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El 24% cree que el próximo presidente debe priorizar la lucha contra la corrupción
Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, los otros problemas que el nuevo de jefe de Estado debe atender con urgencia son el desempleo y la crisis económica (20%), la delincuencia (18%) y el COVID-19 (11%).
A casi ocho meses para el cambio de gobierno, el 24% de peruanos cree que el próximo presidente de la República debe priorizar, al comenzar su administración, la lucha contra la corrupción. Los otros problemas a los que la ciudadanía demanda una respuesta inmediata son el desempleo y la crisis económica (20%), la delincuencia y la falta de seguridad (18%) y la salud pública y el COVID-19 (11%), según la ultima encuesta de El Comercio- Ipsos.
A casi ocho meses para el cambio de gobierno, el 24% de peruanos cree que el próximo presidente de la República debe priorizar, al comenzar su administración, la lucha contra la corrupción. Los otros problemas a los que la ciudadanía demanda una respuesta inmediata son el desempleo y la crisis económica (20%), la delincuencia y la falta de seguridad (18%) y la salud pública y el COVID-19 (11%), según la ultima encuesta de El Comercio- Ipsos.
El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, dijo que le sorprende que la salud y la pandemia del coronavirus (COVID-19) no “aparezcan con más fuerza”, pero remarcó que la corrupción ha estado presente en la agenda pública por mucho tiempo, incluso antes de que se conozcan los sobornos que pagaron las empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, en los últimos 20 años.
“Antes de Lava Jato, ya teníamos otros escándalos, teníamos a presidentes regionales cuestionados, a los ‘petroaudios’, siempre hemos tenido esta presencia de la corrupción en altos niveles de poder. Y lo que hemos tenido en los tres últimos años no solo tiene relación con Odebrecht, sino también están Los Cuellos Blancos del Puerto y la sensación de blindaje a sospechosos por parte del Congreso que fue disuelto”, manifestó a El Comercio.
Rotta también considera que las recientes denuncias contra el presidente Martín Vizcarra —quien ha sido señalado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional— “contribuyen a mantener” a la lucha contra la corrupción como una urgencia.
“Y hay que analizar si la demanda no solo es de una reacción ante los escándalos sino de una necesidad de establecer medidas preventivas que busquen evitar más de estos casos. Y esto es algo que pueden profundizar en la campaña [para las elecciones de abril] los candidatos y candidatas”, expresó.
Encuesta El-Comercio Ipsos, octubre (Infografía: EC).
Un discurso que puede marcar la agenda
Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, la ciudadanía se ha dado cuenta —en el contexto de la pandemia del COVID-19— sobre “lo grotesco y grave que es la corrupción”.
“Hemos visto a altos mandos de la policía que se han aprovechado de la situación para hacer negocios con las mascarillas y con los equipos de protección de los policías. Hemos visto cómo los doctores del Hospital Goyeneche, en Arequipa, han hecho hasta polladas para comprar equipos básicos, mientras el gobernador le dedica millones a construir un parque cerca de su una casa de su propiedad”, remarcó.
Maldonado, en comunicación con este Diario, citando al fallecido historiador Alfonso Quiroz, dijo que la corrupción es “un problema endémico” del Perú. Subrayó que, mientras dicho flagelo subsista, “nuestra viabilidad como república está cuestionada”.
Por ello, consideró que la lucha contra la corrupción “es una tarea ineludible”, pero advirtió que esta no debe ser instrumentalizada ni debe ser parte de una estrategia de poder para “aniquilar al enemigo”.
“Lamentablemente, el discurso contra la corrupción tiene un lado oscuro que es la instrumentalización. Es decir, se usa el discurso anticorrupción como recurso o un mecanismo para aniquilar al enemigo, pero sin ningún abrazo sincero ni legítimo para asumir ese discurso, ni para practicarlo con el ejemplo”, acotó el abogado penalista.
La politóloga Denisse Rodríguez-Olivari, candidata a doctora en Ciencia Política en la Universidad de Humboldt de Berlín, afirmó que hay una tendencia “irreversible” en el país, a pesar del impacto del COVID-19, sobre la importancia de la lucha contra la corrupción. Aunque agregó que ambos temas son transversales y estimó que marcarán la pauta en las elecciones generales de abril próximo.
“Tanto el COVID-19, como la corrupción son transversales y sin duda no solo serán parte de la agenda, sino que la van marcar. Por ejemplo, en otros países los partidos que estuvieron involucrados en el caso Lava Jato sufrieron castigos a nivel electoral y otros que no, fueron los ganadores. Eso, aparentemente, podría dar una ligera ventaja”, señaló a El Comercio.
Rodríguez-Olivari indicó que los candidatos a la presidencia de la República deberán tomar en cuenta que la corrupción no ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de la opinión pública.
El estudio de opinión urbano-rural de El Comercio-Ipsos también indica que el desempleo es el problema que, personalmente, afecta más a los peruanos. En la actualidad, el registro es del 22%, cuando en abril, tras el inicio del estado de emergencia por el COVID-19, la cifra era de 13%.
“El año pasado, por esta misma época, la tasa de desempleo era del 5%, ahora esta tasa está arriba del 15%, y no solo eso, sino que el total de la fuerza laboral se ha reducido este año. Entonces, no sorprende que el desempleo y la situación económica haya pasado a ser la principal preocupación de los ciudadanos en estos meses”, dijo el economista Miguel Jaramillo a este Diario.
Según datos del INEI, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana para el trimestre de julio a setiembre del presente año se ubicó en 16,5%. Es decir, 742.700 personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo
Jaramillo, investigador principal en GRADE, opinó que los candidatos presidenciales deben dar respuesta a esta preocupación, en el sentido, de definir claramente su estrategia para generar empleos y una economía “más sólida” y “formal”.
“No hay un sistema de seguridad social que permita que la gente pase desempleada mucho tiempo, la gente va a buscar un trabajo, se va a inventar un trabajo. Eso significa un crecimiento del empleo informal. La propuesta ahora debe ser cómo generar empleo formal, lo que estamos observando en el mercado laboral es que el empleo informal crece rápidamente”, complementó.
Más información
Un informe de la Contraloría, publicado en setiembre último, refiere que los actos de corrupción e inconducta le costaron al Estado un total de S/23.297 millones durante el 2019. "Haciendo un cálculo simple, podemos estimar que el costo representa alrededor del 3% del PBI del 2019″, se lee en el documento que tiene como uno de sus autores al contralor Nelson Shack.
El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/1.525, entre julio y setiembre de 2020. Esto significa una reducción del 12,5% o S/218 frente a lo registrado en el mismo trimestre del 2019.
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