

Durante el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) encontraron cuatro páginas de un informe del Gobierno Regional de Ayacucho sobre la minera El Dorado, según reveló “Punto Final”.
De acuerdo con el dominical, se trata del borrador de un informe de fiscalización a las instalaciones mineras de dicha empresa, que le impedía continuar con su trabajo de extracción de minerales.
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Presuntamente se buscaba revertir dicha medida, como finalmente sucedió. El documento en Word fue enviado el 6 de noviembre del 2024 a la secretaria de Percy Tenorio, Julissa Lores, como muestra un WhatsApp que entregó un testigo protegido.
Además, el último viernes 29 de agosto, en la conferencia de prensa que dio el Eficcop, la fiscal adjunta Melissa Angulo dio algunos alcances sobre el hallazgo, aunque sin entrar en detalles.
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“Estos inmuebles donde se ha allanado la casa del tercero vinculado en mención ha sido plausible poder encontrar objetos vinculados al delito que se está investigando”, expresó.
Al respecto, el abogado Luis Vivanco, defensor legal del hermano de la mandataria, cuestionó que se allane la vivienda de su patrocinado pese a no estar comprendido en la investigación y ser un “tercero vinculado”.
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“Nicanor ni siquiera es imputado. Ni siquiera es testigo. No forma parte de la investigación. Hemos llegado a un punto en este país en el que te allanan la casa sin que uno esté comprendido en una investigación. Ahora basta con ser un tercero vinculado. Ni siquiera eres parte”, subrayó.
Sine embargo, de acuerdo con el penalista Vladimir Padilla, sí es factible allanar el domicilio bajo la figura de un tercero vinculado que no es parte de las personas investigadas.
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“En este caso en concreto, las medidas que se están aplicando están sobre la base de bienes que podrían prestar o tercero que podrían haber participado o apoyado en la comisión de un delito. Eso no es nada extraño”, manifestó.
El caso
El grupo de fiscales llegó a la casa de Nicanor Boluarte, en San Borja, con la finalidad de encontrar elementos de prueba que relacionen al hermano de la presidenta con el empresario Franco Parodi, de la mina El Dorado, y el abogado Marco Palacios Meza, hombre de entera confianza del ministro de Justicia, Juan José Santivañez.
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En su requerimiento al Poder Judicial, el Equipo 5 del Eficcop informó que contaba con conversaciones por WhatsApp, videos y audios que se extrajo del celular que un testigo protegido les entregó. En ellos, se vinculaba a Boluarte Zegarra con los personajes.
El allanamiento, en el marco del Operativo Ícaro, forma parte de una investigación sobre una presunta organización criminal liderada por el actual ministro de Justicia. Esta pesquisa se remonta a su gestión como titular del sector Interior, antes de ser censurado.
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Esta red habría cometido cuatro hechos ilícitos, de acuerdo con el documento fiscal. Entre ellos, se encuentra el presunto favorecimiento con contratos en el Ministerio del Interior al coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, la exigencia de cobros ilegales para evitar el retiro a generales; favorecer con operativos policiales a la minera “El Dorado” en Ayacucho y presuntamente esconder material incriminatorio que podría comprometer al actual ministro de Justicia, quien -según la investigación- era conocido con el apelativo de “Cachetón”.
Esta presunta organización delictiva habría tenido como centro de operaciones un edificio ubicado en la avenida República de Panamá en San Isidro, donde Tenorio tiene una oficina de abogados.
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