Keiko, no pidas mucho, una crónica de Fernando Vivas

El 28 de julio en la noche, luego de la juramentación, los ministros recibieron un documento de 19 páginas con la lista de ítems que podrían ser parte del pedido de delegación de facultades prometido por Keiko antes de su toma de mando. Primer error: prometerlo muy temprano, delatando que Fuerza Popular (FP) aún no ha salido del útero parlamentario y por eso piensa que todo se resuelve con los votos del pleno y no con herramientas puramente ejecutivas. Segundo error: distribuir muy pronto, cuando la mayoría de la saliente administración Balcázar estaba en sus puestos, un documento que cayó en una coladera. Fue filtrado el mismísimo 29, mientras el gabinete se aburría en el desfile militar habiendo, algunos ministros, confiado el texto a quienes no convenía hacerlo.

En buena hora, el documento quedó bautizado como un ‘borrador’. Pero uno tan vasto que incluía desde lo imperioso del FEN hasta reformas sensibles, de esas que cualquier Congreso prefiere guardarse para sí y no soltar a ningún gobierno. Los congresistas se preguntaban, ‘¿qué les pasa a estos, quieren quitarnos nuestra chamba?’. Daniel Barragán, líder parlamentario de Obras, repite cada que se lo preguntan, que su grupo podría aprobar lo del FEN y lo de la seguridad ciudadana, y paren de contar. Lo demás, a juicio de este opositor que no es radical, sale sobrando. Bancadas más a la izquierda, como Juntos por el Perú (JP) y Ahora Nación (AN), han dicho, incluso, que recelan del enfoque militarista que el Ejecutivo estuvo prometiendo respecto de la lucha contra el crimen. O sea, hasta las urgencias normativas sobre la lucha contra el crimen peligran. Por eso, en su discurso de presentación del jueves, Galarreta suavizó el tema de la militarización, recluyéndolo al terreno penitenciario y afirmando que la rectoría de la seguridad ciudadana la tendrá la PNP.

Keiko ofreció orden, pero las últimas semanas los ministros han burlado esa promesa, declarando lo que les sale del forro. El espectáculo de ver qué creen algunos de ellos que debiera incluir el pedido de facultades ha sido penoso e imprudente. Elmer Cuba, el ministro de Economía, muy respetable técnico, comenzó una racha de desaciertos: primero anunció que el Colegio de Economistas presentaría, con aval del gobierno, dos demandas de inconstitucionalidad de leyes del Congreso pasado. ¿Por qué comprometer a un colegio independiente que, por cierto, ya venía trabajando en esas demandas desde el gobierno pasado, no por oficialismo sino por convicción profesional? Luego dijo, cuando le pregunté en RPP el sábado pasado por las prioridades de su cartera, que una de ellas sería la ‘formalización laboral’, un tema que eriza a la izquierda pues lo traduce como ‘flexibilización de derechos laborales’ y sobre el que jamás delegarían facultades al fujimorismo.

Al día siguiente, en el mismo programa, le pregunté al ministro de Trabajo, Juan Sheput, si creía realista que ese tema fuera parte del paquete del pedido. “Tenemos mecanismos que podemos usar más allá de la delegación de facultades” respondió. Cuando se le pidió un ejemplo, dijo: “una misiva a diputados indicándoles que se traten proyectos con carácter de urgencia”. O sea, el ministro del rubro presiente que es una causa perdida que ello se incluya en el pedido.

Cuba no paró allí. Tras las inundaciones y colapsos del sistema de desagüe en Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, soltó frases insensibles que irritaron en vivo a la propia Keiko. “Tampoco exageremos con un poco de agua en la rodilla”, dijo el ministro. Ese mismo día, pesaroso, el buen Elmer pidió disculpas, pero lanzó otra imprudencia: dijo que la desaparición de algunos ministerios está en agenda. Buen tema de debate, ¡pero no antes del pedido de facultades! Marco Vinelli, ministro empoderado por Keiko y Galarreta, salió a corregirlo, afirmando que lo de los ministerios no está en agenda.

En paralelo, Ernesto Álvarez, ex primer ministro de José Jerí y actual ministro de Justicia, ha emprendido su guerra ideológica privada contra los caviares. En Perú21 ha pedido que le den el Lugar de la Memoria (LUM) para corregir su relato presuntamente indulgente con los terroristas. En otra entrevista anunció que pediría a la presidenta que Perú exija una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Alberto Beingolea, ministro de Cultura, tuvo que aclararle que los museos están en su cancha ¿Cómo advertirle a este caballero que el FEN y la seguridad son la prioridad de su gobierno? De paso, cabe recordarle que el INPE está en su cartera, aunque no sea un espacio acogedor para su batalla cultural. Con todo, las impertinencias del entusiasta Ernesto son poca cosa al lado del blooper de Rafael Rey cuando dijo que los trenes que trajo su tocayo López Aliaga no fueron donados sino comprados. Sin querer, dio combustible y votos a quien, si gana la alcaldía, aumentará su poder de presión y veto sobre el gobierno. En su intervención del jueves ante el pleno de diputados, se corrigió.

“Para el primer ministro Luis Galarreta el sí o no al pedido de facultades será el equivalente de su voto de investidura, que ya no es obligatorio”.

Pero ni los deslenguados Cuba, Álvarez o Rey, ni los correctores Sheput, Vinelli o Beingolea, ni ningún otro ministro; tomarán la decisión. Le toca hacerlo al primer ministro Luis Galarreta, con la venia de Keiko y con un mínimo trabajo previo de su bancada y de sus operadores. El martes se convocó un mini consejo virtual -varios ministros estaban fuera de Lima- con una miniagenda pública: aprobar un decreto de urgencia (DU) para facilitar gastos, obras y coordinaciones para afrontar el FEN y otro DU para hacer ajustes al reglamento del despacho presidencial. Mis fuentes de gobierno calculan que el pedido, con suerte, recién se haría la semana que viene.

Galarreta sabe del Congreso lo que no sabe del Ejecutivo -se la ha pasado dos décadas en él, como congresista o asesor de bancada- y ha liderado varios procesos de alianzas y acuerdos puntuales con diestra y siniestra. El equipo de coordinadores parlamentarios de la PCM y de cada cartera está a la espera del pedido concreto para lanzarse a persuadir y negociar con los congresistas, que ya debieran conocerlo en lo esencial. José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso unicameral, ha sido jalado a la PCM para trabajar en la relación con el nuevo Congreso bicameral.

Difícilmente, Galarreta dará pase a un pedido maximalista que arriesgue lo indispensable. Tras la conversación con mis fuentes del Ejecutivo y del Congreso, veo lo más probable que el paquete se acote a los temas del FEN, de seguridad ciudadana y de normas relativas a la visita del Papa, además de algunas normas muy puntuales que el Ejecutivo considera de suma urgencia. Se apresuraron en anunciar que harían el pedido, pero, de acuerdo a los antecedentes de gobiernos previos, están a tiempo.

Vamos a los antecedentes. Galarreta ha dicho que el tiempo más corto fue de 45 días. Eso es impreciso. Empecemos con Alan García II, un gobierno más referencial para Keiko que los de su padre. Su primer pedido de facultades, circunscrito a materia tributaria, lo hizo el 24 de noviembre, 119 días luego de la toma de mando. El pleno, tras votar el dictamen favorable de la Comisión de Economía, lo aprobó 20 días después, el 14 de diciembre. Galarreta tiene margen de sobra. Ahora vamos a Ollanta Humala. Su primer pedido fue acotadísimo, solo para crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 31 de agosto del 2011, 34 días luego de la toma de mando y fue aprobado por el pleno el 22 de setiembre, 22 días después. Allí Galarreta se equivocó pero es cierto que el caso es muy singular, circunscrito a una sola ley.

“Alan García II tomó 119 días para hacer un pedio de facultades, pero no ‘demoró en gobernar’ por ello. Humala lo hizo, muy acotado, a los 34 días y PPK, a los 42”.

Ahora nos toca PPK. Su primer pedido fue presentado el 8 de septiembre del 2016, 42 días luego de la toma de mando, 3 menos de lo que dijo Galarreta. Incluyó varios temas: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, reorganización de Petroperú. Fuerza Popular, con mayoría absoluta, no le puso demasiadas trabas y lo aprobó el 29 de septiembre, 21 días después. Keiko suele citar esta aprobación como muestra de que no fue obstruccionista con PPK. Este hecho es tan cierto como que hubo muchos otros episodios de oposición intransigente. Pero traer este antecedente a colación para iluminar esta coyuntura sería un error: aquella vez se trataba de dos fuerzas políticamente enfrentadas pero con convicciones de derecha reconciliables. FP no delegó algo que le fuera adverso. Ahora, FP está lidiando con una mayoría de centro e izquierda en diputados, que tienen convicciones distintas y hasta opuestas a las naranjas.

Martín Vizcarra asumió el mando tras la renuncia de PPK en marzo del 2018 y a los 40 días, el 2 de mayo, hizo un pedido de facultades que se aprobó 48 días después. Su relación con el Congreso era tirante, como bien recordarán. Pedro Castillo hizo un pedido el 27 de octubre, 3 meses (91 días) luego de asumir el mando, sobre materia tributaria, financiera y de reactivación económica. Con varios recortes, el pedido fue aprobado 51 días después, el 17 de diciembre. Boluarte, que sucedió a Castillo el 7 de diciembre del 2022, hizo un pedido 7 meses después, el mismo día de su primer mensaje de Fiestas Patrias, el 28 de julio del 2023, sobre seguridad, FEN, infraestructura y meritocracia en la gestión pública. Se lo aprobaron el 20 de septiembre, 54 días después.

Valgan estos antecedentes para mostrar que este gobierno no está atrasado, en materia de delegación de facultades, respecto a sus predecesores. Keiko lleva, este domingo 23, 26 días en el mando. García II tomó 119 días para hacerlo, pero no ‘demoró en gobernar’ por ello. El Ejecutivo suelen pedir alrededor de 90 días para ejercer las facultades, pero los parlamentos, en algunos casos, lo han bajado a 60 días. Si el pedido incluye muchos temas, no solo arriesga el rechazo sino que el proceso de aprobación se vuelva más lento. Este es el reto de Keiko y Galarreta: orden en su gabinete (les conviene, sino lo tienen ya, contar con un núcleo o comité político como el que han tenido otros gobiernos, con vocerías precisas en cada coyuntura) y un pedido de delegación de facultades legislativas hecho con cálculo fino.