La fallida gestión del vacado exmandatario Pedro Castillo dejó récords de inestabilidad de puestos en gran parte del aparato público. Durante sus 16 meses a la cabeza del gobierno, Castillo tuvo 79 ministros, además de 104 viceministros y otro centenar de secretarios generales y directores entre los 19 sectores de la administración del Estado.
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Solo en el caso de titulares del gabinete ministerial, se promedia una rotación cada seis días, mientras que los viceministros fueron cambiados, en promedio, cada cinco días. Adicionalmente, bajo este corto tramo presidencial hubo 74 secretarios generales en los ministerios y 456 directores generales en los sectores y sus órganos adscritos. En total, la extrema volatilidad de todos estos funcionarios se tradujo en 710 remociones.
En comparación con gobiernos anteriores, el de Castillo Terrones se caracterizó por designar a un nuevo ministro cada 6 días en promedio. Anteriormente, el período presidencial con más remociones en sus primeros 497 días (16 meses) había sido el de Martín Vizcarra. De los miembros del gabinete nombrados por Castillo, al menos 34 tenían algún tipo de cuestionamiento.
Asimismo, al menos 18 viceministros, 8 secretarios generales y 36 directores generales designados en los meses de Castillo también llegaron con denuncias, perfiles inadecuados o protagonizaron polémicas.
Desde que sucedió en el poder a Castillo el 7 de diciembre, Dina Boluarte ha cambiado a cinco ministros de su gabinete, incluido al titular de la PCM. De los 37 viceministerios en el Estado, 16 tienen nuevas cabezas tras la asunción del actual gobierno. Salvo por el Ministerio de Economía, que ha mantenido a su secretaria general desde el 2019, todos los otros 18 sectores cuentan con nuevos secretarios bajo la administración Boluarte.
Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó a El Comercio que sobre el nuevo mandato de Dina Boluarte pesa la responsabilidad de reorganizar el aparato estatal con una selección idónea y duradera de su propio equipo ministerial.
“Ya de por sí, la poca duración que ha tenido su primer gabinete [liderado por el ahora exministro Pedro Angulo] no ha sido la mejor manera de empezar en la materia”, comentó Gaviño. “Se entiende el cambio debido al contexto y a la búsqueda de mejores puentes ante la convulsión social, pero si queremos ya pensar de aquí hasta el 2024, será muy importante que las posiciones de alta dirección duren en el tiempo, y que eso permita la continuidad del trabajo en todo el aparato estatal, incluidos organismos adscritos y empresas públicas”, enfatizó.
Para María Elena Sánchez, también experta en gestión pública, es necesaria una nueva rotación, centrada en proteger del copamiento no idóneo los puestos más sensibles: direcciones generales de administración y de logística, y cargos de manejo presupuestal.
“Se tienen que evaluar, evidentemente, todas esas designaciones hechas de manera política. Cada día que pasa sin verificarse la idoneidad de las personas que entraron a la gestión, se permite la continuidad de todo un aparato que se armó justamente para la corrupción o para coparse de malos funcionarios. Eso se tendría que eliminar ya”, dijo.
Sánchez recordó que, para generar valor público, eficiencia y confianza desde la ciudadanía, el Estado no solo se debe tener perfiles técnicos adecuados para las funciones, sino también trabajadores con hojas de vida probas, sin conflictos de intereses ni denuncias o procesos judiciales. “Se tiene que aspirar a lo opuesto de lo que hemos tenido en estos meses en muchos casos”, agregó.
Durante la administración Castillo, algunos de los sectores que sufrieron mayor rotación de titulares y funcionarios fueron Interior, Desarrollo Agrario, Transportes, y Energía y Minas. Precisamente en carteras altamente técnicas, como el Midagri, se truncaron políticas públicas y frustraron procesos básicos, como la adquisición de fertilizantes en plena crisis de productividad agrícola.
Karla Gaviño sostiene que los escándalos políticos, la excesiva volatilidad y las malas designaciones no solo han debilitado la institucionalidad, sino también alejado al Estado de su deber de atención hacia las necesidades sociales inmediatas. Ello, además, ha profundizado las brechas de desarrollo ya existentes en el país.
“Hay temas que resaltan siempre, como la salud, la economía o lo energético, pero también los temas de educación, medioambiente y agricultura han sufrido un descuido de gestión cuando las necesidades y demandas de la población siguen siendo muchas. Hay que se claros en que el Estado le ha fallado, por ejemplo, a los agricultores, y gran parte de esa responsabilidad es técnica, además de política. Sin liderazgos fuertes ni equipos meritocráticos, no se puede sacar a flote un aparato público que ha estado con el motor apagado”, refirió la académica.
En un punto coincidente, María Elena Sánchez estima que, una vez renovados en oficinas clave, los sectores deben mantener en lo posible a sus cabezas administrativas.
“Aquellos en donde la volatilidad debe ser mínima son el ministerio de Salud y el de Educación. Mover constantemente los puestos allí es poner en riesgo el suministro de toda la cadena logística y perjudicar a los ciudadanos más pobres. Ahora, en Vivienda y Transportes, donde se han identificado presuntas operaciones ilícitas y contratos direccionados, se requiere una depuración profunda”, advierte.
Los altos funcionarios ponen en marcha el aparato público, viabilizando las promesas de gobierno y dando continuidad a las políticas de Estado. En sistemas presidenciales, es normal que el Ejecutivo realice cambios en altos cargos. Por ejemplo, el reemplazo de un ministro suele ser estratégico: permite poner fin a un escándalo, re direccionar los objetivos del sector o sumar a la aprobación presidencial. Sin embargo, el gobierno de Castillo llevó la inestabilidad a un extremo.
La data [del informe de ECData] muestra que se priorizó el nombramiento de personas inexpertas o con antecedentes judiciales. Los pocos buenos cuadros renunciaron ante los escándalos que acompañaron al gobierno. El nombramiento de personas cuestionables afecta el diseño de políticas públicas y deteriora las capacidades del Estado.
La inestabilidad merma la gestión pública en al menos tres frentes: con el cambio ministerial, se producen cambios en los viceministerios, la secretaría general y las direcciones generales. El reemplazo sucesivo dificulta la planificación a largo plazo. Con nuevos nombres cada seis días, los altos funcionarios pasan más tiempo en sus entregas de cargo o buscando reinventarlo todo antes que construyendo sobre lo existente.
Asimismo, la inestabilidad deteriora la delegación de tareas. Al no estar tan familiarizados con el sector, quienes asumen no saben a quién contactar para sortear el trabajo diario y los burócratas pierden sentido de urgencia por no saber cuánto durarán sus jefes. Esta asimetría de información afecta las rutinas administrativas y la implementación de servicios públicos.
Finalmente, la inestabilidad menoscaba la coordinación interinstitucional. La cooperación requiere confianza y no solo formalidades, un escenario difícil cuando se sospecha del otro. Por ejemplo, Midagri y Minam no podrán articular efectivamente con funcionarios que cambian cada dos meses o que tienen denuncias en curso. Sin incentivos para coordinar, los sectores actúan como silos que protegen su reputación.
*María Claudia Augusto Meléndez es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Políticas Públicas por la University College de Londres (UCL).
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