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Congresistas y penalistas critican pedido para variar arresto domiciliario de PPK

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Entre mayo y agosto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha recibido a congresistas y exministros. (Foto: Juan Ponce / GEC)

Juan Ponce

El equipo especial para el Caso Lava Jato pidió ayer cambiar por prisión preventiva el mandato de arresto domiciliario que, desde el 27 de abril, cumple Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su casa de San Isidro.

Según el documento presentado por la fiscalía, entre mayo y agosto PPK ha recibido nueve visitas de la vicepresidenta Mercedes Araoz, tres de Gilbert Violeta y una de Carlos Bruce. Los tres han sido congresistas de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), pero renunciaron debido a discrepancias con el gobierno de Martín Vizcarra.

Para el fiscal José Domingo Pérez, esto transgrediría tres prohibiciones del código de conducta que debe cumplir: la de comunicarse con testigos de cualquiera de los casos que lleva el equipo especial (Araoz es testigo en el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori), la de realizar reuniones sociales y la de “realizar actividad política, directa o indirectamente”.

Además, PPK ha recibido visitas de exministros, exasesores y otras personalidades, como el ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín Bascuñán, y el ex presidente del BID Enrique Iglesias.

Como se recuerda, el pedido de 36 meses de prisión preventiva dictado contra PPK por el Caso Odebrecht fue variado a arresto domiciliario en abril, debido a su edad (81 años) y a que tuvo que ser intervenido de urgencia por problemas cardíacos. El juzgado, sin embargo, le impuso un código de conducta que consta de seis puntos, entre ellos los tres mencionados.

—Congresistas se pronuncian—
“¿Yo no puedo visitar a un amigo?”, se preguntó la vicepresidenta Mercedes Araoz públicamente. Luego calificó el pedido del fiscal Pérez como un “ensañamiento contra una persona de 81 años que sufre una enfermedad cardíaca”.

En tanto, Bruce aseguró que en ninguna de las visitas efectuadas por los parlamentarios se discutieron decisiones políticas y cuestionó las motivaciones tras el pedido de Pérez.

“Lo extraño es que surja esto a pocos días de que hemos renunciado a la bancada de gobierno. Han ocurrido más cosas, como que cesan al personal del despacho de la vicepresidenta”, dijo.

Violeta alegó, en coincidencia con Araoz y Bruce, que el expresidente no vive con sus familiares en la residencia de San Isidro, por lo que solo le queda la compañía de sus amigos, la mayoría de los cuales son políticos activos.

César Nakazaki, abogado de PPK, adelantó que llevará a la audiencia de mañana, en la que se analizará el pedido de la fiscalía, a todos los congresistas mencionados por la fiscalía para que aclaren que ninguna de sus visitas tuvo un carácter político o ilegal.

—Penalistas en desacuerdo—
Los abogados penalistas Vanessa Valverde, Carlos Caro, Héctor Rojas y Cynthia Silva, consultados por este Diario, coinciden en que dos de las tres reglas del código de conducta citado por Pérez son excesivamente vagas.

Además, indican que tendría que demostrarse que las visitas constituyen un incremento en el riesgo de obstaculización de la justicia para pasar a una prisión preventiva. Y que, de ser ese el caso, nuevamente se tendría que ponderar esto con la condición de salud del expresidente para determinar que siga su proceso en prisión.

Sobre la prohibición de reunirse con testigos de otros casos que lleva el equipo especial, la penalista Vanessa Valverde no ve una justificación. “Esta directriz suele enfocarse a [testigos de] tu caso por el tema de la obstaculización, eso sí es razonable, pero no de alguno distinto a él. La verdad que no encuentro aquí una lógica de obstaculizar”, indica.

El penalista Carlos Caro añade que, para que una prohibición de esta naturaleza pueda ser cumplida con eficacia, tendría que haber un conocimiento explícito sobre todos los testigos de los demás casos por parte de PPK, y un mandato expreso a todos estos de no reunirse con él.

—Vaguedad política—
Sobre la prohibición de realizar actividad política, los penalistas coinciden en que este acápite es vago y que no necesariamente calza con un mayor riesgo de obstaculización.

“Las reglas de conducta sobre actividad política se tienen que justificar en que no se obstaculice la investigación. No se puede limitar la actividad política de manera genérica”, señala la penalista Cynthia Silva.

Esto cobra más importancia porque no se suele limitar la actividad política a ciudadanos sin sentencia. Es el caso, por ejemplo, de Gregorio Santos, quien fue candidato a gobernador regional de Cajamarca en el 2014 –elección que ganó– y candidato presidencial en el 2016.

Por otro lado, Keiko Fujimori recibe constantes visitas de congresistas de su bancada, las mismas que se realizan antes de días claves, como reportó este Diario.

“El derecho de participar en política es un derecho fundamental y tiene una protección especial dentro del sistema universal de derechos fundamentales. Para prohibirlo tendría que haber un sustento de riesgo de obstaculización”, explica el penalista Héctor Rojas.

Sobre las reuniones sociales, los especialistas encuentran la misma vaguedad. “Tiene que tomarse en cuenta que se ha definido la detención domiciliaria por su salud. Pienso que no se le va a cambiar, salvo que se pueda demostrar que su situación de salud ha cambiado”, concluye Silva.

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El Comercio

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