La planilla dorada que Perú Libre tuvo en Energía y Minas durante el gobierno de Pedro Castillo

Unidad de Investigación

Durante el gobierno de Pedro Castillo, seis militantes o allegados a Perú Libre (PL), partido por el que el profesor llegó a la presidencia, fueron contratados por primera vez en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) bajo la modalidad FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), conocida como la planilla dorada y que es exclusiva para profesionales especializados. Para este grupo, el Estado desembolsó más de S/277.380.

La resolución ministerial 118-2021-EF/43, que aprobó los lineamientos para la administración del FAG, establece que este tipo de contratación solo “puede celebrarse para el desarrollo de asesorías, consultorías y actividad profesional calificada”. La selección del personal para esta modalidad es de entera responsabilidad de cada ministerio, como informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

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Entre febrero y junio del 2022, Yoana Amable Salva, contadora que milita en el partido liderado por Vladimir Cerrón, recibió S/68.500 por sus servicios como consultora FAG de la Secretaría General del Minem. En ese entonces, el ministro era Carlos Palacios, afiliado a Perú Libre.

Luego del contrato FAG, entre julio del 2022 y enero del 2023, Amable ganó órdenes de servicio como especialista en inversiones en el Ministerio de Salud (Minsa), que en el gobierno de Castillo también estuvo a cargo de militantes de PL.

En el 2019, Amable trabajó como subgerenta de Presupuesto del Gobierno Regional de Junín (GRJ), cuando Cerrón iniciaba su segunda gestión como gobernador.

Otro personaje vinculado a PL es el abogado Janier Cabrera Anyaipoma, quien laboró como especialista en contrataciones del GRJ. En el Minem fue contratado como consultor de la Secretaría General entre febrero y mayo del 2022 por S/53.000 en total. Un día antes de convertirse en consultor se reunió con el entonces secretario general del Minem Loly Herrera Lavado, exabogado de la madre de Cerrón.

Después, Cabrera fue consultor del Minsa –donde Herrera también fue secretario general– bajo la misma modalidad, entre noviembre y diciembre del 2022.

El excandidato al Congreso por Perú Libre Kaimer Dolmos Vengoa fue consultor FAG del Despacho Ministerial en octubre del 2021, pero solo por cinco días. Por sus labores recibió S/2.600. Entonces, Eduardo González Toro, quien en el 2016 postuló al Congreso por Perú Libertario (hoy Perú Libre), era el titular del Minem.

Una vez terminado el contrato se publicó una resolución para oficializar la designación de Dolmos como director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, cargo que desempeñó hasta junio del 2022.

Meses después enfrentó un proceso administrativo disciplinario por presuntos actos de “acoso moral y/u hostigamiento sexual” contra una servidora pública. Según la resolución secretarial 021-2022-Minem de agosto, Dolmos pidió asesoría legal para el proceso, pero se la denegaron.

Otro personaje es Óscar Cárdenas Bartra, quien estuvo afiliado a PL. Fue consultor del gabinete de asesores y del viceministerio de Electricidad entre octubre del 2021 y mayo del 2022. En total, recibió S/113.360. Cárdenas ha participado en reuniones partidarias con Cerrón, como consta en fotografías difundidas en las redes sociales.

Romina Rivera Bravo, exafiliada a Perú Libre y licenciada en Comunicación y Periodismo, ejerció como consultora FAG de la Oficina General de Gestión Social entre enero y marzo del 2022. Recibió S/21.200. Meses después, obtuvo órdenes de servicio por primera vez en el Ministerio de Cultura.

El abogado Víctor González Toro, hermano del exministro Eduardo González Toro, figura en el grupo. Fue contratado como consultor del Despacho Ministerial entre setiembre y octubre del 2021 por más de S/18.720. Renunció el mismo día en que su hermano asumió la cartera, pero dos meses después fue contratado como asesor en el Ministerio de Vivienda de Geiner Alvarado.

Opinión

El especialista en contrataciones públicas Roberto Benavides consideró que se ha desvirtuado el uso de los contratos FAG. “Lamentablemente, este gobierno [de Castillo] lo ha mal utilizado y [la modalidad FAG] ha servido de amiguismo […]. Distorsionan el tema y, como no hay requisitos más objetivos que ‘una persona calificada’, meten a cualquiera”, indicó a El Comercio.

Remarcó que existen indicios para que la contraloría realice una revisión exhaustiva de estos contratos: “El fin del FAG es contratar a personas que ayuden a la gestión para impulsar los proyectos, no para apoyar a otros amigos del gobierno”.

Niegan influencia partidaria

La militante de Perú Libre Yoana Amable negó que su afiliación política haya tenido que ver en su contratación. “Se ha seguido el procedimiento de acuerdo a ley”, dijo. Cuando se le consultó por el nombre de la persona que la contactó para el puesto, indicó que no lo recordaba.

Por su parte, el abogado Janier Cabrera rechazó cualquier irregularidad en su consultoría. “Soy un profesional de trayectoria que ha asesorado a diversas entidades, […] no solo en la región Junín”. Agregó que no tiene afinidad política y que suele ser contactado por ser un “especialista técnico”.

La comunicadora Romina Rivera dijo: “Nunca he tenido una vida partidaria ni contacto con los dirigentes de PL”. Aseguró que años atrás intentó desafiliarse al partido, pero que no fue factible. Cuando se le consultó sobre una posible injerencia de PL, manifestó: “Descarto eso por completo”.

Este Diario intentó comunicarse con los otros involucrados, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

‘Los Chiclayanos’

Otro consultor FAG del Minem fue José Cabrera Fernández, primo de Abel Cabrera Fernández, empresario chotano señalado como uno de Los Chiclayanos, el grupo cercano a Pedro Castillo que, según la fiscalía, colocaba a funcionarios y manejaba el Ministerio de Vivienda. Actualmente, Abel Cabrera cumple prisión preventiva.

José Cabrera trabajó como consultor del Viceministerio de Electricidad entre octubre del 2021 y octubre del 2022. Recibió S/188.760 en total.

Su jefe fue el entonces viceministro Martín Dávila, también chotano y cercano al exalcalde de Anguía José Medina, otro de Los Chiclayanos, quien, de acuerdo con la fiscalía, cumplía la función de coordinador en ese sector.