“Inicialmente, [Senmache] tenía una responsabilidad política, hoy diría que es cómplice”

— Ante el Congreso, el ministro del Interior ha insistido que la Policía no recibió orden expresa para realizar seguimiento a Juan Silva. Pero en las primeras páginas de la disposición de la fiscalía se les pide claramente cubrir “los desplazamientos” del ex titular del MTC. ¿Está recurriendo a un formalismo para justificar la inacción del sector?

Yo creo que está mintiendo, decir medias verdades es mentir. El [saliente] fiscal de la Nación ha sido explícito en decir que lo que se le requirió desde el 27 de mayo [a la Policía] era la vigilancia. Pero solo hay informes parciales del 6 y 7 de junio cuando ya Silva estaba fugado. Y por cierto es imposible informar sobre desplazamientos si es que no se le está siguiendo. Entonces, el pedido era amplio y claro y, además, se ubica dentro de la tradición, este no es el primer pedido que un fiscal le hace a la Policía Nacional, [este tipo de solicitudes] se hacen todas las semanas, por decirlo de alguna manera, y normalmente, la policía sabe lo que tiene hacer. Con el criterio de Senmache todos los que se han encontrado en esta situación [de que se les dicte una posible detención preliminar] habrían fugado y no es el caso.

— ¿Cuál es el grado de responsabilidad de Senmache en la fuga de Silva?

Inicialmente, [tenía] una responsabilidad política, porque podía haber sostenido que él no sabía de los detalles y renunciaba, hoy, yo diría que es cómplice de las cosas que han ocurrido y es responsable de haberle mentido al país y al Congreso sobre estos temas.

— Fuerza Popular está impulsando una moción de censura contra el titular del Interior. ¿Debe dar un paso al costado antes de que el Congreso lo destituya?

Bueno, esa es una decisión de él, yo creo que el pedido de censura es más que razonable, tomando en cuenta las cosas que ha hecho y dejado de decir. Y ahora sumemos esta posición irresponsable y preocupante al expresar su admiración y deseo de emular al señor Bukele, quien es un neo dictador en El Salvador. Esta es un poco la continuidad de estas admiraciones a [personajes] autoritarios que ya se han expresado en el gobierno.

— Hasta el jueves último, la Policía allanó nueve domicilios en busca de Silva. En uno de ellos encontraron su pasaporte y sus pertenencias. ¿La PNP no es prolija en su búsqueda?

A ver, yo como digo, tengo la mejor opinión de la policía, hablando institucionalmente y cuando está comprometida en apoyar a los fiscales en situaciones de este tipo. Y quería hacer una precisión, el único allanamiento que conocemos públicamente es aquel que se da en una casa [en Carabayllo], luego de que una persona que buscaba cobrar los S/50 mil de recompensa transmitiera la información de la ubicación a la policía. Los otros son afirmaciones [del ministro del Interior], que puede haber ocurrido, y quizás, no.

Y bastaba pedirle al señor que hizo la denuncia que mande su ubicación por WhatsApp para llegar sin dificultades, pero no, dijeron que se habían equivocado y allanaron otra vivienda, a mí, esto me parece una burla y una ofensa a la tradicional policial. Perfectamente, se podía haber georreferenciado [el lugar], y creo que fue una forma de protección, porque se presentaron al día siguiente [a la casa que sí era] y encontraron ropas y el pasaporte. Esta equivocación es demasiado sospechosa.

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— Los dos últimos jefes de Inteligencia de la Policía han sido generales que fueron ascendidos en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Existe una protección a los prófugos que forman parte del círculo cercano al mandatario?

Fíjese, no solo el nuevo jefe de Inteligencia ha sido ascendido en el gobierno de Castillo, que no tendría nada de malo, sino que no reúne el perfil [en el área] de Inteligencia. Y dos, es uno de los cinco generales que están siendo investigados, tras la denuncia del subcomandante Bueno, quien señaló que habrían comprado sus ascensos. A los investigados, les han dado puestos claves, como en fronteras y en inteligencia, yo sí creo que el hecho de que un general con esas características [como Roger Pérez Figueroa] esté a cargo de la inteligencia policial es un pésimo mensaje e indicativo de que puede estar ocurriendo lo usted señala.

— ¿En cuánto debilita a Castillo que no solo Silva, sino también Bruno Pacheco y sus sobrinos estén en calidad de prófugos?

A ver, no creo que debilite al gobierno, sí políticamente, obviamente, sino que la razón por la que están prófugos y por la que creo se les protege es que el señor Castillo requiere que estas personas se sientan seguras. ¿Y por qué? Para que no vayan en la misma línea de los colaboradores y [sus eventuales declaraciones] lleven a nuevas acusaciones más directas contra el presidente, es un tema de sobrevivencia.

— En enero, Avelino Guillén, tras renunciar al Mininter, dijo que un factor de su salida fue que iba a actuar en contra de los “bolsones de corrupción” que existen en la Policía. ¿Castillo se ha aliado con este sector? ¿Es urgente una reforma de la institución?

Eso parece estar ocurriendo y creo que lo es urgente es que la institución aísle a estos elementos hasta que terminen las investigaciones en puestos formales que no tengan relevancia. Y también recordemos que Senmache fue parte del equipo del ex fiscal Guillén [en el Mininter] y, por lo tanto, conocía perfectamente de estos hechos. Y por lo tanto, él es potencialmente cómplice, ha hecho los últimos cambios [en la policía]. ¿Por qué ha cambiado a este general [Pérez Figueroa] para ponerlo en inteligencia? Y, además envió al retiro al general Vicente Tiburcio, [director de la PNP] que estaba en la línea de atrapar a los corruptos.

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— A inicios de mayo, usted dijo que el gobierno se encontraba “en una crisis terminal que no termina todavía”. ¿En qué etapa está en este momento?

Yo digo lo mismo, este gobierno no reúne las condiciones para poder gobernar, cada día que transcurre hace más daño a la calidad de vida de los peruanos y, potencialmente, eso va a ir aumentando. Cada día se conoce más sobre la incapacidad del presidente Castillo para aprender lo más elemental para gobernar, cada día se conoce más sobre la mediocridad [para la designación] de los cargos, y la corrupción galopante, pero como tiene una protección de un grupo de congresista, llámese los seis niños de Acción Popular y otros, no es posible que sea vacado por el Congreso. Es una crisis terminal que por ese factor no termina.

— La Fiscalía de la Nación le atribuye a Castillo no solo fue cabecilla de una presunta red criminal, sino que planificó y decidió el modo de intervención de cada miembro. ¿No resulta peligroso para la democracia que el presidente tenga este manto de sospecha?

Por supuesto que sí, son dos fiscales las que han remitido informes al [saliente] fiscal de la Nación en la misma línea. Hay varias alusiones de los colaboradores eficaces que como se sabe se requiere corroborar su información para que le sirva […] Es un hecho inédito en la historia del Perú que un presidente en funciones sea aparentemente descubierto en crímenes muy graves y que esté siendo investigado. En todos los otros casos lamentables que hemos tenido han sido descubiertos e investigados posteriormente.

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— En los últimos meses, el Congreso ha aprobado la contrarreforma de la Sunedu y ha blindado al ex contralor Edgar Alarcón y al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. ¿Es corresponsable de la crisis? ¿Usted está a favor del discurso “que se vayan todos”?

A ver, lamentablemente, el Congreso está actuando, en términos generales, con mucha irresponsabilidad, con mucha complicidad con actores ilegales, con mucho blindaje. El hecho de que el Congreso tenga la mitad de la aprobación que tiene el presidenta Castillo da cuenta del daño que se han auto infringido con decisiones de esta naturaleza. Lo más sano para el país sin duda sería poder empezar de nuevo y tratar, aunque no estoy seguro que lo vayamos a conseguir, de tener una mejor situación política para la democracia, para la convivencia y para la calidad de vida de los peruanos.

— Recientemente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales envió al archivo la denuncia constitucional contra Manuel Merino por los hechos del 14-N. ¿El informe Cavero promueve la impunidad?

Yo soy una de las víctimas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en mi caso sorpresivamente han reabierto una denuncia del 2016 por pasar a retiro a oficiales de la policía en el marco de la ley. El ponente ha pedido tres años de inhabilitación en mi contra por abuso de autoridad, esto está por pasar a la Comisión Permanente. Conmigo han cometido una venganza política por mi posición crítica al gobierno. Los que han votado contra mí han sido los congresistas de Perú Libre. Y en el caso de Merino y de otros, dos muertes merecen ser investigadas [en el Ministerio Público], aun cuando tengo algunas dudas sobre las responsabilidades específicas. Yo creo que ahí se ha actuado políticamente para blindar.