El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado en parte pedido de la defensa de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y dispuso el cese de la regla de conducta referida a la prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa radial, escrita o televisiva.
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En otro extremo de su resolución, dicho órgano desestimó el pedido de la defensa de la exautoridad edil para el cese de la regla de conducta de la obligación de no ausentarse del lugar de su domicilio, sin autorización del juez.
Como se recuerda, a Susana Villarán se le sigue un proceso por el delito de lavado de activos, en agravio del Estado peruano.
El pasado 25 de agosto el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó la acusación contra Villarán y pidió 29 años de cárcel por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de US$10 millones en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar en el municipio.
En julio pasado, dicha instancia del Poder Judicial declaró infundado el pedido del Ministerio Público para dictar impedimento de salida del país por 36 meses a la exalcaldesa de Lima y otros investigados, en el marco de la indagación contra Villarán de la Puente sobre la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla.
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Dicho caso fue acumulado en las pesquisas que se realizan contra la exalcaldesa por supuestamente recibir aportes de la empresa Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en el 2014.
A Susana Villarán se le imputa haber solicitado, a través de José Miguel Castro, al presidente de la empresa OAS, José Adelmario Pinheiro Filho, dinero para incumplir las obligaciones funcionariales a su cargo, en relación con estas negociaciones irregulares.
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OAS tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla, y en la gestión de Villarán se firmó una adenda para ampliar de 30 a 40 años la concesión del peaje. En tanto, Odebrecht, como accionista del proyecto Rutas de Lima, firmó contrato con la Municipalidad de Lima en enero de 2013.
Por estos hechos, Susana Villarán es procesada por los delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, vinculados a la presunta recepción de dinero de parte de la constructora brasileña.
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