

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido del Ministerio Público para ampliar la investigación preparatoria contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por el presunto delito de tráfico de influencias agravado por 8 meses más.
Como se recuerda, el exmandatario y la exministra de Cultura Patricia Balbuena afrontan una indagación por el caso “Richard Swing”, tras la aprobación en el pleno del Congreso de la denuncia constitucional planteada por el Ministerio Público.
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El fiscal Jaime Velarde justificó su pedido en la abundancia de información y a la existencia de diligencias pendientes, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ocho personas.
“Una vez obtenida dicha información, corresponde su análisis, cruce de llamadas, por lo que se debe tener en cuenta la dificultad propia que acarrea determinar aquellas comunicaciones que habrían sostenido los investigados y todos aquellos que tuvieron participación”, indicó.
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Por su parte, Edwin Siccha Pérez, abogado de exmandatario, se opuso al pedido fiscal señalando que mucha de la información solicitada podría ser entregada en un plazo máximo de 5 días hábiles.
“Cómo es posible que a un ciudadano de pie esa información se le pueda entregar en cinco días hábiles y el Ministerio Público sostenga que para recabar esa documentación necesita aproximadamente ocho meses adicionales. No se habla de ningún otro acto de investigación”, subrayó.
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A su vez, Raúl Pariona, abogado de la exministra Patricia Balbuena, se mostró a favor de pedido del Ministerio Público, pero en su opinión señaló que un plazo razonable para la prórroga sería de dos meses.
Martín Vizcarra es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero, alternativamente negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, y finalmente por obstrucción a la justicia.
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En tanto, la exministra de Cultura Patricia Balbuena es investigada por el presunto delito de peculado doloso por apropiación para terceros.
La Fiscalía de la Nación sustentó en su denuncia constitucional que ambos participaron en coordinación en la presunta contratación irregular de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, en 9 órdenes de servicios entre los años 2018 y 2020.
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