PGE: No dejaron ingresar a María Caruajulca que pedía cumplimiento de orden judicial de reposición en el cargo

La abogada María Caruajulca, a quien el Poder Judicial ha ordenado reponer en el cargo de procuradora general del Estado, envió este lunes una carta al actual ocupante de ese puesto, Javier Pacheco. Mediante el documento, le solicita dejar de ejecutar acciones propias de dicho cargo a partir de la medianoche de este martes 21 de mayo.

En la carta, a la que accedió El Comercio, María Caruajulca cita la medida cautelar dictada por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esa resolución ordenó su reposición como titular de la Procuraduría General del Estado (PGE) y fue notificada al Poder Ejecutivo el pasado lunes 13.

Caruajulca acudió este martes a las 8 am a la sede de la PGE, en San Isidro, pero no la dejaron ingresar. Ella buscaba asumir sus funciones como procuradora general del Estado, en cumplimiento de la mencionada orden judicial.

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La PGE es autónoma, pero está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al que le correspondía ejecutar la medida en un plazo de tres días. Dicho plazo ya venció y transcurrida una semana desde la notificación, el gobierno de Dina Boluarte no ha cumplido con acatar la orden judicial.

En la carta dirigida a Javier Pacheco, María Caruajulca señala que él mismo ingresó escritos al expediente judicial de su reposición el 17 y 20 de mayo. Ello para “solicitar que se autorice la constitución o intervención litsconsorcial necesaria del procurador general del Estado”. Es decir, que él también pueda participar en el proceso.

Con ello, se deduce que Javier Pacheco ya tiene conocimiento de la orden judicial que ordena reponer a María Caruajulca en su cargo y que lo dejaría fuera de la PGE.

“Se entiende que es de su absoluto conocimiento el mandato cautelar de los jueces superiores de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes han otorgado un plazo perentorio de tres días al Poder Ejecutivo para que se me reincorpore de manera inmediata, el mismo que vence el día de hoy 20 de mayo″, dice la carta.

María Caruajualca dice luego a Javier Pacheco que, conocedora de las “amplias cualidades jurídicas-procesales” y de su trayectoria como procurador, no le “cabe duda de su respeto absoluto y de cumplimiento fiel al mandato judicial.

Por ello, le solicita que “a partir de las 00:00 horas del día 21 de mayo 2024 se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente al Procurador General del Estado y de la Presidencia del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado”.

De lo contraria, la abogada señala que “como Procuradora General del Estado se tomarán las acciones legales que correspondan, conforme a Ley”.

Adicionalmente, la carta cita la ley orgánica del Poder Judicial. Allí se establece que “toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.

“Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”, agrega la ley.

Fuentes de El Comercio ligadas al sector Justicia comentaron que, tras conocer la resolución que ordena reponer a María Caruajulca en el cargo, en el Ejecutivo y la PGE estaban evaluando no acatar orden judicial. Indicaron que se estaba buscando una figura o recurso legal para justificar ese propósito.

Las fuentes indicaron que en el gobierno de Dina Boluarte están cómodos con que Javier Pacheco sea procurador general, puesto en el que lo nombraron oficialmente a inicios de mayo. En ese puesto, ejerce como abogado del Estado en los casos que implican a la presidenta, ministros, congresistas y otros altos funcionarios.

En esa línea, este Diario pudo conocer que el último viernes ingresó al expediente de la medida cautelar un escrito para comunicar la existencia de una “controversia jurídica respecto a la ejecución de la medida cautelar”. Es decir, un recurso con el que se busca no ejecutar la orden.

Adicionalmente, según el expediente, también ingresó un recurso de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Minsitros (PCM) para que se considere el “principio de mínima injerencia en proceso cautelar”.

En tanto, Javier Pacheco ha seguido ejecutando acciones como procurador general del Estado de forma regular. Entre estas está el desarrollo del concurso para nombrar a un nuevo procurador anticorrupción, puesto que él ocupaba antes de ser elevado formalmente a titular de la PGE por el gobierno de Dina Boluarte.

El Comercio consultó a la PCM sobre este punto. A través su oficina de prensa, la respuesta de Carlos Cosavalente, procurador de la entidad, fue que “las procuradurías de PCM y Minjus están a la espera de la respuesta del escrito para considerar el ‘principio de mínima injerencia’”. Añadió que el juez “deberá determinar la resolución de la ejecución”.

“El principio de minima injerencia limita las potestades cautelares del juez. Este principio permite que la medida adoptada sea idónea para la finalidad que persigue, pero no sea demasiado dañina para terceros”, dijo el procurador.

“Si bien es cierto, la orden es explícita, también es verdad que no se consideró que existe una persona en el puesto de retorno, a quien se le nombró siguiendo el debido procedimiento. Entonces, si se ejecuta el mandato cautelar, se vulneraria su derecho o en su defecto, también iniciaría un proceso civil o constitucional para solicitar su reposición, ya que no se cumple con las causales de remoción”, respondió.

“Lo que se pretende es que la Sala, en su condición de conocedor del derecho, emita pronunciamiento considerando este nuevo evento que modifica la pretensión de la parte demandante, es decir, se podría cuestionar la razobilidad de la medida cautelar”, afirmó.

También se consultó al Minjusdh respecto a por qué aún no se ejecutaba la medida. No obstante, hasta el cierre de este nota no hubo respuesta.