Comisión de Ética se mantiene en silencio sobre denuncia a Edgar Tello por recorte de sueldos

A tres días de que una trabajadora del Parlamento haya denunciado al congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) de recortar el sueldo a su personal y de hostigarla por negarse a entregarle parte de su salario, la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes (Acción Popular), mantiene silencio y no ha anunciado ninguna acción concreta.

Paredes, quien se encuentra en la región San Martín cumpliendo actividades por la semana de representación, no ha respondido ni a llamadas ni a mensajes de El Comercio. Y desde su oficina refirieron que la acciopopulista no ha podido ser contactada, porque está en zonas donde no hay señal.

No obstante, el último martes la parlamentaria de la lampa escribió un mensaje en su Twitter destacando la promulgación en el diario oficial “El Peruano” de una ley de su autoría respecto a la protección a la mujer.

“¡Seguiremos luchando para reivindicar los derechos de la mujer y valorar su esfuerzo!”, tuiteó.

Precisamente, la trabajadora que acusó a Tello, en breve diálogo con El Comercio, dijo que hasta el momento ningún representante del Parlamento- entre ellos los miembros de la Mesa Directiva, que dirige José Williams Zapata (Avanza País)- se ha comunicado con ella a consultarse sobre su situación.

“Yo estoy trabajando todavía [en la oficina de Tello], nadie siquiera ha venido a verme, nadie se ha preocupado por mi estado”, manifestó.

Este Diario intentó, además comunicarse con los integrantes de la Mesa Directiva, pero se excusaron de brindar declaraciones al respecto por encontrarse en semana de representación.

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El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, criticó la actitud asumida por la Comisión de Ética no solo en la situación de Tello, sino de los otros ocho congresistas acusados de recortar el sueldo a sus trabajadores. Agregó que si bien ha abierto indagación a casi todos, estas avanzan a paso lento.

“No solo es este caso, son muchos casos similares, primero existe la dilación de la acción y cuando hay [una pesquisa] se apunta a la reducción de la sanción. [Esta inacción] no es algo nuevo, es recurrente y tiene que ver con un problema de fondo que es que el propio Congreso es el que sanciona”, manifestó.

Lanegra, en diálogo con este Diario, advirtió que el actual sistema de sanción en el Parlamento “es muy vulnerable a acuerdos políticos que terminan blindando a congresistas”.

También refirió que Tello no solo debe ser investigado en la Comisión de Ética por presuntamente recortar el salario de sus trabajadores, sino también por aparentemente haber solicitado a la oficina Económica y Cultura de Taipéi la suma de US$8.000 para comprar ollas, cocinas y cucharones, cuando el artículo 7 del Código de Ética Parlamentaria prohíbe expresamente pedir donaciones.

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Piden al Ministerio de la Mujer intervenir

La ex jefa del Gabinete Ministerial Ana Jara expresó a El Comercio su “total extrañeza” debido a que la Mesa Directiva, que es integrada por dos mujeres, las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular) y Silvia Monteza (Acción Popular), no ha tomado ninguna medida “en auxilio” de la trabajadora del Parlamento que denunció a Tello, más aun sabiendo que tiene ocho meses de embarazo.

“Ella tiene una condición de vulnerabilidad por su embarazo avanzado, lo que corresponde es que le den protección, que la reubiquen en un ambiente de trabajo donde ella pueda desarrollarse”, remarcó.

Jara, quien también fue ministra de la Mujer durante la administración de Ollanta Humala (2011-2016), exhortó a ese sector a intervenir.

“Acá le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector de la defensa de las mujeres, poner a disposición de esta persona todos sus servicios, estamos hablando de una funcionaria pública que corre el riesgo de perder su embarazo”, acotó.

Habría recortado escolaridad

La trabajadora, en el noticiero “Al estilo Juliana”, contó que Tello no solo habría recortado el salario de sus colaboradores, sino también las gratificaciones y hasta un bono por escolaridad que recibieron en febrero último.

“No solo ha sido en la comisión [los recortes], sino también en su despacho, el tema es de manera sistemática, es mensual, las gratificaciones, pedía hasta [una parte] de la escolaridad, cuando había bonos”, expresó.

La funcionaria del Parlamento detalló que Tello reunió en febrero a todos los trabajadores, tanto de su despacho como de la comisión, “y muy suelto de huesos pidió de la escolaridad, nos dijo que tenía muchos gastos, que llegar al Congreso le generó gastos y que tenía que pagarle a su abogado”, luego de que le hayan abierto una investigación fiscal por el Caso Los Niños.

El 9 de febrero, David Mujica Castillo, abogado de Tello, acudió a su oficina congresal, de acuerdo al portal de Transparencia de ese poder del Estado.

En total, Mujica ha realizado tres visitas al despacho del congresista del Bloque Magisterial, entre enero y mayo último.

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó ante el Ministerio Público el último lunes una denuncia por el presunto delito de concusión en contra de Tello.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, la oficina de Daniel Soria, indica que Tello, como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento, habría “obligado” a sus subordinados a “otorgar ilícitamente diversas sumas de dinero bajo la apariencia de aportes voluntarios, condicionados a mantener continuidad como servidores” del referido poder del Estado.

La institución, además, remarca que los “supuestos aportes que habrían tenido diversos fines entre estos el apoyo de carácter personal del congresista a comedores populares con utensilios de cocina”.

Más información

En la actualidad, el Ministerio Público investiga a las congresistas Magaly Ruiz (APP), Rosío Torres (APP), María Acuña Peralta (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (no agrupada), y María Cordero Jon Tay (no agrupada) por el presunto delito de concusión. Esto luego de que sus trabajadores las denunciaran por recorte de salarios.

La Comisión de Ética del Parlamento, además, de estos caso ha abierto pesquisa a José Arriola e Hilda Portero, de Acción Popular, por recortar el sueldo de sus trabajadores para realizar donaciones a nombre de sus despachos.