiración para los jóvenes miembros de su comunidad, quienes lo respetan y escuchan con atención sus consejos. “Escuchen a los sabios, los que dan el mensaje para la identidad cultural. Los harakbut somos fuertes por nuestra alimentación, comemos todo lo que la naturaleza nos da. La gastronomía ancestral es básica para vencer a las enfermedades”, confesó don Antonio tras vencer al COVID-19.

Un panorama incierto en la Amazonía

A la fecha no existe una cifra exacta de casos de contagio y muerte de indígenas por el coronavirus en el Perú. Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Ministerio de Cultura (Mincul) manejan solo cifras aproximadas. Frente a esta situación el trabajo de las organizaciones, federaciones y grupos indígenas en general es de suma importancia para poder tener un registro más cercano a la realidad que se vive en las distintas comunidades de la Amazonía peruana.

De acuerdo a estadística proporcionada por la Red Eclesial PanAmazónica (Repam), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y direcciones regionales de salud de la Amazonía, hasta el 1 de septiembre, 49 pueblos indígenas han resultado afectados por la pandemia en el Perú: 12.865 contagios y 391 muertes.

En diálogo con El Comercio, Francisco Rivasplata, coordinador del Programa Derecho y Justicia Ambiental de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), explicó que son las propias comunidades indígenas las que se han organizado para poder crear un registro y atender los problemas de contagios que se presentan en sus territorios, ya que existe una gran demora en la entrega del presupuesto asignado a las gobernaciones locales.

“Todo se debe al problema de la burocracia para trasladar el presupuesto. Esto ha traído como resultado que los propios pueblos indígenas se organicen. En Ucayali, por ejemplo, se ha creado el Comando Matico y también la Casa de Sanación, dedicados a la preparación de insumos desde la medicina tradicional. Las iniciativas formales del Estado, como el Comando Covid, en la práctica no está funcionando”, indicó.

En el caso de Loreto, la región amazónica más grande del país, se ha conseguido a través de un trabajo de incidencia por parte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) la creación de un Comando Covid Indígena. Sin embargo, Rivasplata señaló que el Estado no le ha proporcionado un apoyo concreto, sobre todo presupuestal.

“Es por eso que Orpio está trabajando con fundaciones. En el Putumayo se han formado redes de jóvenes que trabajan con enfermeros y con autoridades de Iquitos a fin de poder trasladar los casos de contagios a sitios donde puedan ser atendidos. En pocas palabras, existen muchas normativas para implementar acciones, el problema es que el aparato estatal burocrático que tenemos no ha permitido que finalmente ese apoyo se concrete. A partir de ahí han surgido iniciativas locales”, comentó el coordinador de DAR.

Una población invisible frente a la pandemia

El 28 de marzo, 12 días después de iniciado el estado de emergencia en el país por el nuevo coronavirus, el Estado emitió un decreto en el que se indicaban las medidas que se tomarían para enfrentar la pandemia. Ese mismo, día el Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) mandó al Gobierno un documento firmado por diversas organizaciones afroperuanas en el que pidió tomar en cuenta a esta población para la ejecución de acciones preventivas y de atención.

Oswaldo Bilbao, director ejecutivo del CEDET, indicó a este Diario que la respuesta tardó en llegar y que recién a fines de julio pudieron reunirse con el Mincul para poder detallar la problemática de la población afroperuana en el contexto del COVID-19.

“A los pocos días nos incluyeron, en coordinación con el Minsa, para tener algún tipo de atención diferenciada conjuntamente con los pueblos indígenas. Se han repartido mascarillas. Como casi a ninguna de las familias afroperuanas les ha tocado el bono familiar, a través del Mincul y el Minsa se hizo una campaña y se pudo apoyar a alguna de ellas con canastas. Pero más nada. Al interior del país no hay ninguna acción en beneficio de la población afroperuana”, detalló.

De acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales 2017, en el Perú un total de 828.841 personas se autoidentifican como afroperuanas. La mayoría de esta población se encuentra en Tumbes, Piura y Lambayeque, Lima e Ica. Son precisamente estas regiones algunas de las que registran las cifras más altas de contagios y muertes a causa de la pandemia. A pesar de eso, no se tiene un registro de la cantidad de afrodescendientes afectados.

“No se sabe cuánta población afroperuana ha sido afectada. En el norte la gente se ha organizado y formado tipo rondas, ha desarrollado estrategias para que haya poco contacto. Ha cercado y no ha dejado entrar o salir a su gente. En Capote (Picsi, Chiclayo), por ejemplo, nos reportan que los casos son mínimos”, detalló Bilbao.

Por su parte, la activista afroperuana Sofía Carrillo sostuvo que las zonas del país con mayor presencia afrodescendiente y una cifra alta de contagios de coronavirus son sitios con déficit en el acceso al servicio de salud, a una educación adecuada, con altos índices de pobreza, entre otras desigualdades estructurales que están marcadas por la etnia, el sexo, el género y la ubicación geográfica de estos pueblos.

“Entiendo que el Mincul está haciendo una coordinación para garantizar que estos sectores puedan tener información en aspectos vinculados a la prevención, ya que sabemos que nuestro sistema de salud está desbordado. Estamos un tanto a ciegas por la falta de un registro de afroperuanos infectados, lo cual serviría para focalizar algunas intervenciones a estos pueblos. Si bien es cierto que cualquiera de nosotros podemos contagiarnos, el impacto puede ser mucho mayor si es una persona sin acceso a un servicio de salud y sin la información preventiva más adecuada. Este es el caso de los pueblos racializados, como lo es el afrodescendiente”, expresó.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo, Bilbao rescató que a través de los sectores Salud y Cultura se viene desarrollando una serie de estrategias comunitarias a nivel nacional, cuyo objetivo es la creación de comités locales. “Creo que eso sí es un gran acierto, para hacer seguimiento de casos y comenzar a trabajar directamente con las postas médicas, que son el primer sitio done va la gente a atenderse”, sostuvo.

Estrategias del Estado

Consultada por las acciones emprendidas por el Ejecutivo para atender a estas poblaciones vulnerables, la viceministra de Interculturalidad del Mincul, Ángela Acevedo, indicó que a través del Decreto Legislativo 1489 se estableció una estrategia para la atención de las comunidades indígenas a través de cinco ejes. Uno de ellos, referente al ámbito de la salud, está relacionado con la aprobación y transferencia de un aproximado de S/64 millones a cada a red y microred de la Amazonía.

“Primero hemos atendido a la población de Ucayali, luego a Amazonas y Madre de Dios, en coordinación con los gobiernos regionales que son los que brindan el servicio de salud. Además, el Minsa está haciendo compras específicas en áreas de comunidades indígenas, compras de concentradores, equipos de protección personal, pruebas rápidas, megáfonos, útiles de limpieza, etc.,” resaltó.

Otro de los ejes para la atención a los pueblos indígenas es la creación del sistema de alerta temprana. Para ello,en un primer momento el Mincul, en alianza con el Gobierno Regional de Loreto, estableció el sistema en dicha región. Tras validarlo se pasó a su formalización.

Esta estrategia está avocada a la gestión de información en tiempo real, al seguimiento y monitoreo en el proceso de atención y tratamiento, y facilita la coordinación inmediata de los casos con los establecimientos de salud de la región, también la difusión de información, materiales, audios y todo lo relacionado a la lucha contra la pandemia por parte de estos pueblos vulnerables.

En el caso de los grupos indígenas en zonas rurales su vulnerabilidad tiene que ver con el acceso. Si se da un caso de gravedad en una comunidad, trasladarlo a un centro de salud es muy complicado, ya que las distancias suelen ser muy largas (7 u 8 horas y en algunos casos días). “La vulnerabilidad está relacionada con las desigualdades estructurales que tenemos en la zona rural. Los servicios de salud no están fortalecidos, no hay una atención completa”, refirió la funcionaria.

Agregó que otras estrategias implementadas por el Ejecutivo tienen que ver con la elaboración y difusión de audios y videos en lenguas originarias donde se brindan recomendaciones para la prevención, atención y tratamiento de una persona contagiada con el COVID-19 al interior de la comunidad. Esta tarea ha sido coordinada con el Minsa a fin de llegar a los lugares más alejados.

Asimismo, dijo que se viene reforzando la atención primaria, es decir, en los establecimientos de salud de primera línea, en los cuales se identifican los casos. “Aquí el sistema de alerta temprana calza perfectamente porque se trata de la atención primaria, el seguimiento y el aislamiento de los casos”, comentó.

Por otro lado, Acevedo también precisó que en relación a la cantidad de casos de indígenas con el COVID-19, el Minsa había hecho un cálculo aproximado hace un mes atrás de entre 5 y 8 mil personas. Además, aseguró que se viene trabajando en la elaboración de un registro de casos en poblaciones afroperuanas.

“Es importante mencionar que desde el inicio de la pandemia se trabajó desde el Mincul para que haya la obligatoriedad de que en los registros se incorpore la variable étnica. Si bien en la práctica se han hecho las modificaciones del sistema, lo cierto es que por la carga que tienen los operadores de salud no terminan registrando esta pregunta. Estamos coordinando con Salud parta poder sincerar la data de estos grupos étnicos. La obligación está”, sostuvo la viceministra.

Los obstáculos que enfrentan los afroperuanos

En el contexto actual de la pandemia se desnudan aún más los déficit en el sector salud en el Perú. Bilbao destacó la urgencia de que el Gobierno centre sus acciones en mejorar la atención primaria, como por ejemplo, en las postas médicas. Detalló que un alto porcentaje de afroperuanos padece de enfermedades prevalentes como diabetes e hipertensión arterial, y que en algunas ocasiones fallecen debido a la falta de pastillas para la presión en estos establecimiento. Además, señaló que la atención en las postas es hasta el mediodía.

En el sector educación el panorama no es distinto. “Aquí estamos por debajo de la media. Solo el 10% de afroperuanos que está en etapa escolar ingresa a la universidad. De este porcentaje solo el 1,9% concluye su carrera. Por otro lado, un 19% de menores de 18 años no estudia”, detalló.

Esta situación se debe en gran medida a la invisibilización y el desconocimiento de la problemática de la población afroperuana en el país. Por ejemplo, muchos de los sitios rurales con presencia de niños y niñas afroperuanos no fueron designados para la distribución de tablets por parte del Ministerio de Educación. Recién en la gestión del ministro Benavides se incluyeron a estas comunidades. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como una de sus funciones el velar por las poblaciones vulnerables, no incluye a la afroperuana como en estado de vulnerabilidad. Por este motivo muy pocas familias afrodescendientes accedieron a los bonos del Estado.

“El Estado en su conjunto no ve como una problemática a las poblaciones vulnerables. Si el Estado estuviera interesado debería impulsar políticas públicas diferenciadas para empezar a mitigar los problemas de índole económico, laboral, de acceso a la educación, entre otros. Esa utopía de que somos un país mestizo hace que se invisibilice la problemática de otros grupos. El mestizaje viene a ser una trampa, porque tiene que ver con el color de piel, no con la cultura, ni con oto aspecto. El Estado debería trabajar de una manera mucho más inclusiva y visibilizando no solo los aportes sino la presencia de esos grupos étnicos en la construcción de la nación peruana”, explicó el director ejecutivo del CEDET.

Por su parte, Sofía Carrillo piensa que es vital analizar cómo se está planteando la situación de pobreza en el Perú. La activista sostiene que si hablamos de pobreza tenemos que decir que de las personas que se identifican como afrodescendientes, cerca del 30% es pobre, a diferencia de un poco más del 16% de quienes se identifican blancos, mestizos u otros, y de más del 40% si hablamos de indígenas.

“Lo que estamos viendo es que la pobreza en nuestro país sí tiene color, etnia, género y es algo que no puede olvidarse al momento de diseñar, implementar y monitorear las políticas públicas”, lamentó.

En el caso de la educación, precisó que cerca del 22% de mestizos y blancos tienen educación superior, mientras que si hablamos de población afroperuana el porcentaje es la mitad.

“Si estamos hablando de una nueva normalidad, ¿dónde estamos los afroperuanos en esa nueva normalidad? Si queremos darle contenido a esto, y que de algo sirva esta situación dolorosa, a partir de toda esta desigualdad estructural que vivimos desde hace muchísimos años, empezamos a garantizar que las poblaciones históricamente discriminadas tengan puedan ejercer sus derechos de manera plena”, puntualizó Castillo.

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