El Poder Judicial declaró procedente el inicio del proceso del pedido de extradición de César Hinostroza, prófugo de la justicia desde el 2018, por contar con una orden de prisión preventiva por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El magistrado Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, declaró procedente el denominado inicio del trámite de extradición activa contra el prófugo de la justicia para que sea puesto a disposición de su juzgado y afronte las investigaciones que tiene pendientes.
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Con esto, se solicitará a Bélgica que dicte el mandato de detención preventiva con fines de extradición contra Hinostroza Pariachi.
La resolución a la cual tuvo acceso El Comercio recuerda que el exjuez supremo que huyó del país en el 2018 es investigado por los delitos de cohecho activo específico, tráfico de influencias y organización criminal.
También destaca que Perú y Bélgica han suscrito la Convención de Extradición en 1888 para la entrega de individuos frente a la imputación e infracción de leyes penales.
Si bien se considera que los delitos cometidos por Hinostroza no están en la mencionada convención, el Poder Judicial señala que hay tratados multilaterales y un principio de reciprocidad que sí permite que se pida la extradición del investigado.
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Asimismo, se procede a recordar los hechos delictivos que se le imputan por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto como presunto jefe de esta organización criminal, así como por negociar y lograr acuerdos con Walter Ríos, exconejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y otros magistrados para promover contrataciones de personal y designaciones de jueces.
Finalmente, el juez Checkley señala que hay un peligro de fuga, tal y como lo requiere la convención de extradición, porque Hinostroza Pariachi incumplió su impedimento de salida del país en el 2018, ha evadido su detención preliminar, su orden de prisión preventiva y la extradición que ya estaba en curso en España.
Luego de formado el cuaderno de extradición, el Poder Judicial ordena que sea remitido a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que siga su trámite y luego sea derivado al Poder Ejecutivo.
