En el Congreso peruano ocurre una situación que cada vez se vuelve más común: se crean comisiones investigadoras con bombos y platillos, pero luego éstas son olvidadas sin otorgar los resultados prometidos.
Sucedió en el período 2016-2019 con la comisión investigadora del Gobierno Regional del Callao, y la historia se repite en el período 2021-2026 con el caso de las licitaciones públicas de empresas chinas con el Ministerio de Transportes. En el Parlamento, las demoras también tienen señales de blindaje.
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Mientras que la Fiscalía de la Nación avanza en las indagaciones sobre las licitaciones de empresas chinas en el Ministerio de Transportes, otros casos van apareciendo en la palestra. Un grupo de empresas peruanas y extranjeras contrataron los servicios de un espía cibernético que vulneró el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) para acceder a información reservada.
Ambos casos podrían estar siendo investigados por el Congreso, pero la comisión encargada ni siquiera cuenta con los miembros necesarios para ser instalada. En el expediente digital del Congreso, la casilla de este grupo de trabajo luce vacío en su totalidad, debido a que ninguna bancada ha acreditado a su representante hasta la fecha. Esto a pesar de que la moción de la comisión fue aprobada el 31 de marzo pasado.
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El texto aprobado en el pleno acumuló tres mociones: Juan Carlos Mori (Acción Popular), Jorge Flores (Acción Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País).
La primera moción fue la de Mori, uno de los seis miembros de Acción Popular implicado en el caso ‘Los Niños’, el cual mencionaba específicamente a un consorcio integrado por la empresa China Civil Engineering Construcción sucursal del Perú. Su colega de bancada acciopopulista, Jorge Flores, mencionó a la misma empresa en la segunda moción presentada.
La tercera moción de Patricia Chirinos añade en la trama de investigación a la empresa China CAMC Engineering CO. LTD., y en su texto hace referencia a un supuesto “Club Chino de la Construcción” o “Club del Dragón” que trabajarían con un “modus operandi delincuencial”.
En el texto sustitutorio aprobado en el pleno se añadió que se tendría un plazo de 120 días para se investigue desde el año 2018 hasta al presente. Pese a todo lo señalado, la indagación no ha tenido prioridad.
Este Diario intentó comunicarse con los tres autores para conocer su parecer respecto al retraso en el inicio de funciones de la comisión. Desde el despacho de la legisladora Chirinos, explicaron que ella no puede presidir ni integrar dicho grupo al ser autora de una de las mociones.
Añadieron que no se ha instalado aún por que no existe consenso de parte de las bancadas de quienes deben de integrarla. ”Se espera que en el más breve plazo se logre el consenso y se defina los miembros y, quien presidiría la comisión”, dijeron las fuentes señaladas.
En tanto, el acciopopulista Juan Carlos Mori dijo tener conocimiento que tres bancada ya tienen a sus representantes -sin especificar cuáles bancadas- pero el resto aún no se ha pronunciado sobre el tema.
“Creo que la Mesa Directiva o la Oficialía Mayor en conjunto con la coordinación de comisiones deben darle mayor detalle”, refirió Mori tras critica que el pleno haya tomado como base la moción de Chirinos pese a que la suya fue presentada con anterioridad.
El especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi ya había advertido a este Diario que no se justifica tener tantas comisiones investigadoras y especiales, ya que estas deben crearse únicamente de manera excepcional.
Para el especialista, muchos de estos grupos terminan duplicando funciones que las comisiones ordinarias ya podrían realizar. Por ejemplo, el caso de las constructoras chinas pudo ser abordado por la Comisión de Fiscalización.
“Las 24 comisiones ordinarias no solamente legislan, sino también fiscalizan, porque el reglamento lo autoriza así. Si además quieren fiscalizar con herramientas como levantar el secreto bancario o citar bajo grado de fuerza a alguien que no quiere ir, le piden al pleno facultades de comisión investigadora para hacer esas funciones. Pero ya tienen poder de fiscalizar”, mencionó Rospigliosi.
Para la constructoras chinas se insistió con tener una comisión investigadora específica, pero todas las bancadas parecen haber olvidado el tema.
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