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Fiscalía incautó 38 inmuebles vinculados a la red de Rodolfo Orellana

El valor de las propiedades se estima en S/30 millones, según el Ministerio Público. Bienes pasaron a ser administrados por el Pronabi

Rodolfo Orellana

El hotel Virreynal, ubicado en Miraflores, fue intervenido por la fiscalía y la policía alrededor de las 9 a.m. del martes. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Alessandro Currarino

La Fiscalía de Lavado de Activos incautó ayer por la mañana 38 inmuebles ubicados en los distritos de La Victoria, Miraflores y Cercado de Lima que están vinculados a la red criminal que lideraría el reo Rodolfo Orellana.

La medida fue solicitada por la fiscal Marita Barreto y ordenada por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho. En la operación participaron más de 200 policías y 18 fiscales.

Según fuentes en la fiscalía, el valor de las propiedades alcanzan los S/30 millones. Estas han quedado bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Barreto indicó que los inmuebles habrían sido adquiridos “mediante actos fraudulentos” por los procesados Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdova, ambos señalados como presuntos miembros de la red criminal.

Entre los inmuebles incautados, figuran 23 tiendas que funcionaban dentro de la galería Don Ricardo, ubicada en el emporio comercial de Gamarra.

Otro de los bienes era un hotel miraflorino llamado Virreynal, ubicado en la cuadra 4 de la Av. 28 de Julio. También fueron intervenidos estacionamientos y depósitos en la calle Manuel Segura, en el Cercado de Lima.

—Administración—
La fiscal explicó que el propósito de la diligencia era asegurar que esta presunta red criminal no siga generando dinero a través de los alquileres o venta de sus locales y así financiar sus actividades ilícitas.

Además, comentó que se optó por aplicar esta medida para que sea el Estado el que reciba las ganancias que producen los inmuebles antes de que termine el proceso penal contra la red Orellana.

Los fiscales explicaron a los arrendatarios de las tiendas que podrán seguir haciendo uso de los bienes, con la diferencia que las rentas deberán pagarlas a Pronabi. La fiscalía estima que el Estado recibirá por estos alquileres un millón de soles anuales.

Díaz Arce es empresario y pastor evangélico. Palomino es su esposa. En octubre pasado, se ordenó la prisión preventiva de ambos tras ser señalados de integrar la Red Orellana. Pero en noviembre fueron liberados. Buscamos la versión de Javier Villa Stein, defensor de Díaz Arce, pero sus teléfonos estaban apagados.

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