Juan José Santiváñez en manos de la fiscalía de la Nación por caso “El Dorado”: ¿Cuál es la situación del ministro y de Nicanor Boluarte?

El Ministerio Público (MP) ya había adelantado el papel que habría jugado Santiváñez Antúnez, en su rol de exministro del Interior, por lo que la Fiscalía de la Nación (FN) está informada sobre el tema.

Fuentes de El Comercio señalaron que existe información que se estaba analizando durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

MIRA: Juan José Santiváñez: Desde el Congreso apuntan a blindarlo de nueva censura por un aspecto procedimental

Ello, en base a los informes que fueron remitidos por el Equipo especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder- Equipo Cinco hacia la Fiscalía de la Nación, a los que accedió este Diario.

En agosto pasado, dicho equipo de fiscales realizó un megaoperativo que comprendió el allanamiento de diversas viviendas, entre ellas la de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, vinculado a un presunto favorecimiento de parte del exministro.

La investigación a cargo de los fiscales provinciales inició en marzo del 2025 por el plazo de treinta y seis (36) meses, por presuntos delitos de organización criminal y colusión simple en contra de Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessenia Stefany De La Cruz Rivas entre otros.

MIRA TAMBIÉN: Juan José Santiváñez realizó 15 designaciones de altos funcionarios en un mes al frente del Ministerio de Justicia

Se trata de cuatro hechos entre los que figura un presunto beneficio a la empresa ‘Minas El Dorado S.A.’ a cambio de extender certificados de trabajo (asesorías) a favor de Nicanor Boluarte.

Mientras que otros casos se vincularían al pago de US$160 mil a favor de Santiváñez y los sindicados integrantes de la red criminal para la permanencia de generales en sus puestos, así como adecuar los términos de referencia para que un abogado pueda ganar servicios en la oficina de la Defensoría de la Policía en el Mininter.

La investigación pasó a ser reservada hasta un día antes de que se ejecute el operativo.

El 26 de agosto, a través de la disposición seis, la fiscalía provincial ordenó el levantamiento del secreto de los actos de investigación y se dispuso elevar a la Fiscalía de la Nación el informe en el extremo vinculado a Santiváñez Antúnez por su condición de alto funcionario.

“Continuar informando al despacho correspondiente de la Fiscalía de la Nación sobre hechos presuntamente delictivos vinculados a Juan José Santivañez Antúnez, y demás actos de investigación, que se desprenden de la presente investigación con carpeta n° 01-2025, para los fines que resulten pertinentes en el marco de su competencia.”

Disposición fiscal

Precisamente, en base a los informes remitidos por el Equipo Especial en el que señalaban a Santiváñez Antúnez como el “hombre clave” de la presunta red criminal, es que la Fiscalía de la Nación se encontraba analizando la situación del ministro de Justicia.

Ahora, será el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, el que deberá determinar si lleva a adelante las investigaciones en contra del ministro.

Este Diario trató de conocer qué acciones había tomado Tomás Gálvez Villegas sobre este caso, pero no hubo respuesta.

En los últimos días Gálvez Villegas ha declarado públicamente que los “Equipo Especiales” deben “dejar de existir” y los acusó de haber generado la “politización” de los casos. Indicó que dicha decisión dependerá de la Junta de Fiscales Supremos.

“En el presente caso concreto, el ‘individuo clave’ u ‘hombre clave’ es el actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez Antúnez, y los demás operadores de la presunta red criminal -no jerinquic- son Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessenia de la Cruz Rivas, Gregorio Martin Villalón Trillo, Máximo Gustavo Ramírez De La Cruz e Yber Torres Pariona, reunidos para planificar de manera concertada y distribuyendo roles, la concreción de proyectos delictivos de corrupción de funcionarios en el marco de su propia presunta red criminal naciente en el Ministerio del Interior, propósito obtener beneficios económicos ilícitos instrumentalizando y pervirtiendo las competencias funcionariales provenientes del puesto clave que asumió juan José Santiváñez Antúnez.”

Sindicación del Ministerio Público

Mientras tanto, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder- Equipo Cinco citó a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, para este jueves 2 de octubre a fin de que participe de la diligencia de extracción de información de los equipos tecnológicos incautados durante el allanamiento de agosto.

A través de una providencia del 24 de setiembre, el fiscal Carlos Ordaya precisó que la diligencia debía desarrollarse el 18 de setiembre, pero el hermano de la mandataria y su defensa legal no acudieron.

Pese a haber sido notificado con la diligencia programada el 10 de setiembre, Boluarte Zegarra presentó un escrito el 17 de setiembre solicitando una nueva reprogramación.

“Mediante acta de inconcurrencia, del 18 de setiembre de 2025, se dejó constancia de la inconcurrencia de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, como a su defensa legal, pese haberse esperando más de quince minutos para la diligencia programada mediante providencia n.º 40 del 10 de setiembre del año en curso”, señaló el fiscal.

Por ello, en el reciente documento dispuso citar una vez más al hermano de la mandataria para este jueves 2 de octubre.

“Reprográmese para el día jueves 02 de octubre de 2025 a las 9:00 am, la diligencia que no pudo llevarse a cabo con fecha 18 de setiembre de 2025 y que fue reprogramada en su oportunidad mediante la Providencia Fiscal N° 40 (de fecha 10 de setiembre de 2025), esto a fin de dar cumplimiento a “la extracción, visualización y aseguramiento de información contenida de los equipos tecnológicos sito en el Jr. Arica n° 1832, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.”

Carlos Ordaya, fiscal provincial

Además, se dispuso que se oficie a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a fin que designen un defensor público que asegure el derecho de defensa de Nicanor Boluarte y pueda estar presente en la diligencia reprogramada, en caso de inconcurrencia.

El Equipo Especial también dispuso citar al coronel PNP, Diego Fernando Coronel Gaona, a fin de recabar su declaración “sobre la diligencia realizada en el inmueble de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra”.

Con el mismo objetivo, citó a los efectivos policiales Juan Pablo Manrique Neira y Peter Mercado Arias Neira.

Junto a ellos, la fiscalía citó a Luis Alberto Arteaga Davey, señalado como una de las personas que habría llevado dos fotocopiadoras, cajas y documentos de pertenencia de Juan José Santivañez Antúnez y del estudio jurídico “Tenorio Abogados & Asociados”, ubicado en la Av. República de Panama n.° 3535, oficina 1204 - Torte A, Centro Empresarial San Isidro.

El Comercio pidió los descargos de Santiváñez a través de prensa del Ministerio de Justicia, que derivó la consulta a sus abogados. Sin embargo, Stefano Miranda y el Estudio Caro Abogados, indicaron que no estaban a cargo del caso El Dorado. Mientras que el abogado Luis Vivanco, defensa legal de Nicanor Boluarte, no respondió.