Los frentes regionales de Martín Vizcarra

El día que el presidente Martín Vizcarra anunció su más reciente pedido de cuestión de confianza, en mayo, la foto oficial fue tomada en plano abierto. No sólo lo acompañaban los miembros de su Gabinete Ministerial, sino también 23 gobernadores y 2 vicegobernadores del país. Luego, las 25 autoridades regionales firmaron un pronunciamiento respaldándolo.

El último martes, sin embargo, uno de los firmantes —Elmer Cáceres, gobernador regional de Arequipa— le dio 72 horas para cancelar la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Pero aunque el de Islay es el más mediático, no es el único problema que el presidente enfrenta hoy fuera de la capital. Moquegua, Loreto, Puno, Huancayo, Apurímac, Cusco y Madre de Dios tienen potencial para escalar a crisis políticas similares.

Presidente sin aliados
La retórica regionalista de Vizcarra no se ha limitado a la foto de su último pedido de confianza. La designación de César Villanueva, ex gobernador de San Martín, como jefe de Gabinete fue un primer anuncio de hacia dónde apuntaría su discurso. Luego, en mayo del año pasado, su gobierno transfirió S/6,225 millones para ejecución de proyectos a los gobiernos regionales y, en el presupuesto del 2019, estos tienen la participación más alta registrada para gastos de infraestructura: 35%.

“Mientras que a PPK se le veía como un presidente centralista y capitalino pese a que retomó los GORE ejecutivos, Vizcarra empezó a viajar por todas las regiones. Quiso sacarle lustre a su origen provinciano”, dice el analista político Enrique Castillo. En el proyecto para la bicameralidad que el Ejecutivo presentó al Congreso hace unos meses, los representantes de Lima se reducían en favor de las regiones.

Todos estos esfuerzos tienen sentido en un contexto de choque constante con el Parlamento. Para gobernar, Martín Vizcarra vio en las autoridades locales una oportunidad de generar alianzas, en oposición a congresistas con poco arraigo político dentro de sus regiones.

La estrategia se sustentaría en que, según una encuesta realizada por El Comercio e Ipsos en abril, el 50% de peruanos desconoce quiénes son los congresistas de su región, el 32% apenas ha escuchado el nombre de algunos y solo el 16% se siente representado por ellos.

“Vizcarra no sólo apela a los gobernadores regionales, sino a que su popularidad se sustente en la sociedad regional”, dice el politólogo Paolo Sosa. Los gestos mencionados le han permitido tener una aprobación que en junio superó el 45% en todas las regiones del país. Sin embargo, el apoyo político de las autoridades locales todavía no ha pasado de ser transitorio. “El presidente no aprovechó la cuestión de confianza para generar alianzas duraderas”, opina Castillo.

“El interior”
“Julio Cotler decía que era gracioso cómo se hablaba de Lima y ‘el interior’. Ese ‘interior’ homogeniza experiencias y dinámicas políticas muy diferentes”, dice Sosa. El discurso ‘regionalista’ de Vizcarra no lo exime de tener que enfrentar frentes políticos regionales que hoy —latentes, activos o en crecimiento— parecen acumulársele, cada uno con particularidades a las que los gestos generalistas no satisfacen.

Por un lado, están los que se originan en gobernadores con agendas políticas de alcance nacional. Es el caso, por ejemplo, de Vladimir Cerrón —quien ha advertido que impedirá la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de Junín mediante APP, como pretende el Ejecutivo— y de Walter Aduviri —quien ha dicho que no permitirá que salga “ni una gota de agua de Puno” para la represa de Paltuture, que abastecerá al Valle del Tambo—.

“A los gobernadores les convienen dos cosas de estar del lado del gobierno [en cuestiones nacionales]: aparecer alineados con la lucha contra la corrupción y ser partícipes de los recursos del Estado. A nivel de conflictos regionales, sin embargo, tienen más incentivos para tomar una posición neutral o crítica contra él”, explica el politólogo Iván Lanegra.

Pero otros conflictos no tienen nada que ver con quienes gobiernan la región, sino con una agenda de reclamo por servicios básicos y compensaciones. Es, por ejemplo, el caso del corredor minero en Apurímac y las poblaciones asentadas alrededor del Oleoducto Norperuano en Loreto.

Algo distinto ocurre en Arequipa, donde la manifestación tiene su origen en el rechazo a la actividad minera para privilegiar la agrícola —reclamo al que su gobernador regional sólo se ha sumado como oportunidad para adquirir legitimidad, según Lanegra—; y en Moquegua, donde se le exige a la mina que cumpla compromisos adquiridos previamente.

“Si comparamos a Martín Vizcarra con otros presidentes, es cierto que tiene un discurso que apela a lo regional. Pero no necesariamente tiene un plan de gobierno de largo plazo específico para cada demanda”, concluye Sosa. 

Primero el diálogo
Pese a que ha enfrentado escaladas de tensión —como en Las Bambas o la Estación 5—, hasta el momento el gobierno ha cumplido su objetivo de evitar víctimas mortales. Según agrega Roger Merino, politólogo especializado en conflictos sociales de la Universidad del Pacífico, esto se debe a que siempre ha escogido el diálogo como respuesta, aún cuando ello implica no comprometerse con sacar adelante un proyecto como Tía María y dejar su suerte en manos de la empresa. 

“Cada vez que el gobierno central intenta imponer un proyecto, termina en un conflicto social más grande y muchas veces paralizado”, dice Sosa. “En Conga y Bagua, los gobernantes no supieron frenarse y la conflictividad explotó”, agrega Merino. Al ultimátum dado por el gobernador de Arequipa, que se negó públicamente al diálogo, Vizcarra ha respondido que “pueden haber palabras fuera de lugar, pero mantenemos la coordinación”. 

“Si bien en este momento no hay más salida que poner paños fríos, la contención no es suficiente”, recalca Merino. Para Lanegra, el camino —pasada la tensión— es implementar acciones coordinadas en el territorio. “Hoy no existe una política territorial, sólo iniciativas sectoriales. En Tía María, por ejemplo, se trata de conciliar una política agraria con una minera”, explica.

Una iniciativa de este tipo ya se aplica en Madre de Dios, donde la Operación Mercurio de desalojo de La Pampa contiene a los gremios mineros basándose en la coordinación multisectorial agraria/minera.

Por estar en una ronda de diálogo con comunidades de Loreto, el viceministro de gobernanza territorial, Raúl Molina, no pudo responder para la elaboración de este artículo.

Si no se buscan soluciones más allá del diálogo, se corre el riesgo de crear “campos sociales minados”, dice Merino. “Altamente riesgosos al estar dominados por relaciones sociales desiguales, violentas y desconfiadas”, agrega. Y al observar el mapa de los frentes regionales de Vizcarra, queda claro dónde podría estarse gestando uno de esos campos: al sur.

Los frentes
​Arequipa:
Desde el lunes se realiza un paro agrario en la provincia de Islay, en oposición al proyecto minero Tía María. El gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, ha declarado que “si hay muertos, responsabilizamos al presidente”. Antes lo había llamado “traidor”.

Cáceres pasó a la segunda vuelta de su región con 18.5% de los votos, menos que el 21.81% de los blancos y nulos. “Está encontrando una manera de legitimarse como un actor dispuesto a defender los intereses del departamento”, dice el politólogo Iván Lanegra.

La oposición a Southern Perú, sin embargo, no es gratuita. “No ha sido muy fina planeando, prometiendo y cumpliendo”, dice Joaquín Alcazar, CEO de la consultora arequipeña Aurum, que ha realizado trabajos para esa y otras mineras.

Puno:
El gobernador regional Walter Aduviri se hizo conocido por el ‘Aimarazo’ en el 2011. Tiene una retórica de oposición constante al gobierno central y ha advertido que no aceptará la construcción de la represa de Paltiture, planeada para abastecer de agua al Valle del Tambo (en Arequipa). Su bandera política es la importación de gas boliviano.

Junín:
El gobernador regional, Vladimir Cerrón, tiene un proyecto político de izquierda que apunta al 2021. Ha defendido el modelo político de Venezuela y ha declarado en contra de la ‘ideología de género’.

Cerrón se opone a la construcción de un local definitivo para el Colegio de Alto Rendimiento de Junín mediante una Asociación Público-Privada, como tiene planeado el gobierno. Ha declarado que sumará a esta negativa a los gobernadores de Huancavelica, Pasco y Cusco.

Loreto:
Ciudadanos de la provincia de Dátem del Marañón tomaron durante 12 días la Estación 5 de Petro Perú, en protesta por un nuevo derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano. Petro Perú dijo que el derrame se debió a ataques por parte de los ciudadanos de la zona.

Luego de que el gobierno suspendiera una sesión de diálogo el martes, porque no se había cumplido su condición de liberar la estación, ésta finalmente fue entregada el jueves. El conflicto ha entrado en un proceso de diálogo, pero las roturas en la tubería ocurren varias veces al año.

Apurímac:
Desde que iniciaron las operaciones de la mina Las Bambas, todos los años se ha producido al menos un bloqueo del corredor minero del sur. Tras el último conflicto, ocurrido en marzo, se ha instalado una mesa de diálogo en la zona. Comunidades como Huancuire, sin embargo, ya han iniciado nuevos reclamos en Abancay.

Moquegua:
El lunes se realizó un paro preventivo de 24 horas en reclamo por el presunto incumplimiento de compromisos por parte de la minera Anglo American en su proyecto Quellaveco, y en rechazo a Tía María. Anglo American ha argumentado que los compromisos de contratación de personal se han cumplido.

El gobernador regional, Zenón Cuevas —quien en el 2008 fue uno de los líderes del Moqueguazo junto al presidente Vizcarra—, respaldó la medida de protesta y declaró que la población de Moquegua está “insatisfecha” con Quellaveco.

Madre de Dios:
En una región cuya principal actividad es la minería de río, el gobierno viene desalojando la zona conocida como La Pampa, en el marco de la Operación Mercurio. “Se ha hecho bien”, dice César González, director de Radio Madre de Dios, en alusión a la acertada coordinación entre ministerios.

Sin embargo, aclara que “hay un tema latente, cuando haya la mínima equivocación, van a saltar. Me sorprende que todavía no haya habido una huelga minera”. En el 2012, una protesta de este tipo dejó tres muertos.

Cusco:
La región está rodeada por frentes regionales y tiene todas las condiciones para sumarse a éstos. En junio, ciudadanos del distrito de Velille amenazaron con bloquear la sección del corredor minero que pasa por el Cusco. Además, todavía pendiente la construcción del aeropuerto de Chinchero. Es la segunda región con más conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo.