(Ilustración: El Comercio)
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El trote apresurado de la primera legislatura del tuvo sus primeros tropiezos con la : desde la noche del jueves, se alertó que la Junta de Portavoces no había incluido en la agenda del pleno temas fundamentales que requieren reformas constitucionales de cara a las . Aunado a la costumbre de sesiones prolongadas hasta la madrugada, el Parlamento dejó fuera del debate en el último pleno de esta legislatura el impedimento para que sentenciados en primera instancia no postulen a cargos públicos.

Mira: Congreso no consigue los votos para eliminar la inmunidad parlamentaria y deberá ser sometida a referéndum

Por tratarse de una reforma constitucional, se requería que esta norma sea aprobada en esta legislatura y en la siguiente para que entre en vigencia en el próximo proceso electoral. La norma tenía que ser aprobada antes de que venza el plazo para modificar las leyes electorales, que es en setiembre. “De lo contrario, no regiría para el 2021”, explicó José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Desde la mañana del viernes, quedó en evidencia el ánimo por postergar el debate de este tema cuando la sesión de Junta de Portavoces se levantó sin incluir la reforma que le ponía candado a las personas con sentencia condenatoria, como autores o cómplices, en primera instancia por delitos dolosos, y cuya pena –efectiva o suspendida– sea mayor a 4 años.

En un intento por apresurar la incorporación de este punto, desde la tarde del viernes un grupo de parlamentarios empezó a recolectar firmas para que se incluyeran en el debate del pleno los impedimentos de postulación a los cargos públicos, pero no tuvo éxito. A la par, circulaban otros pedidos que sí lograron las firmas necesarias para incluirlos en la discusión: el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación por dos licenciamientos que otorgó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu); y el incremento del PBI en educación al 6% en la Constitución.

El entrampamiento se produjo porque solo cinco de las nueve bancadas del Congreso apoyaron que este tema sea debatido: las 68 firmas fueron insuficientes para incluir los impedimentos de postulación a cargos públicos en el último pleno de la primera legislatura, pues se requerían por lo menos 78. Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú y Fuerza Popular no firmaron el pedido. Estas agrupaciones tienen en sus filas a personas investigadas o con condenas, como el legislador Humberto Acuña, sentenciado en primera instancia por corrupción.

Durante el debate del viernes, el congresista Acuña se manifestó en contra del dictamen en cuestión. “No es porque yo piense postular a futuro, sino que hay que defender los derechos de las personas. Hay que defender la constitucionalidad”, dijo en el último pleno. La sesión se cerró sin incluir el dictamen de reforma.

(Infografía: El Comercio)
(Infografía: El Comercio)

Piden nueva sesión

En la mañana de ayer, con la votación aún fresca y cerrado el pleno, las bancadas de Acción Popular y Frente Amplio solicitaron al presidente del Parlamento, Manuel Merino, que se convoque una sesión extraordinaria para hoy domingo y se pueda debatir el dictamen sobre los impedimentos de postulación. De acuerdo con el reglamento del Congreso, se convoca sesión cuando lo soliciten, por escrito, “la mitad más uno del número legal de congresistas”.

Sin embargo, según el artículo 118 de la Constitución, se establece que es también potestad del presidente de la República convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.

Lo que creo es que en la práctica le corresponde al presidente, porque no hay un cuerpo de congresistas que lo vaya a hacer. No se han podido poner de acuerdo ni siquiera para sesionar a una hora decente o establecer la agenda”, opinó Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista. Además, explicó que esta legislatura extraordinaria que se convoque se contaría como una, y la siguiente sería la que se inicie mañana 6 de julio.

Este mismo análisis compartió José Villalobos. Tendría que solicitarse una legislatura extraordinaria para que se apruebe este tema, y luego la siguiente legislatura sería la que empiece a continuación.

De no ocurrir esta convocatoria de una legislatura extraordinaria en las próximas horas –el plazo vence hoy–, la reforma sobre impedimentos de postulación –de debatirse y aprobarse en las últimas dos legislaturas que quedan– aplicaría para los procesos del 2022 en adelante.

¿Es posible que el presidente plantee una cuestión de confianza? Según el análisis de la abogada Ramírez, sí lo es “porque ya lo hizo antes con reformas normativas que buscaba. Pero no creo que sea políticamente viable en este contexto, aunque sí técnicamente posible”.

La politóloga Maria Alejandra Campos consideró que en vista de que no alcanzaría con los pedidos de las bancadas, la responsabilidad recae en el presidente Vizcarra. “¿Le conviene al país? Sí. No es una conveniencia política si le va a complicar la relación con el Legislativo. Él [Vizcarra] tiene un compromiso con la reforma política y tiene que honrarlo. Creo que es su responsabilidad”, dijo.

Aún así, la convocatoria no hubiese tenido éxito, pues, según explica el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, el dictamen no está exonerado del trámite de publicación por lo que no puede entrar en agenda. Para ello, requerían la autorización de los voceros que junten 78 votos.

Por su parte, Rafael Chanjan, abogado e investigador de la PUCP, hizo hincapié en que la importancia de la reforma estaba en que incluía todos los delitos de corrupción. “Lo que está vigente es la Ley 30717. El tema es que desde mi punto de vista esta tiene problemas porque exige una sentencia firme. Por otro lado, solo aplica el impedimento para algunos delitos de corrupción. ¿Dónde queda la negociación incompatible, el patrocinio ilegal, la concusión? Hay otros delitos que quedan al margen y una reforma como esta hubiese sido lo adecuado”, indicó.

¿Referéndum?

Por otro lado, aunque la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria encontró espacio en la agenda, su votación fue aplazada hasta las 7 de la mañana de ayer sábado.

Luego de un cuarto intermedio que llegó hasta la mañana de ayer, se sometió a votación el proyecto sustitutorio presentado por Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución. Pero no alcanzó los 87 votos que se requerían, sino solo obtuvo 82. Con ello, esta reforma constitucional requerirá de un proceso de referéndum si se busca su aprobación.

Sobre el procedimiento, José Villalobos explicó que “el presidente del Congreso tendría que comunicar al Ejecutivo que se convoque un referéndum. Por un tema de costos, tendría que hacerse con las elecciones de abril del 2021. No tiene sentido ahora, en plena pandemia. No hay un plazo para que lo solicite. Si no lo hace, quedaría en el aire”.

En el interín, se aprobó la moción que le delega facultades de investigación a la Comisión de Educación para indagar dos licenciamientos de la Sunedu.

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